Ley 6 del 1983
Resumen
Esta ley enmienda la 'Ley de Donaciones Anatómicas' para establecer una definición legal de muerte que incluye el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Además, modifica la composición de la Junta de Disposición de Órganos, Cuerpos y Tejidos Humanos de Puerto Rico y aclara los criterios para la certificación de muerte en casos de trasplante, alineándolos con la nueva definición.
Contenido
9ma Asamblea Legislativa Núm. 6
7ma Sesión Extraordinaria
(Aprohada en. 13. de nepticontic. de 19.83 .)
(P. de la C. 583)
L E Y
Para adicionar un inciso
(j) al Artículo 2 y enmendar el Artículo 4 y el inciso
(c) del Artículo 19 de la Ley Núm. 11 de 15 de abril de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Donaciones Anatómicas" a fin de precisar el momento de la muerte para fines de esta ley y modificar la composición de la Junta creada en virtud de la misma.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Núm. 11 aprobada el 15 de abril de 1974 ha sido de gran beneficio en lo que respecta a la definición clara de la responsabilidad legal de todas las partes envueltas en la donación de órganos, tejidos y cadáveres. Este estatuto sigue hasta cierto punto los enunciados del "Anatomical Gift Act", modelo que ha servido para la aprobación de leyes similares en la mayoría de los Estados Unidos. La Ley Núm. 11, además, créó la Junta de Disposición de Organos, Cuerpos y Tejidos Humanos de Puerto Rico la cual fiscaliza y regula toda transacción que envuelva la donación de cuerpos u órganos o tejidos en Puerto Rico. El funcionamiento de la Junta hasta el presente ha sido excelente e instrumental en la implantación de la ley.
No obstante, el advenimiento de apoyo cardiopulmonar artificial para personas con daño cerebral severo ha creado alguna confusión durante las últimas décadas con respecto a la determinación de la muerte. Anteriormente, la pérdida de función pulmonar y cardíaca era un dato fácilmente observable y servía de base para el diagnóstico de la muerte. El problema surge porque hoy día la circulación y la respiración pueden ser mantenidas por medio de un respirador y otras intervenciones médicas y mecánicas, aún a expensas de la muerte de todas las funciones cerebrales. En estas circunstancias, la profesión médica podría reconocer como muerto al individuo cuya pérdida de función cerebral es completa e irreversible.
Más de la mitad de los Estados Unidos reconocen hoy, a través de estatutos o de decisiones judiciales, que la muerte puede ser determinada utilizando como base el cese irreversible y total de todas las funciones del cerebro. Las leyes en los estados remanentes
y en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o no definen la muerte o indican la necesidad del cese de todas las funciones vitales. El lenguaje de los estatutos varía de estado en estado y las entidades American Bar Association, American Medical Association, National Conference of Comissioners on Uniform State Laws, The President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, han propuesto unos estatutos modelo que se espera sean adoptados en la mayoría de las jurisdicciones. Estos estatutos modelo se basan en la existencia de normas médicas aceptadas para identificar que la muerte ha ocurrido. La profesión médica, basándose en investigación cuidadosa y en experiencia clínica extensa, ha determinado que la muerte puede ser identificada por uno u otro criterio, cardiopulmonar o neurológico. Estos criterios están accesibles a la población médica en general y a los especialistas en ciencias clínicas neurológicas en particular, quienes en última instancia harían la determinación de muerte cerebral basándose en criterios establecidos ya local, regional, nacional o internacionalmente.
En Puerto Rico el inciso
(c) del Artículo 19 de la Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974 establece que "cuando los órganos de un cuerpo se utilizan para trasplante, la certificación de la muerte, emitida por dos médicos autorizados a practicar la medicina en Puerto Rico, será concluyente". Aunque ésta es una definición abarcadora que permite la utilización de ambos criterios, cardiopulmonares y neurológicos según sea el caso, la misma ha sido cuestionada por lo menos en una ocasión por autoridades legales en Puerto Rico. El Secretario de Justicia en una opinión legal ha sugerido que se enmiende la legislación vigente a fin de precisar el momento en que ocurre la muerte, tomando en consideración los criterios antes señalados. A esos efectos se propone la presente enmienda a la legislación vigente.
L'ecrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se adiciona un inciso
(j) al Artículo 2 de la Ley Núm. 11 de 15 de abril de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 2.-Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) ---
(j) Muerte - significa el cese irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias o el cese irreversible y total de todas las funciones del cerebro, incluyendo el tallo cerebral, cuando existe el equipo y personal para hacer tal determinación."
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 11 de 15 de abril de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 4.-Los miembros de la Junta, nombrados por el Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, serán un médico especializado en cirugía, uno en patología, uno en medicina interna, uno en oftalmología, un miembro de la facultad del Departamento de Anatomía del Recinto que él dirige, un representante de la comunidad que sea una persona que haya mostrado interés en el campo de la salud y un miembro de la facultad del Departamento de Anatomía de cada una de las Escuelas de Medicina que funcionen en Puerto Rico con la debida autorización. Estos últimos serán nombrados por el Rector, a propuesta de las respectivas Escuelas de Medicina. Serán miembros de la Junta, además, un representante de la Asociación Médica de Puerto Rico, designado por el Presidente de ésta, el Director del Instituto de Medicina Forense o un patólogo forense que lo represente, el Secretario de Justicia o su representante y el Secretario de Salud, o su representante, quienes serán miembros ex-officio. Los miembros de la Junta designarán, de entre ellos, un Presidente.
Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos por el término de cuatro años, hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de su cargo. Sin embargo, los nombramientos originales de los miembros de la Junta se harán en forma escalonada; dos por un año, dos por dos años, dos por tres años y uno por cuatro años. La autoridad nominadora dispondrá además nombramientos iniciales escalonados de uno, dos o tres años para los nuevos miembros que se adicionen a la Junta y al vencerse el término de estos nombramientos iniciales, los sucesores se desempeñarán por cuatro (4) años, hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de su cargo.
Si ocurriere una vacante antes de vencer el término para el cual ha sido nombrado un miembro de la Junta, la misma será cubierta en la misma forma en que se hizo el nombramiento original:
El término del miembro que cubra una vacante se extenderá por el resto del término para el cual fue nombrado su antecesor. El cargo de miembro de la Junta no conllevará compensación, pero a cada miembro se le pagarán los gastos en que realmente haya incurrido en el desempeño de las funciones que le asigna esta ley." Sección 3.- Se enmienda el inciso
(c) del Artículo 19 de la Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 19.—
(a) (c) Cuando los órganos de un cuerpo se utilicen para trasplantes, la certificación de muerte, emitida por dos médicos autorizados a practicar la medicina en Puerto Rico, será concluyente, disponiéndose que, con la excepción de la remoción de córneas, los médicos que certifiquen la muerte no tomarán parte activa en la autopsia o remoción del tejido u órgano, ni en el trasplante de éstos pero podrán presenciar estos procesos a los únicos fines de brindar u obtener información sobre la condición del que fue su paciente. Disponiéndose ade ás, que la determinación de la muerte se hará conforme a los criterios establecidos en la definición de muerte de esta ley."
Sección 3.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel $y$ exacto del original aprobado y fir mado por el Gobernador del Estado Libro Asociado de Puerto Rico el dia ..13. de septiembre de 1983
Levele d. a. Puelman
Secretaria Auxiliar de Estado de Puerto Rico
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES
CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904
November 20, 1984
Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 6 (H. B. 583) of the 7th Spec. Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to add subsection
(j) to Section 2 and to amend Section 4 and subsection
(c) of Section 19 of Act No. 11 of April 15, 1974 as amended, known as the "Anatomical Gift Act", in order to pinpoint the moment of death for the purposes of this Act, and to modify the composition of the Board created by virtue hereof, and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(NO. 6) (Approved September 13, 1983) AN ACT To add subsection
(j) to Section 2 and to amend Section 4 and subsection
(c) of Section 19 of Act No. 11 of April 15,1974 as amended, known as the "Anatomical Gift Act", in order to pinpoint the moment of death for the purposes of this Act, and to modify the composition of the Board created by virtue hereof.
STATEMENT OF MOTIVES
Act No. 11, approved April 15, 1974, has been of great benefit with respect to the clear definition of the legal liability of all the parties involved in the donation of organs, tissue and cadavers. This statute follows, up to a certain point, the principles stated in the "Anatomical Gift Act" which has been the model for the approval of similar acts in most of the United States. In addition, Act No. 11 created the Board for the Disposal of Human Bodies, Organs, and Tissues of Puerto Rico which regulates and controls any transaction that involves the donation of human bodies, organs or tissues in Puerto Rico. Up to now the functioning of the Board has been excellent and instrumental in the implementation of this Act.
However, the advent of artificial cardiopulmonary support for persons with severe brain damage, has caused some confusion with respect to the determination of death, during the past decades. Previously, the loss of pulmonary and cardiac functions was an easily-observable fact and served as a basis for the diagnosis of death. The problem arises because the circulation and respiration can now be maintained by means of a respirator and other medical and mechanical interventions, even at the expense of the extinction of all the brain functions. Under these circumstances, an individual whose loss of cerebral function is complete and irreversible, can be recognized as dead by the medical profession.
That death can be determined by using as a basis the total and irreversible end of all cerebral functions, is now recognized by more than half of the United States through statutes or judicial decisions. In the remaining states and the Commonwealth of Puerto Rico, the laws either do not define death, or indicate the need of the cessation of all vital functions. The language of the statutes varies from one state to another, and these entities, the American Bar Association, American Medical Association, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, The President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, have
proposed model statutes whose adoption by the most of the jurisdictions is expected. These model statutes are based on the existence of accepted medical norms to ascertain that death has taken place. Based on careful investigation and extensive clinical experience, the medical profession has determined that death can be ascertained by either cardiopulmonary or neurological criteria. This criteria is accessible to the medical population in general, and specifically to the specialists in neurological clinical science, who, in the last instance, would be the ones to determine brain death based on already-established local regional, national or international criteria.
In Puerto Rico, subsection
(c) of Section 19 of Act No. 11 of April 15, 1974, establishes that, "the death certificate issued by two physicians authorized to practice medicine in Puerto Rico shall be conclusive, whenever organs from a body are used for transplants". Even though this is a broad definition which allows the use of both cardiopulmonary and neurological criteria whichever the case might be, it has been questioned in at least one instance by the legal authorities in Puerto Rico. In a legal opinion, the Secretary of Justice has suggested that the legislation in effect be amended, in order to pinpoint the moment that death occurs, by taking into consideration the abovementioned criteria. To such effects, the present
amendment to the legislation in effect is hereby proposed. BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Subsection
(j) is hereby added to Section 2 of Act No. 11 of April 15, 1974 as amended, to read as follows: "Section 2.- The following terms shall have the meanings provided hereinafter:
(a) (j) Death-signifies the irreversible cessation of the respiratory and circulatory functions, or the total and irreversible cessation of all cerebral functions, including the brain stem, when there is personnel and equipment available to make such a determination."
Section 2.- Section 4 of Act No. 11 of April 15, 1974 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 4.- The members of the Board, appointed by the Chancellor of the Medical Sciences Campus of the University of Puerto Rico, shall be a specialist in surgery, one in pathology, one in internal medicine, one in ophthalmology, a member of the faculty of the Anatomy Department of the Campus which he directs, a representative of the community who has shown an interest in the field of health, and a faculty member
of the Anatomy Department of each of the Schools of Medicine operating in Puerto Rico under proper authorization. The latter shall be appointed by the Chancellor, upon the recommendation of the respective Schools of Medicine. In addition, a representative of the Medical Association of Puerto Rico, designated by its President, the Director of the Institute of Forensic Medicine, or a forensic pathologist that represents him, the Secretary of Justice or his representative, and the Secretary of Health, or his representative, shall be ex-officio members of the Board. The members of the Board shall designate a Chairman from among themselves.
The Board members shall remain in office for a term of four years, until their successors are appointed and take office. Nevertheless, the original appointments of the Board members shall be escalated: two for one year, two for two years, two for three years, and one for four years. The nominating authority shall also provide initial appointments, at intervals of one, two, or three years for the new members that are added to the Board, and upon expiration of the term of these initial appointments, their successors shall remain in office for a term of four (4) years, until their successors are appointed and take office.
If a vacancy occurs before the expiration of the term for which a member of the Board was appointed, it shall be filled in the same manner as the original appointment was made.
The term of the member filling a vacancy shall be for the unexpired term of his predecessor. The office of member of the Board shall not be compensated, but each member shall be paid for the expenses he has actually incurred while discharging the duties assigned herein."
Section 3.- Subsection
(c) of Section 19 of Act No. 11, of April 15, 1974 as amended, is hereby amended to read as follows: "Article 19.-
(a) (c) The death certificate issued by two physicians authorized to practice medicine in Puerto Rico shall be conclusive whenever organs from a body are used for transplants; provided that, the doctors who certify the death shall not take an active part in the autopsy or removal of the tissue or organ, nor in the transplanting thereof, with the exception of the removal of the corneas, but may observe these procedures with the
sole purpose of giving or obtaining information about the condition of their former patient. Provided, further, that the determination of death shall be made according to the criteria established in the definition of death hereunder."
Section 3.- This Act shall take effect immediately after its approval.