Ley 132 del 1980
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Núm. 56 de 1969 para facultar al Secretario de Salud a concertar acuerdos con organizaciones obreras y trabajadores individuales. El objetivo es proveer servicios médico-hospitalarios a costo razonable en facilidades del Estado y municipios. También establece las obligaciones de pago para planes de seguros y organizaciones obreras por estos servicios y regula los honorarios de profesionales de la salud.
Contenido
(P. del S. 1174)
8 va Asamblea Legislativa Núm. 132
4 La Sesión Ordinaria
(Aprobada en 13 de zimei de 1980
L'EY
Para enmendar las Secciones 1 y 5 y el primer párrafo de la Sección 8 de la Ley Núm. 56 de 21 de junio de 1969, según enmendada, a fin de facultar al Secretario de Salud a concertar acuerdos para brindar a los trabajadores servicios médicohospitalarios a un costo razonable.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde hace mucho tiempo, los dirigentes sindicales se han preocupado por asegurar que los trabajadores que ellos representan y sus dependientes puedan recibir la atención médico-hospitalaria que éstos requieren. Esta aspiración se ha hecho cada vez más inminente ante el alza que se ha registrado en el costo de los servicios de salud y la dificultad o imposibilidad que confronta la mayor parte de la clase trabajadora para sufragar, de su propio peculio, el costo de los servicios de hospitalización y medicinas o aquéllos que prestan los profesionales de la salud.
Para suplir esta necesidad de sus afiliados, las organizaciones obreras generalmente contrataban con compañias de seguros de salud para que, a cambio del pago de una prima, éstos procedieran a reembolsar o a sufragar los gastos médicos incurridos. En los últimos años las organizaciones obreras han estado utilizando además, los servicios de organizaciones de servicios de salud que, a cambio de unas primas se obligan a ofrecer efectivamente, los servicios médico-hospitalarios. En muy pocos casos la organización sindical presta directamente los servicios de salud.
Los mecanismos a que se ha hecho referencia no han probado ser totalmente eficaces para cubrir las necesidades de salud de los trabajadores en forma accesible y rápida ni garantizan la prestación de servicios al menor costo posible. Por ello, persiste una legítima demanda por parte de los líderes sindicales y por parte de los trabajadores unionados y no unionados para que se establezca una alternativa adicional que pueda funcionar con mayor eficacia cuando la organización obrera o el trabajador hayan descartado los métodos que hasta ahora han funcionado.
Es la intención de esta legislación atender al reclamo de la clase trabajadora mediante una enmienda a la Ley de Servicio Integral
Médico-Hospitalaria que faculte al Secretario de Salud a entrar en convenios con las organizaciones obreras y con los trabajadores individualmente para brindar servicios médicos de calidad a los trabajadores en las facilidades del Estado y a un costo razonable.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 56 de 21 de junio de 1969, según enmendada, para que se lea como sigue: "Sección 1.-Se autoriza al Secretario de Salud a utilizar los hospitales, centros médicos, centros de salud, casas de salud, dispensarios, clínicas y otras instituciones de salud propiedad del Estado Libre Asociado y de sus municipios para brindar asistencia médico-hospitalaria de la misma cantidad, variedad y calidad para todo individuo, independientemente de su condición económica, raza, color, origen, religión o credo político.
El Secretario de Salud establecerá, con el asesoramiento del Consejo Coordinador de Salud, el Director del Negociado de Presupuesto y en consulta con los gobiernos municipales, los procedimientos y sistemas administrativos necesarios para: (A) Determinar y fijar el costo razonable de los servicios de asistencia médico-hospitalaria en todas las instituciones de salud, propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipios. (B) El cobro parcial o total, según lo requiera cada caso, del costo razonable, según fijado para cada institución de salud, de los servicios de asistencia médico-hospitalaria ofrecidos a todo individuo o familia cuyo ingreso anual y otros recursos resulte ser mayor que el establecido por los Secretarios de Salud y de Servicios Sociales para reconocer individuos o familias como elegibles para solicitar y recibir estos servicios con cargo a fondos públicos, o que posean algún seguro de salud. (C) Concertar acuerdos con organizaciones o uniones obreras para brindar servicios médico-hospitalarios a los trabajadores afiliados a dichas organizaciones o uniones en las instituciones de salud propiedad del Estado Libre Asociado y cobrar por estos servicios un costo razonable."
Artículo 2.- Se enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 56 de 21 de junio de 1969, según enmendada, para que se lea como sigue: "Sección 5.-Los planes de seguros de servicios médicohospitalarios y compañías de seguros dedicadas a la venta de seguros médico-hospitalarios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las organizaciones obreras que realicen acuerdos con el Secretario de Salud que se acojan a los programas concertados de acuerdo a la Sección 1(C) de esta ley, vendrán obligados a pagar al Estado y a sus municipios, según procedimientos que establezca el Secretario de Salud, el costo razonable de los servicios prestados a sus asegurados en instituciones de salud propiedad del Estado y sus municipios." Artículo 3.- Se enmienda el primer párrafo de la Sección 8 de la Ley Núm. 56 de 21 de junio de 1969, según enmendada, para que se lea como sigue: "Sección 8.-Todo médico y todo dentista autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico y en el ejercicio privado de ésta, podrá cobrar los honorarios razonables de los servicios profesionales que brinde a pacientes en instituciones de salud propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios e instrumentalidades cuando dichos pacientes no sean elegibles para recibir esos servicios con cargo a los fondos del Estado o del municipio. Estos profesionales podrán así mismo cobrar, a las organizaciones obreras que se acojan a los programas concertados de acuerdo a la Sección 1(C) de esta Ley, por los servicios que brinden a esos trabajadores en tales instituciones. El cobro de estos servicios se hará sujeto a la reglamentación que para este fin establezca el Secretario de Salud. Al establecer los honorarios razonables se tendrá en consideración los precios corrientes y prevalecientes en la comunidad y los mejores intereses de los pacientes."
Artículo 4.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Departamento de Estado Presidente del Senado CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobade y fir-
Presidente de la Cámara mado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 3 dia ..l%.. de fomant.... de 1980
September 16, 1981
Sila S. Vázquez, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that she has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 132 (S.B. 1174) of the Fourth Session of the 8th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Sections 1 and 5, and the first paragraph of Section 8 of Act No. 56 of June 21, 1969 as amended, for the purpose of authorizing the Secretary of Health to enter into agreements to provide workers with medical-hospital services at a reasonable cost,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Sila S. Vázquez, Director Office of Legislative Services
(S.B. 1174) (No. 132) (Approved June 13, 1980) AN ACT
To amend Sections 1 and 5, and the first paragraph of Section 8 of Act No. 56 of June 21, 1969 as amended, for the purpose of authorizing the Secretary of Health to enter into agreements to provide workers with medicalhospital services at a reasonable cost.
STATEMENT OF MOTIVES
For a long time, labor leaders have been concerned in providing the workers they represent and their dependents with the medical-hospital services they may require. These aspirations have become more urgent due to increased cost of health services and the difficulty or impossibility of the majority of the working class to defray the cost of hospital services and medicines, or the services rendered by health professionals, from their own peculium.
In order to meet the needs of their members, the unions generally contracted health insurance companies so that, upon payment of a premium, they would reimburse or defray the medical expenses incurred by them. During the last years the unions have also been using the services of health service
organizations which, upon the payment of a premium, guarantee to offer medical-hospital services. There are very few cases in which the unions render health services directly.
The abovementioned mechanisms have not proven to be fully effective to cover the health needs of the workers in an accessible and speedy manner, nor do they guarantee to render services at the lowest possible cost. There is, therefore, a legitimate demand on the part of union leaders and union and non-union workers, for the establishment of an additional option that can function with grater efficiency when the union or the workers have discarded the methods that have been operating to date.
It is the intention of this Act to attend to the needs of the working class through an amendment to the Medical-Hospital Integrated Services Act, in order to authorize the Secretary of Health to enter into agreements with the unions, and the workers individually, to render the best medical services to the workers at the Commonwealth facilities, and at a reasonable cost.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Section 1 of Act No. 56 of June 21, 1969 as amended, is hereby amended to read as follows:
"Section 1.- The Secretary of Health is hereby authorized to use the hospitals, medical centers, health centers, rest homes, dispensaries, clinics and other health institutions owned by the Commonwealth and its municipalities, to provide medical-hospital services in the same quantity, variety and quality for every person, regardless of his financial condition, race, color, origin, and religious or political belief.
The Secretary of Health shall establish, with the advice of the Health Coordination Council, the Director of the Bureau of the Budget, and in agreement with the municipal governments, the administrative procedures and systems needed to: (A) Determine and fix the reasonable charges for the medical-hospital services in all the health institutions owned by the Commonwealth of Puerto Rico and its municipalities. (B) The partial or total payment, as required in each case, of the reasonable charge, as fixed for each health institution, for the medical-hospital services provided to each person or family whose annual income and other resources are greater than those established by the Secretaries of Health, and Social Services, to determine whether persons or families are eligible to request and receive these services, chargeable to public funds, or who have some kind of health insurance.
(C) Enter into agreements with labor organizations or unions to render medical-hospital services to workers affiliated to said organizations or unions, at health institutions owned by the Commonwealth, and to charge reasonable fees for said services."
Section 2.- Section 5 of Act No. 56 of June 21, 1969 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 5.- The medical-hospital services insurance plans, and insurance companies engaged in the sale of medical-hospital insurance in the Commonwealth of Puerto Rico, the unions that enter into agreements with the Secretary of Health to avail themselves of the programs established under Section 1(C) of this Act, shall be bound to pay to the Commonwealth and to its municipalities, in accordance with the procedures established by the Secretary of Health, the reasonable cost of the services rendered to its insured persons in health institutions owned by the Commonwealth and its municipalities."
Section 3.- The first paragraph of Section 8 of Act No. 56 of June 21, 1969 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 8.- Every physician and every dentist authorized to practice his profession in Puerto Rico, and in the private practice thereof, may charge a reasonable fee for his
professional services rendered to patients in health institutions owned by the Commonwealth of Puerto Rico, its municipalities and instrumentalities, when said patients are uneligible to receive those services chargeable to the funds of the Commonwealth or the municipality. These professionals may also charge the labor organizations that avail themselves of the programs established under Section 1(C) of this Act, for services rendered to said workers in such institutions. The fees for these services shall be fixed according to the regulations established for such purposes by the Secretary of Health. In fixing the reasonable fees, due consideration shall be given to the current and prevailing prices in the community and the best interests of the patients."
Section 4.- This Act shall take effect immediately after its approval.