Ley 91 del 1980
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Núm. 140 de 1974 para ampliar las facultades de los Jueces Municipales y de Distrito en Puerto Rico, permitiéndoles resolver provisionalmente una gama más extensa de controversias de manera rápida y efectiva. Las nuevas facultades incluyen disputas sobre colindancias y derecho de paso, conflictos vecinales, custodia de menores y pensiones alimenticias provisionales, medidas en casos de separación conyugal, controversias entre arrendadores y arrendatarios, disputas entre dueños de obra y contratistas, reclamaciones salariales, problemas de garantía y reparación de bienes muebles, estorbos públicos, y asuntos relacionados con la supervisión de menores o incapacitados, y la custodia de bienes hereditarios. Además, deroga la Ley Núm. 238 de 1950.
Contenido
(P. del S. 1322)
LA Y
Para enmendar el Artículo Número 2 de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, para ampliar las facultades de los Jueces Municipales y Jueces de Distrito; y derogar la Ley Núm. 238 de 8 de mayo de 1950.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Número 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho", establece un procedimiento de ley rápido para la adjudicación provisional de controversias por los Jueces Municipales y los Jueces de Distrito.
El propósito que inspiró la Ley 140 fue proveer al ciudadano común un mecanismo que le permita dirimir rápida y efectivamente ciertas controversias que le aquejan sin necesidad de verse envuelto en procedimientos costosos y complejos.
La experiencia en la implantación de la ley ha sido muy satisfactoria. No obstante, existen todavía controversias en las cuales los magistrados se ven impedidos de intervenir por carecer de facultad en ley.
Esta ley tiene el propósito de enmendar el Artículo 2 de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho para ampliar la facultad de los magistrados que entienden en dichas controversias.
La Ley Número 238 de 8 de mayo de 1950, que crea el procedimiento para resolver provisionalmente controversias sobre colindancias y derecho de paso en fincas privadas resulta superflua al aprobarse la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. No obstante, esta última ley hace referencia en el Artículo 2, inciso (A) a la antigua ley, lo cual tiende a limitar la facultad de los magistrados a controversias sobre colindancias y derecho de paso en fincas privadas. Por esas dos razones se debe derogar la Ley Número 238 de 8 de mayo de 1950 y eliminar la referencia que a ésta se hace en la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. De esta forma los magistrados quedarían facultados a intervenir y resolver provisionalmente cual-
quier tipo de controversia sobre colindancias y sobre derecho de paso. En adición se faculta a los magistrados para entender en otras controversias entre vecinos que afecten la convivencia y el orden social.
El inciso (B) del Artículo 2, autoriza a los Jueces a fijar estados provisionales de derecho en casos de custodia de menores, pero no les confiere autoridad para que fijen provisionalmente pensiones alimenticias. En beneficio del menor, los jueces deben tener esa facultad.
Las otras enmiendas que se proponen son adiciones a la ley, basadas en observaciones y recomendaciones de los propios magistrados:
Añadir un inciso (J) que les conceda la facultad de entender en controversias sobre perturbaciones, de las que comúnmente conocemos como estorbo público. Bajo la Ley 140, de aprobarse la enmienda propuesta, los jueces podrán dictar un estado provisional de derecho ordenando el cese de la perturbación mientras se sustancia el procedimiento ordinario en el Tribunal de Primera Instancia.
Añadir un inciso ( K ) que les conceda facultad para entender en controversias que provienen de la falta de supervisión adecuada del padre, madre o tutor sobre el menor o incapacitado que tienen a su cargo.
Añadir un inciso (L) que les conceda facultad para entender en controversias sobre la custodia de los bienes muebles del caudal hereditario de conformidad con los conceptos de ley que regulan la materia.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, para que lea como sigue:
Artículo 2.- Mediante la presente los magistrados quedan facultados a intervenir, investigar, ventilar y resolver provisionalmente controversias a solicitud de parte interesada, según el trámite dispuesto en esta ley.
Esta facultad comprende y abarca lo siguiente: (A) Controversias sobre colindancias y derecho de paso y controversias entre vecinos que afecten la convivencia y el orden social.
(B) Controversias en casos de custodia de menores. En estos casos se podrán fijar provisionalmente pensiones alimenticias de acuerdo con las necesidades del menor y de conformidad con los preceptos de ley que regulan esta materia. (C) Medidas provisionales en casos de separación de cónyuges válidamente casados o personas en concubinato respecto a la posesión y uso de estructura destinada a fines residenciales, y aquellos bienes muebles enumerados y comprendidos en los incisos 1, 2, 3, 4, 4(a), 5, y 6 del Artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, que establece las propiedades exentas de ejecución. (D) Controversias entre arrendadores y arrendatarios respecto a mejoras urgentes en propiedades destinadas para fines residenciales. (E) Controversias entre el dueño de obra y contratista, maestro o persona encargada, respecto a las condiciones, desarrollo y compensación de la obra no excedan de mil (1,000) dólares. (F) Controversias entre el propietario de un vehículo de motor con mecánico, hojalatero y pintor respecto a la retención del vehículo, condiciones y compensación por trabajo. (G) Controversias en cuanto a la garantía y reparación de objetos muebles entre comprador y vendedor que no excedan de mil (1,000) dólares. (H) Toda reclamación de tipo salarial de un obrero contra su patrono que no exceda la cuantía de mil (1,000) dólares o que surja de actuaciones u omisiones del patrono en violación de la legislación laboral que exijan remedios reparativos de carácter no monetario, tales como el cumplimiento estricto de determinada obligación o la cesación de determinada práctica. (I) Controversias en casos de crianzas de animales en distritos residenciales. (J) Controversias en las cuales se alegue la existencia de perturbaciones que fueren perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, de las que dan lugar a una acción bajo el Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, conocido como Ley sobre Perturbación o Estorbo.
(K) Controversias en las cuales se alegue que el padre, madre, o tutor de un menor o incapacitado no cumple con el deber de velar por el bienestar del menor o del incapacitado o por su comportamiento en la comunidad. (L) Controversias sobre la custodia de los bienes muebles del caudal hereditario de conformidad con los preceptos de ley que regulan la materia. Sección 2.- Se deroga la Ley Número 238 de 8 de mayo de 1950.
Sección 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libro Asociado de Puerto Rico el dia 3... de jernid. de 19 3.0.:
Secretaria Auxiliar de Estado de Puerto Rico
August 31, 1981
Sila S. Vázquez, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that she has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 91 (S.B. 1322) of the Fourth Session of the 8th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Section 2 of Act No. 140 of July 23, 1974 as amended, to extend the powers of Municipal and District Judges; and to repeal Act No. 238 of May 8, 1950,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Sila S. Vázquez, Director Office of Legislative Services
(S.B. 1322) (No. 91) (Approved June 3, 1980) AN ACT
To amend Section 2 of Act No. 140 of July 23, 1974 as amended, to extend the powers of Municipal and District Judges; and to repeal Act No. 238 of May 8, 1950.
STATEMENT OF MOTIVES
Act No. 140 of July 23, 1974 as amended, known as the "Controversies and Provisional Legal Status Act", establishes a speedy legal procedure for the provisional adjudication of controversies by Municipal and District Judges.
The intent of Act 140 was to provide the ordinary citizen with a mechanism to enable him to settle certain controversies which afflict him, promptly and effectively, without having to get himself involved in complex and costly proceedings.
Experience in the enforcement of the law has been very good. However, there are still controversies in which the magistrates cannot intervene because they are not empowered by law to do so.
This Act is intended to amend Section 2 of the Controversies and Provisional Legal Status Act to extend the powers of the magistrates who hear said controversies.
Act No. 238 of May 8, 1950, which creates the procedure to provisionally decide controversies on boundaries and rights of way in private properties, becomes superfluous upon approval of the Controversies and Provisional Legal Status Act. However, the aforementioned Act refers to Section 2, paragraph (A) of the former Act, which tends to limit the magistrates' power to decide controversies over boundaries and rights of way on private properties. For these two reasons, Act No. 238 of May 8, 1950, must be repealed and the reference thereto in the Controversies and Provisional Legal Status Act, must be eliminated. In this way, the magistrates would be empowered to intervene and decide provisionally, any kind of controversy over boundaries and rights of way. The magistrates are also empowered to intervene in other controversies between neighbors which may affect their relationships and the social order.
Paragraph (B) of Section 2 authorizes the Judges to establish provisional legal status in guardianship cases, but does not authorize them to establish provisional child support allowances. The judges must have this power for the good of the child.
The other amendments proposed are additions to the Act based on observations and recommendations of the magistrates themselves:
To add paragraph (J) which empowers them to intervene in controversies on disturbances, which are commonly known as public nuisances. Should the proposed amendment be approved, the judges may issue a provisional legal status under Act No. 140, ordering that a stop be put to the disturbance until the ordinary proceeding is brought before the Court of First Instance.
To add paragraph (K) which empowers them to intervene in controversies that arise from lack of proper supervision by the father, mother or guardian over a child or disabled person in their charge.
To add paragraph (L) to empower them to intervene in controversies over the custody of personal property of a estate, pursuant to the legal precepts that regulate the matter.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Section 2 of Act No. 140 of July 23, 1974, is hereby amended to read as follows:
"Section 2.- The magistrates are hereby empowered to intervene, investigate, consider and decide controversies, provisionally, at the request of an interested party, according to the proceedings provided in this Act.
This power comprises and embraces the following: (A) Controversies over boundaries and rights of way, between neighbors that affect their relationship and the social order. (B) Controversies in Guardianship cases. In these cases, child support allowances may be established provisionally according to the child's needs and pursuant to the provisions of law, that govern this matter. (C) Provisional measures in cases of separation of legallymarried spouses, or persons living in concubinage, with respect to the possession and use of structures devoted to residential purposes, and those chattels listed and comprised in subsections 1, 2, 3, 4, 4(a), 5, and 6 of Section 249 of the Code of Civil Procedure as amended, which establishes the properties exempt from attachment. (D) Controversies between the lessors and lessees with respect to urgent improvements to properties devoted to residential purposes. (E) Controversies between the owner of a work and the contractor, master builder or custodian, with respect to the conditions, development of, and compensation for the work, not exceeding one thousand ( $1,000 ) dollars.
(F) Controversies between the owner of a motor vehicle and a mechanic, tinsmith and painter, with respect to the retaining of the vehicle, conditions, and compensation for the work performed. (G) Controversies as to the warranty and repair of chattels between vendee and vendor that do not exceed one thousand $($ 1,000)$ dollars. (H) Any wage claim of a worker against his employer which does not exceed the amount of one thousand (1,000) dollars, or that arises from the employer's actions or omissions in violation of the labor legislation, which prescribes nonmonetary compensation remedies, such as the strict compliance of a specific obligation or the ceasing of a specific practice. (I) Controversies in cases of animal breeding in residential districts. (J) Controversies in which the existence of disturbances is alleged which endanger the health or offend the senses or that obstruct the free use of property in such a way as to prevent the comfortable use of property, of the kind that give rise to actions under Section 277 of the Civil Code, known as the Disturbance or Nuisance Act. (K) Controversies in which it is alleged that the father, mother or guardian of a child or disabled person does not