Ley 30 del 1983

(P. de la C. 1033)

L E Y

Para enmendar los incisos

(a) y

(c) del Artículo 2 y los Artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a los fines de modificar los límites de compensación y eliminar la intervención de la Asamblea Legislativa.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado" dispone que el Estado responderá hasta $15,000 en acciones por daños y perjuicios contra la persona o propiedad, cuando se trata de un solo reclamante con una sola causa de acción, y hasta $30,000 cuando se trata de un reclamante con varias causas de acción o varios reclamantes. En acciones civiles basadas en violaciones a la Constitución, Leyes de Puerto Rico, reglamentos de cualquier agencia o contratos expresos o tácitos con el Estado, éste responderá hasta $15,000. Cualquier demandante que interese que el Estado levante su inmunidad y le responda por cuantías mayores, debe acudir al foro legislativo para que la Asamblea Legislativa actúe según corresponde.

En el caso de Ramona Torres y otros v. Héctor Luis Castillo y otros, Civil Núm. 81-447, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en opinión emitida el 18 de diciembre de 1981, declara inconstitucionales los Artículos 2(a) y

(c) y 7 de la Ley Núm. 104, supra, por los siguientes fundamentos:

1. contraviene el Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que dispone: "Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes.";
2. los límites económicos fijados irrisorios, arbitrarios e irreales;
3. no hay igualdad en el acceso a legislación especial que dispensa los límites económicos y en los casos en que hay acceso no hay criterios establecidos para determinar a quiénes se concede la dispensa y a quiénes no y
4. contraviene el principio de separación de poderes.

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Desde el momento en que se emitió esta opinión, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedó expuesto a responder sin límite de cuantía alguno en todas las reclamaciones radicadas en su contra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en ese mismo caso que "el estado puede limitar su responsabilidad civil al dar su consentimiento para ser demandado si dicha limitación guarda un justo balance entre el interés privado y el legítimo interés del Estado en proteger los recursos públicos y se provee igualdad en el acceso a la fuente de compensación". Con estos criterios en mente, se adopta esta pieza legislativa.

La misma extiende los límites de responsabilidad del Estado a $75,000 en casos de un reclamante con una sola causa de acción y a $150,000 en casos de un reclamante con varias causas de acción o varios reclamantes.

En adición, la medida elimina el acceso al foro legislativo para obtener dispensa de los límites establecidos. Para poder dar cumplimiento a la doctrina de separación de poderes, es necesario eliminar en su totalidad la intervención legislativa sobre las cuantías que disponga la Rama Judicial en sus sentencias.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1.- Se enmiendan los incisos

(a) y

(c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para que se lean como sigue: "Artículo 2.-Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico por las siguientes causas:

(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de setenta y cinco mil (75,000) dólares causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia. Cuando por tal acción uomisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares. Si de las conclusiones del Tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, el Tribunal procederá a distribuir dicha

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suma entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, el Tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, que se notifique a todas las personas que pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el Tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares entre los demandantes, según se provee en esta ley."

(b) (c) Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de setenta y cinco mil (75,000) dólares de principal, y que se funden en la Constitución, o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito con el Estado. Sección 2.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 7.-El Estado satisfará prontamente cualquier fallo en su contra hasta el máximo señalado en el Artículo 2 de esta ley. Si se tratase del pago de una suma de dinero y no fuere posible hacerlo por no existir fondos a tal fin en el presupuesto corriente, se hará la correspondiente asignación de fondos para su pago en la parte del presupuesto general de gastos del siguiente año del departamento o agencia correspondiente." Sección 3.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 8.-Regirán para las acciones aquí autorizadas los términos prescriptivos fijados en las leyes aplicables. La sentencia contra el estado no incluirá en ningún caso el pago de intereses por período alguno anterior a la sentencia ni concederá daños punitivos. La imposición de costas se regirá por el procedimiento ordinario. El Estado, con la aprobación del Tribunal podrá transigir cualquier reclamación en su contra una vez se haya comenzado la acción.

La sentencia que se dicte en cualquier acción autorizada por esta ley, impedirá toda otra acción por parte del reclamante, por razón de la misma cuestión o materia, contra el funcionario, agente o empleado cuyo acto u omisión dio origen a la acción; y la

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sentencia contra el funcionario, agente o empleado impedirá igualmente toda acción contra el Estado."

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Presidente de la Cámara

Presidente del Senado

Dapartamento de Estado

CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y fir- modo por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 25 de septiomho de 1983

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COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES

CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986

SAN JUAN, PUERTO RICO 00904

November 20, 1984

Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 30 (H. B. 1033) of the 7th Spec. Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:

AN ACT to amend subsections

(a) and

(c) of Section 2 and Sections 7 and 8 of Act No. 104 of June 29, 1955, as amended known as "Act on Claims and Suits against the Commonwealth", in order to modify the limits of compensation and eliminate the intervention of the Legislature, and finds the same are complete, true and correct versions of each other.

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(NO. 30) (Approved September 25, 1983) AN ACT To amend subsections

(a) and

(c) of Section 2 and Sections 7 and 8 of Act No. 104 of June 29, 1955, as amended, known as "Act on Claims and Suits against the Commonwealth" in order to modify the limits of compensation and eliminate the intervention of the Legislature.

STATEMENT OF MOTIVES

Act No. 104 of June 29, 1955 as amended, known as "Act on Claims and Suits against the Commonwealth", provides that the Commonwealth shall be liable up to $15,000 in actions for damages to person or property when there is only one claimant with one cause of action, and up to $30,000 when there is one claimant with several causes of action or several claimants. In civil actions based on violations of the Constitution, Laws of Puerto Rico, regulations of any agency or expressed or tacit contracts with the Commonwealth, it will be liable up to $15,000. Any plaintiff that desires the Commonwealth to lift its immunity and become liable for larger sums must go before the legislative forum so that the Legislature may act accordingly.

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In an opinion emitted on December 18, 1981, in the case of RAMONA TORRES et al, v. HECTOR LUIS CASTILLO et al., the Supreme Court of Puerto Rico finds Sections 2(a) and

(c) and 7 of Act No. 104 supra, unconstitutional on the following grounds:

1. they violate Article II, Section 7 of the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico that states: "No person shall be deprived of his liberty or property without due process of law. No person in Puerto Rico shall be denied the equal protection of the laws.";
2. the fixed financial limits are ridiculous, arbitrary, and unreal;
3. there is no equality of access to special legislation that waives the financial limits and in cases where there is access, there is no established criteria to determine to whom the exemption will be granted and to whom it will not, and
4. they violate the principle of separation of powers.

The Commonwealth of Puerto Rico was exposed to respond, without any limit as to amount, in all of the claims filed against it, from the moment this opinion was emitted. In the same case, the Supreme Court of Puerto Rico resolved that "the state may limit its civil liability upon giving

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its consent to be sued, if said limitation keeps a just balance between the private interest and the legitimate interest of the State to protect the public resources and equality of access to the source of compensation is provided." It is with this criteria in mind that this legislative measure is passed.

It extends the limits of civil liability of the Commonwealth to $75,000 in cases of one claimant with one cause of action, and to $150,000 in cases of one claimant with several causes of action or several claimants.

The access to the legislative forum to obtain a waiver from the established limits is also eliminated by the measure.

In order to comply with the doctrine of separation of powers, it is necessary to eliminate in its entirety the legislative intervention over the amounts that the Judicial Branch imposes in its sentences.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO: Section 1.- Subsections

(a) and

(c) of Section 2 of Act No. 104 of June 29, 1955, as amended, are hereby amended to read as follows: "Section 2.- Authorization is hereby granted to sue the Commonwealth of Puerto Rico before the Court of First Instance of Puerto Rico for the following causes of action:

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(a) Actions for damages to a person or property up to the sum of seventy-five thousand (75,000) dollars caused by a culpable or negligent act or omission of any official, agent, or employee of the Commonwealth, or of any other person acting in an official capacity within the scope of his duty, office, or employment. Where such action or omission causes injury to more than one person, or where a single injured party is entitled to several causes of action, the compensation for damages caused by such action or omission shall not exceed the sum of one hundred and fifty thousand (150,000) dollars. If from the findings of the Court it arises that the sum of the damages caused to each one of the persons exceeds $150,000, the court shall proceed to prorate said sum among the plaintiffs, taking as a basis the damages sustained by each. When an action is brought against the Commonwealth for damages to persons or property, the Court shall direct, through the publication of edicts in a newspaper of general circulation, that all persons having a common interest shall appear together before the Court on the date set in the edicts, for the purpose of distributing the sum of one hundred and fifty thousand (150,000) dollars among the plaintiffs, as provided in this Act."

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(c) Civil actions in which the amount claimed does not exceed seventy-five thousand (75,000) dollars in principal and which are based on the Constitution, or on any law of Puerto Rico, or on any regulation of any department or division of the Commonwealth, or on any contract, express or tacit, with the Commonwealth. Section 2.- Section 7 of Act No. 104 of June 29, 1955 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 7.- The Commonwealth shall promptly settle any judgment against it up to the maximum set forth in Section 2 of this Act. If the judgment involves the payment of a sum of money and it is not possible to do so because there are no funds for such purpose in the current budget, the proper appropriation of funds for payment thereof shall be made in the part of the general budget of expenses for the following year, for the pertinent department or agency." Section 3.- Section 8 of Act No. 104 of June 29, 1955 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 8.- The statute of limitations fixed in the applicable laws shall prevail for the actions authorized herein. A judgment against the Commonwealth shall in no case include the payment of interest for any period prior to the judgment nor grant punitive damages. The levying of costs shall be governed by regular procedures. The Commonwealth may, with the approval of the

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Court, settle any claim against it, once the action has been instituted.

The judgment entered in any action authorized by this Act shall preclude any other action on the part of the claimant by reason of the same issue or matter, against the official, agent, or employee whose act or omission gave rise to the action; and a judgment against the official, agent, or employee shall, likewise, preclude any action against the Commonwealth." Section 4.- This Act shall take effect immediately after its approval.