Ley 24 del 1983
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Núm. 38 de 1978, conocida como la "Ley del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia", para atemperar sus disposiciones al derecho constitucional a la libertad de expresión e información. Modifica el Artículo 13 para establecer criterios sobre el acceso público a la información bajo custodia del Negociado, detallando excepciones a la divulgación (ej. interferencia con investigaciones, invasión de privacidad, fuentes confidenciales). Además, añade el Artículo 13A, que crea salvaguardas procesales para que los ciudadanos puedan apelar ante el Tribunal Superior de Puerto Rico las denegaciones de acceso a información, permitiendo la revisión judicial de los documentos. También establece penas por la divulgación no autorizada de información por parte del personal del Negociado.
Contenido
(P. del S. 1064)
L E Y
Para enmendar el Artículo 13 y adicionar un Artículo 13A a la Ley Núm. 38 del 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a los efectos de atemperar sus disposiciones a la interpretación judicial sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión e información.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En opinión emitida el 31 de marzo de 1982 el Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó el Artículo 13 de la Ley Núm. 38 del 13 de julio de 1978 inconstitucional de su faz. La Ley Núm. 38 establece el Negociado de Investigaciones Especiales. La razón fundamental de inconstitucionalidad en este Artículo responde,según, lo determina nuestro más alto Tribunal, a una excesiva y amplia ambigüedad en su lenguaje. La ausencia de criterios que delimiten la discreción de los funcionarios llamados por ley a permitir la divulgación de la información solicitada permite, además, la ausencia de garantias contra una aplicación arbitraria y caprichosa de la Ley. Entiende el Tribunal que paralelo al derecho a libre expresión según se consigna en el Artículo II Sección 4 de nuestra Constitución coexiste como elemento indispensable para su ejercicio válido e inteligente, el derecho a estar bien informado.
Esta Ley tiene el propósito de subsanar los defectos de que adolece el Artículo 13, enmendando el mismo a los efectos de introducir los criterios que servirán como excepción a la obligación del Negociado de Investigaciones Especiales de producir aquella información que sea solicitada por el ciudadano.
La medida además, adiciona un Artículo 13A a la Ley Núm. 38 con el propósito de establecer salvaguardas procesales que protejan el derecho del ciudadano a estar informado de cualquier decisión arbitraria o caprichosa que atente contra dicho derecho. Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Sección 1.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 38 del 13 de julio de 1978, según enmendada, para que se lea como sigue:
"Artículo 13.-Acceso a información.- La información bajo custodia del Negociado, recopilada con el objeto de hacer cumplir las leyes podrá ser objeto de inspección por parte de cualquier ciudadano siempre y cuando al así hacerlo: a. no interfiera con los procedimientos para imponer las leyes. b. no prive a una persona del derecho a un juicio justo o a una sentencia imparcial. c. no constituya una intrusión injustificada de la privacidad. d. no revele la identidad de una fuente confidencial. e. no revele técnicas y procedimientos investigativos. f. no ponga en peligro la vida o la seguridad física del personal que hace cumplir las leyes o la de un testigo.
Sólo el Director con la aprobación del Secretario o el Gobernador, podrá autorizar la divulgación de información relacionada con el funcionamiento, operación o actividades de este Negociado. Cualquier empleado, funcionario u oficial o persona que por descuido u omisión, o deliberadamente, ofreciere información, diere a la publicidad o públicamente comentare cualquier acción, actividad, invesLigación o acto oficial de este Negociado, será culpable de delito grave y convicto que fuere se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes la pena podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años." Sección 2.- Se adiciona el Artículo 13A a la Ley Núm. 38 del 13 de julio de 1978, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 13A.- Toda persona a quien se'le deniegue el acceso a la información solicitada podrá acudir ante el Tribunal Superior de Puerto Rico.
(a) El Tribunal a petición de la parte afectada ordenará al Secretario de Justicia o a la persona a quien éste delegue que someta una relación bajo juramento de todos los documentos obrantes en el Negociado de Investigaciones Especiales que se hayan recopilado y sean pertinentes a la solicitud del peticionario.
(b) El Secretario o su delegado especificará qué documentos a su juicio no deben ser revelados expresando las razones para ello. El Tribunal podrá ordenar que el Secretario los produzca para ser inspeccionados por el Juez con exclusión de las partes y su abogado.
(c) Hecho el examen, el Tribunal ordenará al Secretario que entregue copia de los documentos o papeles sobre los que no hubiere ninguna objeción o de aquéllos que, a pesar de la objeción, el Tribunal estime que no están protegidos por los criterios de exclusión establecidos en el Artículo 13 de esta ley.
En todo caso, el Tribunal tendrá amplia discreción para regular y dirigir estos procedimientos de forma que se garantice que personas ajenas a la función judicial no tengan acceso a aquellos documentos, si alguno, que no deban ser divulgados". Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
Departamento de Estado
CERTIFICO: que es copia fiel y exacte del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia . 23 de septiembre de 1923
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES
CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904
January 23, 1985
Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 24 (S.B. 1064) of the 7th spc. Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Section 13 and to add Section 13A to Act No. 38 of July 13, 1978 as amended, known as the "Special Investigations Bureau of the Department of Justice of the Commonwealth of Puerto Rico Act" so as to adjust its provisions to the judicial interpretation on the constitutional right to freedom of speech and information, and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(NO. 24) (Approved September 23, 1983)
AN ACT
To amend Section 13 and to add Section 13A to Act No. 38 of July 13, 1978 as amended, known as the "Special Investigations Bureau of the Department of Justice of the Commonwealth of Puerto Rico Act" so as to adjust its provisions to the judicial interpretation on the constitutional right to freedom of speech and information.
STATEMENT OF MOTIVES
The Supreme Court of Puerto Rico declared Section 13 of Act No. 38 of July 13, 1978, unconstitutitonal on its face, in an opinion handed down on March 31, 1982. Act No. 38 estab1 isheds the Special Investigations Bureau. In accordance with the determination of our highest Court, the grounds for the unconstitutionality of this Section rest on an excessive and broad ambiguity in its language. The absence of criteria to limit the discretion of the officials charged by law to authorize the release of the information requested, also countenances the absence of guarantees against an arbitrary and capricious
application of the Law. The Court is of the opinion that parallel to the right of freedom of expresion, as consigned in Article II Section 4 of our Constitution, the right to be well informed coexists as an indespensable element for its valid and intelligent exercise.
The purpose of this Act is to correct the defects of Section 13, by amending it to the effects of introducing the criteria that will serve as exceptions to the Special Investigations Bureau's obligation to produce such information as is requested by a citizen.
The measure also adds Section 13A to Act No. 38 with the purpose of establishing procedural safeguards to protect the citizen's right to be informed of any arbitrary or capricious decision that attempts against said right.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Section 13 of Act No. 38 of July 13, 1978 as amended, is hereby amended to read as follows:
"Section 13.- Access to Information
The information under custody of the Bureau, gathered for law enforcement purposes, may be subject to examination by any citizen, provided, that in doing so:
a. he does not interfere with law enforcement procedures.
b. he does not deprive a person of the right to a fair trial or to an impartial sentence. c. it does not constitute an unjustified invasion of privacy. d. he does not reveal the identity of a confidential source. e. he does not reveal investigative techniques or procedures. f. he does not endanger the life or physical safety of law enforcement personnel or witnesses. Only the Director, with the approval of the Secretary or the Governor, may authorize the release of information related to the functions, operations or activities of this Bureau. Any employee, functionary or official, or person, who by carelessness or omission, or deliberately, offers information, gives publicity to, or publicly comments on any action, activity, investigation or official act of this Bureau, shall be guilty of a felony and upon conviction, shall be punished by imprisonment for a fixed term of three (3) years. If, there are aggravating circumstances the term may be increased up to a maximum of five (5) years; if, there are extenuating circumstances the term may be reduced to a minimum of two (2) years."
Section 2.- Section 13A is hereby added to Act No. 38 of July 13,1978 as amended, to read as follows: "Section 13A.- Any person who is denied access to the information requested may appear before the Superior Court of Puerto Rico.
(a) The Court, by petition of the affected party, shall order the Secretary of Justice, or the person designated by him, to submit a list, under oath, of all the documents in the Special Investigations Bureau that have been compiled and are pertinent to the petitioner's request.
(b) The Secretary, or the person designated by him, shall specify which documents, in his judgement, should not be revealed, stating his reasons for it. The Court may order the Secretary to produce them for inspection by the Judge with the exclusion of the parties and their lawyer.
(c) Once examined, the Court shall order the Secretary to hand over copies of the documents or papers on which there is no objection, or of those which, in spite of the objection, the Court deems that they are not protected by the exlusionary criteria established in Section 13 of this Act.
In any case, the Court shall have ample discretion to regulate and direct these proceedings in such a manner as
to guarantee that persons who are alien to the judicial functions shall not have access to those documents, if any, that should not be disclosed."
Section 3.- This Act shall take effect immediately after its approval.