Ley 19 del 1980

(P. del S. 1200)

8va. Asamblea Legislativa Núm. 19
#te. Sesión Ordinaria
(Aprobada on 22 de aful de 1980)

LEY

Para adicionar los Apartados 5 al 13 y redesignar el Apartado 5 como 14 del Artículo 19; enmendar el primer párrafo, los Incisos a y d del Artículo 19A; y adicionar el Artículo 19B a la Ley Núm. 291 de 9 de abril de 1946, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", según enmendada, y para establecer poderes de fiscalización adicionales a la Oficina del Inspector de Cooperativas.

Exposición de Motivos

La Oficina del Inspector de Cooperativas tiene la obligación legal de supervisar y fiscalizar las operaciones de todas las cooperativas organizadas en Puerto Rico. Insito a las funciones de fiscalización se encuentra la obligación de atender querellas. Para poder desempeñar eficazmente sus funciones es indispensable que esté provista de facultades y poderes coercitivos. Esta Ley establece con claridad esos poderes que son imperativos para fiscalizar el cumplimiento de las leyes cooperativas. La presente Ley establece un procedimiento para ventilar y adjudicar las querellas presentadas por los socios o personas afectadas por actunciones de las cooperativas. Esta medida tiene por objeto garantizar a las cooperativas, a los socios y a las personas afectadas la debida atención a sus problemas, y deja claramente establecida una facultad que por años ha estado ejerciendo la Oficina del Inspector de Cooperativas.

Como parte de esa protección a los derechos de los socios de cooperativas y de otras personas afectadas se extiende a éstos el derecho a recurrir ante la Junta de Apelaciones. Este recurso facilita y acelera el logro de una solución por un organismo especializado con personal profesional y técnico altamente competente.

Por último, establece el procedimiento a seguirse en la revisión judicial de las decisiones de la Junta de Apelaciones.

Decrétase por la Azamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1.- Se adicionan los Apartados 5 al 13 y se redesigna el Apartado 5 como 14 del Artículo 19 de la Ley Núm. 291 de 9

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de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico". "Artículo 19-Poderes y facultades generales del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico.

El Inspector de Cooperativas de Puerto Rico tendrá los siguientes poderes y obligaciones:"

2. Atender consultas.
3. Atender, investigar y resolver querellas presentadas por las cooperativas, socios cooperativistas o de cualquier persona afectada por una actuación de cooperativa.
4. Emitir órdenes para compeler la comparecencia de testigos y la producción de documentos o información. Si una citación expedida por el Inspector no fuese debidamente cumplida, el Inspector podrá comparecer ante el Tribunal Superior de Puerto Rico y solicitar se ordene su cumplimiento. El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y hará obligatoria la comparecencia de testigos.
5. Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta Ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinación de la agencia.
6. Requerir a las cooperativas organizadas bajo las leyes de Puerto Rico que lleven y guarden aquellos records y otros documentos que fuesen necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta Ley.
7. Imponer multas tanto a la cooperativa como a sus funcionarios en su carácter personal, por cualquier violación a esta Ley, excepto los Artículos 16 y 22, cuya infracción se castigara de acuerdo con lo dispuesto en dichos Artículos, a los reglamentos, órdenes o resoluciones de esta Agencia. El Inspector tendrá facultad para imponer multas hasta un máximo de dos mil (2,000) dólares.
8. El Inspector, o el funcionario que éste designe, tendrá facultad para emitir las siguientes sanciones y órdenes. a) Previa notificación y vista, imponer multas administrativas por violaciones a esta Ley o las reglas, reglamentos, órdenes o resoluciones aprobados o dictados por la Oficina a tenor con esta Ley. b) Previa notificación y vista podrá emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir los términos, condiciones correctivas que por la evidencia a su disposición, y a tenor con el

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derecho aplicable, se determine. Podrá emitir dicha orden, con carácter provisional, si a criterio del Inspector se cause o se pueda causar un grave daño inmediato obviando el requisito de celebrar vista. Dentro de los diez días posteriores a la emisión de dicha orden provisional, el Inspector deberá celebrar una vista administrativa en la que resolverá, si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca. Las órdenes emitidas bajo este Inciso serán notificadas a las personas afectadas por correo certificado. c) El Inspector podrá recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico, en solicitud que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida, o cualquier orden correctiva. 12) Otorgará permiso por escrito a todas las cooperativas organizadas de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, para que éstas puedan empezar sus operaciones como tal cooperativa. Este permiso podrá ser suspendido o revocado por el Inspector de Cooperativas de Puerto Rico, según se disponga mediante reglamento promulgado a esos efectos. 13) Realizar todos aquellos actos necesarios y convenientes para el logro más eficaz de los propósitos de esta Ley. 14) El Inspector tendrá todos los otros deberes, derechos, facultades y obligaciones que se le imponen o confieren en otros artículos de esta Ley u otras leyes sobre cooperativas.

Sección 2.- Se enmienda el primer Párrafo, los Incisos a y d del Artículo 19A de la Ley Núm. 291 de 9 de abril de 1946, según enmendada, para que se lean como sigue:

Artículo 19 A-Apelaciones contra decisiones del Inspector. Será deber de la Junta de Apelaciones que más adelante se crea, entender en cualquier apelación de las decisiones del Inspector de Cooperativas, que pueda surgir de parte de las cooperativas organizadas o en proceso de organización, de los socios cooperativistas o de cualquier persona afectada por la decisión del Inspector. La Junta de Apelaciones estará compuesta de cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador de Puerto Rico por el término de cuatro (4) años, y de entre los cuales el Gobernador designará un Presidente. Todos los miembros, a menos que fueran antes destituidos o descalificados, servirán en sus cargos por el término de sus nombramientos y hasta que sus sucesores sean nombrados y hayan tomado posesión. Ningún empleado público podrá ser miembro de dicha Junta. Una ma-

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yoría de los miembros en servicio constituirá quórum para todos los fines. Al designar los miembros de la Junta de Apelaciones, el Gobernador de Puerto Rico tomará en consideración a personas conocedoras del Movimiento Cooperativo. a) Las Cooperativas organizadas o en proceso de organización, los socios y personas afectadas por la decisión o decisiones del Inspector de Cooperativas, o en cualquier otro caso en que la ley lo autorice, tendrán derecho a establecer apelación ante la Junta de Apelaciones. b) La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación ante el Presidente de la Junta de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la decisión del Inspector fue notificada. c) Si dentro de los primeros diez (10) días del período de apelación se presentase una moción ante el Inspector de Cooperativas solicitando la reconsideración de su decisión, el escrito de apelación quedará en suspenso mientras se resuelva la reconsideración. De no haberse radicado la apelación, ésta podrá presentarse dentro de los veinte (20) días siguientes a aquél en que se notificase a la parte apelante de la decisión de la reconsideración tomada por el Inspector. d) Una apelación ante la Junta de Apelaciones de una decisión del Inspector de Cooperativas, no dejará en suspenso la ejecución de la decisión tomada por el Inspector de Cooperativas.

Sección 3.- Se adiciona el Artículo 19B a la Ley Núm. 291 de 9 de abril de 1946, según enmendada, para que lea como sigue:

Artículo 19 B-Revisión Judicial de Decisiones. a) Cualquier parte adversamente afectada por la decisión de la Junta de Apelaciones podrá solicitar revisión judicial a dicha decisión al Tribunal Superior de Puerto Rico. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida decisión. b) La decisión de la Junta permanecerá en todo su vigor y efecto hasta tanto no haya una decisión del Tribunal Superior de Puerto Rico final y firme revocando la decisión de la Junta. c) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya dicha solicitud de

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revision. Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo a todas las partes del caso y a la Junta, en la misma fecha de su radicacion. d) Establecido el recurso de revisión será deber de la Junta elevar al Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha que fuere notificado de la radicación del recurso de revisión.

Sección 4.- Medida Transitoria Se otorgará un permiso de operaciones a todas aquellas cooperativas que estén organizadas bajo las leyes de Puerto Rico para que puedan continuar sus operaciones al momento de aprobarse esta ley.

Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Presidente del Senado

Presidente de la Cámara

Departamento de Estado

CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobade y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 22 de abul. de 1980

Reunión Del Perlurió

Secretaria Auxiliar de Estado do Puerto Rico

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November 10, 1981

Sila S. Vázquez, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that she has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 19 (S.B. 1200) of the 4th Session of the 8th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:

AN ACT to add subsections 5 to 13 and redesignate subsection 5 as 14 in Section 19; amend the first paragraph, clauses a and d in Section 19A; and add Section 19B to Act No. 291 of April 9, 1946, known as the "General Cooperative Associations Act of Puerto Rico", as amended, and to confer additional supervisory powers on the Office of the Inspector of Cooperatives, and finds the same are complete, true and correct versions of each other.

Sila S. Vázquez, Director Office of Legislative Services

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(No. 19) (Approved April 22, 1980) AN ACT

To add subsections 5 to 13 and redesignate subsection 5 as 14 in Section 19; amend the first paragraph, clauses a and d in Section 19A; and add Section 19B to Act No. 291 of April 9, 1946, known as the "General Cooperative Associations Act of Puerto Rico," as amended, and to confer additional supervisory powers on the Office of the Inspector of Cooperatives.

STATEMENT OF MOTIVES

The Office of the Inspector of Cooperatives has the legal obligation to supervise and control the operations of all the cooperatives organized in Puerto Rico. Inherent to the supervisory duties is the obligation to hear complaints. In order to effectively carry out his duties it is essential that it be provided with those powers that are imperative to secure compliance with cooperative laws. This Act establishes a procedure for airing and resolving the complaints of members or persons affected by the actions of the cooperatives. The purpose of this statute is to guarantee that the cooperatives, its members and affected persons have their problems attended

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to, and clearly establishes a power that the Office of the Inspector of Cooperatives has been exercising for years.

As part of that protection of the rights of members of cooperatives and of other affected persons, the right to appeal to the Board of Appeals is extended to them. This recourse facilitates and expedites the achievement of a solution by a specialized body with a higly-competent professional and technical staff. Finally, it establishes the procedure to be followed for the judicial review of the decisions of the Board of Appeals.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:

Section 1.- Subsections 5 to 13 are hereby added to Section 19 and subsection 5 is redesignated as 14 in Act No. 291 of April 9, 1946 as amended, known as the General Cooperative Associations Act of Puerto Rico.

"Section 19.- General Powers and Faculties of the Inspector of Cooperatives of Puerto Rico.

The Inspector of Cooperatives of Puerto Rico shall have the following powers and obligations:

1. .................................................................

2. Handle inquiries.

3. Hear, investigate and resolve complaints brought by cooperatives, members of cooperatives, or any person affected by an action of a cooperative.

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7. Issue orders to compel the appearance of witnesses and the presentation of documents or information. If a summons issued by the Inspector is not duly complied with, the Inspector may resort to the Superior Court of Puerto Rico and request a compliance order. The Superior Court shall give priority to the course and handling of said petition and shall make the appearance of witnesses obligatory.
8. To file any legal remedy needed to implement the objectives of this act and see that the rules, regulations, orders, resolutions and decisions of the agency are complied with.
9. To require the cooperatives organized under Puerto Rican laws to keep those records and other documents needed to enforce the provisions of this Act.
10. Impose fines upon the cooperative as well as upon its individual officers for any violation of this Act, except for Sections 16 and 22, the infraction of which shall be punished according to the provisions in said Sections, the Regulations, orders or resolutions of this Agency. The Inspector shall have the power to impose fines up to a maximum of two thousand (2,000) dollars.
11. The Inspector or the official be designates shall have the power to issue the following sanctions orders:

a) After due notice and hearing, impose administrative fines for violations of this Act or the rules,

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Regulations, orders/or Resolutions approved or decreed by the office pursuant to this Act. b) After due notice and hearing, he may issue cease and desist orders and prescribe the terms and conditions for correction, determined from the evidence at his disposal and pursuant to applicable law. He may issue said order provisionally, if in the Inspector's judgment, serious imminent harm would result or may result by obviating the requirement to hold a hearing. Within ten days after issuing said provisional order, the Inspector must hold an administrative hearing in which he shall resolve whether said provisional order is made permanent or it shall be revoked. Orders issued under this subdivision shall be made known to the affected parties by certified mail. c) The Inspector may resort to the Superior Court of Puerto Rico with a petition to enforce any cease and desist order issued by him, or any order for correction. 12) He shall give permission in writing to all cooperatives, organized according to the laws of Puerto Rico, so that they can begin operating as cooperatives. This permission may be suspended or revoked by the Inspector of Cooperatives of Puerto Rico, as provided by Regulations to this effect.

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13. Carry out all necessary and convenient actions for the most effective achievement of the objectives of this Act.
14. The Inspector shall have all the other duties, rights, faculties and obligations imposed or conferred upon him by other Sections of this Act or other acts on cooperatives."

Section 2.- The first paragraph, and clauses a and d of Section 19A of Act No. 291 of April 9, 1946 as amended, are hereby amended to read as follows:

Section 19A.- Appeals of the Inspectors decisions. It shall be the duty of the Board of Appeals hereinafter created, to take cognizance of any appeal of the decisions of the Inspector of Cooperatives that may arise from cooperatives already organized or in the process of being organized, by cooperative members of any person affective by the Inspector's decisions. The Board of Appeals shall be composed of five (5) members appointed by the Governor of Puerto Rico for the term of four (4) years, and among whom the Governor shall designate a Chairman. All the members shall serve in their offices for the term of their appointments, unless dismissed or disqualified and until their successors are appointed and qualified. No public employee may be a member of said Board. A majority of the members in service shall constitute a quorum for all

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purposes. Upon designating the members of the Board of Appeals, the Governor of Puerto Rico shall take into consideration persons who are knowledgeable as to the Cooperative Movement. a) The cooperatives organized or in process of being organized, their members and persons affected by the decision or decisions of the Inspector of Cooperatives, or in any other case authorized by law, shall have the right to make an appeal to the Board of Appeals. b) The appeal shall be perfected by filing a brief with the Chairman of the Board of Appeals within thirty (30) days following the date that notice of the Inspector's decision was served. c) If within the first ten (10) days of the term for the appeal, a motion is filed with the Inspector of Cooperatives requesting the reconsideration of his decision, the brief shall remain in suspense, until the reconsideration is entertained. If the appeals has not been filed, it may be filed within twenty (20) days following the date notice was served to the appellant of the decision taken by the Inspector on the reconsideration. d) An appeal filed with the Board of Appeals of a decision of the Inspector of Cooperatives shall not

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stay the execution of the decision taken by the Inspector of Cooperatives.

Section 3.- Section 19B is hereby added to Act No. 291 of April 9, 1946 as amended, to read as follows:

Section 19B.- Judicial Review of Decisions a) Any party adversely affected by the decision of the Board of Appeals may petition a judicial review of said decision in the Superior Court of Puerto Rico. The appeal for review must be filed in the Superior Court within fifteen (15) days following the date notice was served of the aforementioned decision. b) The decision of the Board shall remain in force as long as there is no final decision from the Superior Court revoking the Board's decision. c) The appeal for review shall be made official by filing a petition in the Office of the Clerk of the Court in which the grounds for said appeal for review are set forth. Once the appeal is filed, the petitioner must notify all parties in the case and the Board of this fact on the same date of filing. d) After the appeal for review is filed, the Board must deliver certified copies of the documents in the file to the Court, within ten (10) days following the date notice was served of the filing of the appeal for review.

Section 4.- Transitory Measures.

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An operating permit shall be granted to all those cooperatives organized under the laws of Puerto Rico so that the moment this Act is approved, they may continue their operations. Section 5.- This Act shall take effect immediately after its approval.