Ley 31 del 1983

9ma Asamblea Legislativa
Nüm. 31
7ma Sesión Extraordinaria
(Aprobada en 39 de. mephimedue de 1963.)

(P. del S. 947)

L E Y

Para adicionar los incisos

(i) ,

(j) ,

(k) ,

(l) ,

(m) ,

(n) y

(o) al Articulo 5 y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales", para autorizar al Secretario a tomar medidas para la conservación y preservación de especies de vida silvestre, animales y plantas, para obtener información y datos para su sobrevivencia, adquirir terrenos y habitáculos acuáticos y el derecho de participación pública en la designación de las especies amenazadas o en peligro de extinción, a operar y mantener áreas, estructuras y facilidades recreativas en los terrenos bajo su custodia y administración, cobrar derechos de impresión y reproducción, reglamentar el uso recreativo y deportivo de vehículos de motor de campo traviesa, facultar al Secretario a imponer multas administrativas y crear un Fondo Especial.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es imperativo que el Departamento de Recursos Naturales posea todas las facultades y poderes necesarios para la conservación, preservación, distribución y manejo de las especies de vida silvestre residentes, migratorias y exóticas, animales y plantas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De esta forma la Agencia podrá desarrollar programas de conservación efectivos para todas estas especies, investigar su situación y factores de sobrevivencia, incluyendo la adquisición de las áreas y habitáculos necesarios para estos fines a tono con las nuevas exigencias dentro del área de los recursos naturales.

La Ley debe garantizar la participación pública en el proceso de reglamentación de la designación de las especies que están amenazadas o en peligro de extinción. De esta manera la Agencia dispondrá de amplia información para tomar las medidas más provechosas de conservación y manejo de estas especies.

Por otra parte, los terrenos bajo la custodia y administración del Departamento de Recursos Naturales, por sus características físicas, topográficas y estéticas son lugares adecuados para la recreación pasiva permitiendo al hombre un acercamiento con la naturaleza. Por consiguiente, para lograr su pleno aprovechamiento, el Estado, por medio del Departamento de Recreación y

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Deportes y el Departamento de Recursos Naturales, debe promover el mantenimiento, desarrollo y establecimiento de áreas y facilidades recreativas, siempre y cuando esta actividad no resulte incompatible con la conservación y protección de los referidos terrenos. Para lograr esto, entendemos que es conveniente el facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales con plena autoridad para administrar estos terrenos y autorizarlo a fijar derechos y tarifas a cobrarse por el uso de estas áreas. Esto se hará con la aprobación del Secretario de Recreación y Deportes.

En adición, el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico como custodio de un sinnúmero de documentos públicos, tiene que expedir y certificar copias de los mismos a los ciudadanos y funcionarios públicos que así lo soliciten.

Los derechos a cobrar por la solicitud de copia certificada de aquellos documentos públicos que obren en poder de cualquier instrumentalidad pública, satisfechos en Sellos de Rentas Internas, están establecidos en el Código Político de Puerto Rico. No obstante, existe una diferencia entre el cobro de derechos por la certificación de copias oficiales de documentos públicos según dispone el Código Político, y el cobro de reproducción de documentos o informes.

Al presente, no existe provisión alguna en la Ley Orgánica del Departamento que autorice el cobro de dinero por el Suministro de copias de documentos, estudios o informes que obren en poder del Departamento de Recursos Naturales. La autorización para cobrar dinero por el concepto anteriormente expresado resultará sumamente conveniente y provechosa tanto para el Departamento como para los ciudadanos que soliciten certificaciones y copias de documentos, ya que se establecerán normas uniformes mediante reglamentación para el procedimiento, garantizando así una mayor organización y efectividad al ofrecer estos servicios a las personas que así lo requieran.

En la actualidad al Departamento de Recursos Naturales le urge controlar el tránsito de los vehículos de campo traviesa (V.C.T.) en terrenos públicos. Estos afectan adversamente los recursos naturales, la vegetación, la fauna y la flora, ocasionando además la erosión acelerada del terreno, de las dunas costaneras y de los ecosistemas circundantes. Es necesario facultar al Secretario para reglamentar estas actividades que resultan incompatibles con la conservación y preservación de nuestros recursos naturales.

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Esto se hará conjuntamente con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Secretaría de Recreación y Depor.es.

Los ingresos que se devenguen por todos estos conceptos se depositarán en un Fondo Especial dentro del propio Departamento de Recursos Naturales y se emplearán para mantener y habilitar las áreas y facilidades recreativas y los Programas de Manejo que se establezcan.

En cuanto a la autorización al Secretario para imponer multas administrativas por infracciones a esta ley, dicha disposición es conveniente y necesaria, ya que no basta con que se legisle para proteger el interés público sino que también deben proveerse los medios para viabilizar el cumplimiento de la ley.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1.- Se adicionan los incisos

(i) ,

(j) ,

(k) ,

(l) ,

(m) ,

(n) y

(o) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, para que se lea: "Artículo 5.-El Secretario de Recursos Naturales tendrá, en adición a las que le son por esta ley transferidas, las siguientes facultades y deberes:

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(i) tomar todas las medidas necesarias para la conservación, preservación, distribución, manejo, introducción, propagación y restauración de especies de vida silvestre residentes, migratorias y exóticas, animales y plantas, tanto terrestres como acuáticas, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponiéndose que se exceptúa de lo anterior la designación de santuarios.

(j) llevar a cabo investigaciones con el fin de obtener información sobre la población, distribución, necesidades de habitáculos, factores limitantes y otros datos biológicos y ecológicos para determinar las medidas de conservación

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necesarias para el sostenimiento y sobrevivencia de las especies de vida silvestre, animales y plantas mencionadas en el inciso

(i) de este Articulo.

(k) adquirir por compra, donación, transferencia o cualquier otro medio que en derecho proceda, tierras y habitáculos acuáticos apropiados para las especies indicadas en el inciso

(i) de este Artículo. (1) facultad para adoptar reglamentos con el fin de designar, mejorar y preservar las especies de vida silvestre, animales y plantas, tanto terrestres como acuáticas, amenazadas o en peligro de extinción en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proveyéndose expresamente el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de vistas públicas que a estos efectos deben celebrarse.

(m) facultad para establecer, construir, desarrollar, operar y mantener áreas, estructuras y facilidades recreativas en los terrenos bajo su custodia y administración y fijar los derechos y tarifas a cobrarse por estos conceptos. Esto se hará con la aprobación del Secretario de Recreación y Deportes. Los ingresos que se devenguen por estas actividades se depositarán en un Fondo Especial destinado al mantenimiento y operación de estas áreas.

(n) fijar y cobrar :rediante reglamentación a estos efectos los derechos correspondientes por las copias de publicaciones, estudios, informes, mapas, planos, fotografias y cualquier documento de carácter público que le sean requeridas. Los ingresos que por este concepto se obtengan ingresarán en un Fondo Especial dentro del Departamento. No obstante, el Secretario o la persona en quien él delegue esta facultad, suministrará copia gratis a las Ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva, así como a los Gobiernos Municipales y a su discreción, a las personas o entidades que considere conveniente.

(o) facultad para reglamentar el uso recreativo y deportivo de vehículos de motor de campo traviesa (V.C.T) tales como automóviles, motoras, vehículos de tracción en las cuatro ruedas, 'dune buggies' en terrenos públicos. Estos reglamentos se formularán y adoptarán conjuntamente con el Departamento de Transporte y Obras Públicas y la Secretaria de Recreo y Deportes. El Secretario del Departamento de Recursos Naturales, en coordinación con las

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Federaciones y Asociaciones de V.C.T. de Puerto Rico, designará áreas específicas para el uso recreativo y deportivo de vehículos de motor de campo traviesa. Los ingresos que se devenguen por concepto de esta reglamentación se depositarán en un Fondo Especial destinado al mantenimiento y operación de las actividades y programas de manejo que así se establezcan."

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, para que se lea: "Artículo 8.-Penalidades, Vistas Administrativas-

(a) Cualquier violación de esta ley o de los reglamentos promulgados al amparo de ésta, constituirá delito menos grave y convicto que fuere el acusado, será castigado con pena de multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un período no menor de cinco (5) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal.

(b) Se faculta al Secretario del Departamento de Recursos Naturales a imponer multas administrativas por los daños causados a las especies de vida silvestre, animales y plantas, o por infracción a cualquier disposición de esta ley o de los reglamentos y medidas adoptadas por el Secretario al amparo de las mismas, previa celebración de una vista administrativa. El Secretario de Recursos Naturales fijará, mediante reglamentación al efecto, las cantidades que en concepto de multas administrativas deberán ser pagadas por cada acto ilegal llevado a cabo en violación a lo dispuesto en este Artículo. Las multas administrativas no excederán de cinco mil (5,000) dólares por cada acto ilegal llevado a cabo. Cada infracción a esta Ley o sus reglamentos se considerará como una violación separada y estará sujeta a una multa administrativa hasta el máximo previamente establecido.

(c) En caso de violaciones subsiguientes al Artículo 8 de esta ley, el Secretario de Recursos Naturales, en el ejercicio de su discreción, podrá imponer una multa administrativa adicional derhasta un máximo de diezmil ( 10,000 ) dólares.

(d) El Secretario de Recursos Naturales señalará el día, hora y sitio en que se celebrará la vista administrativa a que se refiere el inciso

(b) de este Artículo, notificándole a la parte interesada la celebración de la misma por correo certificado con acuse de recibo a su última dirección conocida. La parte

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interesada podrá comparecer a dicha vista por si o representada por abogado. A los efectos de la vista administrativa aqui$\cdot$ autorizada, el Secretario de Recursos Naturales podrá ordenar la comparecencia y declaración de testigos, la presentación de toda la evidencia que considere pertinente y tomar juramento y recibir testimonios. Cuando se desobedezca una citación del Secretario. éste podrá recurrir al tribunal para que se expida una orden judicial requiriendo el cumplimiento de la citación. Cualquier desobediencia a la orden del tribunal podrá ser castigada por éste como desacato. El Secretario dictará resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la vista y notificación con copia a la parte interesada a su última dirección conocida. El Secretario hará constar en su resolución una descripción del acto o actos ilegales por cuya comisión se impone la multa administrativa. La parte afectada por la decisión del Secretario podrá solicitar por escrito la reconsideración de la misma dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que hubiere sido notificada de la decisión. Esta solicitud de reconsideración será resuelta por el Secretario dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado de la misma. La parte afectada por una decisión en reconsideración podrá, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de tal decisión, radicar un recurso de revisión ante el Tribunal Superior. Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar del mismo al Secretario centro de un término de cinco (5) días a contar desde su radicación.

El Secretario elevará al tribunal en el plazo que éste fije, copia certificada de todo el expediente del procedimiento administrativo. La solicitud de reconsideración o la interposición del recurso de revisión a que se refiere este inciso no. suspenderá los efectos de la orden o resolución del Secretario."

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación.

Presidente de la Cámara

13.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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January 18, 1984

Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 31 (S. R. 947) of the 7th Spec. Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:

AN ACT to add subsections

(i) ,

(j) ,

(k) ,

(l) ,

(m) ,

(n) and

(o) to Section 5, and amend Section 8 of Act Number 23 of June 20, 1972 as amended, known as the "Organic Act of the Department of Natural Resources", to authorize the Secretary to take measures for the conservation and preservation of wildlife, animal and plant species; to obtain information and data for their survival; etc.,

and finds the same are complete, true and correct versions of each other.

Juan R. Melecio, Director Office of Legislative Services

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(NO. 31) (Approved September 29, 1983) AN ACT

To add subsections

(i) ,

(j) ,

(k) ,

(l) ,

(m) ,

(n) and

(o) to Section 5, and amend Section 8 of Act No. 23 of June 20, 1972 as amended, known as the "Organic Act of the Department of Natural Resources", to authorize the Secretary to take measures for the conservation and preservation of wildlife, animal and plant species; to obtain information and data for their survival; to acquire land and aquatic habitats; and the right to public participation in the designation of endangered species or those in danger of extinction; to operate and maintain recreational areas, structures, and facilities in the terrains under its custody and administration; to charge printing and reproduction fees; to regulate the recreational and sports use of cross country motor vehicles; to authorize the Secretary to impose administrative fines, and to create a Special Fund.

STATEMENT OF MOTIVES

It is imperative that the Department of Natural Resources has all the powers and faculties needed for the conservation, preservation, distribution and management of resident, migratory and exotic wildlife, animal and plant species in the

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Commonwealth of Puerto Rico. In this manner the Agency will be able to develop effective conservation programs for all these species, investigate their location and survival factors; including the acquisition of the areas and habitats needed for these purposes in accordance with the new demands within the natural resources area.

Public participation in the process of regulating the designation of the species that are endangered, or facing extinction must be guaranteed by the Law. In this manner the Agency will have ample information at its disposal to adopt the most advantageous measures for the conservation and management of these species.

On the other hand, because of their physical, topographical and aesthetic characteristics, the lands under the custody and administration of the Department of Natural Resources are adequate sites for passive recreation allowing man to be closer to nature. Therefore, in order to make the best use of them, the State, through the Sports and Recreation Department and the Department of Natural Resources, must promote the maintenance, development, and establishment of recreational areas and facilities insofar as this activity is not incompatible with the conservation and protection of the aforementioned lands. We understand that, in order to achieve this, it is convenient to vest the Secretary of the Department of Natural Resources with full authority to administer these lands and authorize him

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to fix fees and rates to be charged for the use of these areas. This shall be done with the approval of the Secretary of the Sports and Recreation Department.

In addition to this, the Department of Natural Resources of Puerto Rico, as custodian of a large number of public documents, has to issue and certify copies thereof to citizens and public officials that request them.

The fee to be charged for of certified copies that are requested of those public documents that are in custody of any public instrumentality, and are paid for by Internal Revenue Stamps, is established in the Political Code of Puerto Rico. Nevertheless, there is a difference between the payment of fees for the certification of official copies of public documents as provided by the Political Code, and the fee for the reproduction of documents or reports.

At present, the Organic Act of the Department has no provision whatsoever to authorize the collection of money for providing copies of documents, studies or reports that are in the possession of the Department of Natural Resources. The authorization to collect money for the abovementioned services will be extremely convenient and advantageous, not only for the Department, but, also for the citizens that request certifications and copies of documents; since uniform standards of procedure will be established by regulations, thus guaranteeing a better organization and efficiency in rendering these services to the persons that request them.

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At present the Department of Natural Resources has an urgent need to control the traffic of cross-country vehicles (C. C. V.) on public lands. These vehicles have an adverse effect on the natural resources vegetation, animal life and flora, in addition to accelerating the erosion of the land, coastal dunes and surrounding ecosystems. It is necessary for the Secretary to have the power to regulate these activities which are incompatible with the conservation and preservation of our natural resources. This shall be done in conjunction with the Department of Transportation and Public Works and the Secretary of the Sports and Recreation Department.

The income derived from all these sources shall be deposited in a Special Fund within the Department of Natural Resources, proper, and will be used to maintain and upkeep the recreational areas and facilities and the Management Programs to be established.

With regard to authorizing the Secretary to impose administrative fines for violations of this Act; said provision is convenient and necessary, since it is not sufficient just to legislate in order to protect the public interest, but the means to enforce compliance of the law, must also be provided.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO: Section 1.- Subsections

(i) ,

(j) ,

(k) ,

(l) ,

(m) ,

(n) , and

(o) are hereby added to Section 5 of Act No. 23

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of June 20, 1972 as amended, to read as follows: "Section 5.- The Secretary of Natural Resources shall have, in addition to those transferred hereby, the following faculties and duties:

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(i) to take all the necessary measures for the conservation, preservation, distribution, management, introduction, propagation, and restoration of terrestrial as well as aquatic resident, migratory, and exotic wildlife, animal, and plant species in the Commonwealth of Puerto Rico; providing that the designation of sanctuaries is excluded from the above .

(j) to carry out investigations in order to obtain information about the population, distribution, habitat needs, limiting factors and other biological and ecological data to determine the conservation measures needed for the support and survival of the wildlife, animal and plant species mentioned in subsection

(i) of this Section.

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(k) to acquire, through purchase, donation, transfer, or any orther lawful means, appropriate land and aquatic habitats for the species indicated in subsection

(i) of this Section. (1) faculty to adopt regulations in order to designate, improve and preserve the terrestrial as well as aquatic wildlife, animal and plant species, that are threatened or endangered in the Commonwealth of Puerto Rico; expressly providing the right of the citizens to take part in the process of public hearings that must be conducted to such effects.

(m) faculty to establish, construct, develop, operate and maintain recreational areas, structures and facilities on the land under his custody and administration; and to fix the fees and rates to be charged for these services. This will be done with the approval of the Secretary of Sports and Recreation. The income derived from these activities shall be deposited in a Special Fund to be used for the maintenance and operation of these areas.

(n) to fix and collect, through regulations to these effects, the corresponding fees for copies of publications, studies, reports, maps, plans, photographs and any other document of a public nature that are requested of him. The income derived from this

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service shall be covered into a Special Fund within the Department. However, the Secretary, or the person upon whom he delegates this faculty, shall provide free copies to the Legislative, Judicial and Executive Branches, as well as to the Municipal Governments, and, at his discretion, to the persons or entities that he considers convenient.

(o) faculty to regulate the recreational and sports use of cross-country motor vehicles (C.C.V.) such as: automobiles, motorcycles, four-wheel traction vehicles and 'dune buggies', on public land. These regulations shall be drafted and adopted in conjunction with the Department of Transportation and Public Works, and the Secretary of Sports and Recreation. The Secretary of the Department of Natural Resources, in conjunction with the C.C.V. Federations and Associations of Puerto Rico, shall designate specific areas for the recreational and sports use of cross country motor vehicles. The income derived as a result of these regulations shall be deposited in a Special Fund destined to the maintenance and operation of the activities and management programs that are thus established."

Section 2.- Section 8 of Act Number 23 of June 20, 1972 as amended, is hereby amended to read as follows:

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"Section 8.- Penalties, Administrative Hearings-

(a) Any violation of this Act or of the regulations promulgated hereunder shall constitute a misdemeanor and upon conviction, the accused shall be punished with a fine of not less than fifty (50) dollars, nor more than five hundred (500) dollars, or imprisonment for a term of not less than five (5) days nor more than ninety ( 90 ) days, or both penalties, at the discretion of the Court.

(b) The Secretary of the Department of Natural Resources is hereby empowered to impose administrative fines for damage caused to wildlife, animal and plant species or for the violation of any of the provisions of this Act or of the regulations and measures adopted by the Secretary thereunder, after holding an administrative hearing. The Secretary of Natural Resources shall fix, through regulations to such effect, the amounts that shall be paid, as administrative fines, for each illegal act committed in violation of the provisions of this Section. The administrative fines shall not exceed five thousand (5,000) dollars for each illegal act committed. Each violation of this Act or its regulations, shall be considered as a separate violation and shall be subject to an administrative fine up to the previously-established maximum.

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(c) In the event of subsequent violations to Section 8 of this Act, the Secretary of Natural Resources, in the exercise of his discretion, may impose an additional administrative fine, up to a maximum of ten thousand (10,000) dollars.

(d) The Secretary of Natural Resources shall determine the date, time and place that the administrative hearing, referred to in subsection

(b) of this Section, shall be held; and shall notify the interested party thereof by certified mail, with return receipt requested, to his last known address. The interested party may appear at said hearing 'motu proprio' or represented by a lawyer. To the effects of the administrative hearing authorized herein, the Secretary of Natural Resources may order the appearance and testimony of witnesses, the introduction of all evidence that he considers pertinent, and the administering of oaths and the admission of testimony. When a summons of the Secretary is disobeyed, he may go before the Court for a judicial order requiring compliance with the summons to be issued. Any disobedience of the court order may be punished as contempt by the Court. The Secretary shall issue a resolution within thirty (30) days following the holding of the hearing, and notice to the interested party to his last known address. The Secretary shall include in

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his resolution a description of the illegal act, or acts, for the commission of which an administrative fine is imposed. The party affected by the Secretary's decision may request, in writing, a reconsideration of the same within ten (10) days following the date of notice of the decision. This request for reconsideration shall be resolved by the Secretary within fifteen (15) days following the date of notice thereof. The party affected by a reconsidered decision may file an appeal for review before the Superior Court, within ten (10) days after date of notice of such decision. Once the appeal is filed the petitioner must notify the Secretary thereof within a term of five (5) days counting from its filing.

The Secretary shall take to court, within the term fixed by it, a certified copy of the complete record of the administrative procedure. The request for reconsideration or the intervention of an appeal referred to in this subsection will not stay the effects of the Secretary's order or resolution. Section 3.- This Act shall take effect thirty (30) days after its approval.