Ley 121 del 1980
Resumen
Esta ley enmienda la Ley de Menores y sus Reglas de Procedimiento para establecer una vista judicial de determinación de causa probable en casos de menores. Su objetivo es garantizar el debido proceso y la imparcialidad, asegurando que los menores tengan derecho a representación legal, contrainterrogatorio y presentación de prueba. Además, exige que un juez distinto presida la vista de causa probable y el juicio subsiguiente, y clarifica las funciones de los oficiales probatorios y trabajadores sociales.
Contenido
(P. del S. 944)
LEY
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Menores, y las Reglas 4.1, 5.1, 7.5 y 8.5 de las Reglas de Procedimiento para los Asuntos Cubiertos por la Ley de Menores y para disponer el establecimiento de una vista judicial de determinación de causa probable en casos de menores.
Exposición de Motivos
La Regla 4 de las Reglas de Procedimiento de Menores establece un procedimiento para la determinación de causa probable a base de una investigación realizada por un oficial probatorio o trabajador social adscrito al Tribunal. Este procedimiento carece de salvaguardas mínimas procesales para el menor a la vez que dificulta el que el juez pueda hacer una determinación de causa probable con bases jurídicas sólidas. Todo esto redunda en que se radiquen anualmente ante las Salas de Menores infinidad de casos en los que no existe prueba suficiente para sostener la radicación de una querella, con la consiguiente inversión en tiempo y dinero que implica la celebración de un juicio en que al final se descubre que nunca hubo prueba suficiente para sostener la radicación de la querella. En adición, el procedimiento actual para determinación de causa probable-en el que el mismo juez que determina causa probable a base de la investigación realizada por el trabajador social es el mismo que preside la celebración del juicio-priva al menor querellado de su derecho a un juicio imparcial.
La determinación de causa probable para la radicación de una querella en todas sus etapas debe ser función de la exclusiva competencia de los miembros de la judicatura, desde el examen de testigos hasta la determinación final. Para establecer un procedimiento que garantice a la judicatura de menores el control exclusivo de la función de determinación de causa probable y que garantice al menor querellado la pureza en los procedimientos que en su interés se ventilan, se enmienda el Artículo 5 de la Ley de Menores y las Reglas 4.1, 5.1, 7.5 y 8.5 de las de Menores.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Número 97 del 23 de junio de 1955, para que se lea como sigue: "Artículo 5 El juez ordenará a los oficiales probatorios juveniles y trabajadores sociales adscritos al Tribunal qué realicen investigaciones para que en los casos en que se hubiere presentado una querella preparen un informe de la condición social del niño y de sus familiares para facilitar la disposición del caso, y ofrezcan aquellos servicios y orientación que sean necesarios al niño que el Tribunal ponga a prueba."
Sección 2.- Se enmiendan los incisos
(a) y
(b) de la Regla 4.1, de las Reglas de Procedimiento de Menores, para que se lea como sigue: "4.1 Facultades de los oficiales probatorios juveniles y trabajadores sociales
El juez podrá facultar a uno o a varios de los oficiales probatorios juveniles y trabajadores sociales adscritos al Tribunal para que, bajo su dirección y autoridad realicen los siguientes actos:
(a) Investigaciones. Llevar a cabo las investigaciones sociales necesarias para facilitar la disposición de los casos.
(b) Citación e interrogatorios de testigos. Citar testigos e interrogarlos respecto a las circunstancias del menor. Se les podrá tomar juramento a los testigos por uno de los funcionarios del Tribunal autorizados por ley para ello. Si una persona no obedece una citación, se informará ese hecho al juez, quien ordenará al Secretario del Tribunal librar una segunda citación, bajo apercibimiento de desacato, contra la misma persona."
Sección 3.- Se enmienda la Regla 5.1, de las Reglas de Procedimiento de Menores, para que se lea como sigue: "5.1 Radicación Previo a la radicación de la querella en el interés del menor, el Tribunal celebrará una vista judicial de determi-
nación de causa probable. Dicha vista será presidida por un juez del Tribunal de Primera Instancia o Juez Municipal. En dicha vista el menor tendrá derecho a estar representado por abogado, podrá contrainterrogar testigos y ofrecer prueba en su favor.
El juez que entienda en la vista de causa probable informará al menor del contenido de la querella, le advertirá sobre el privilegio en contra de la auto incriminación y le orientará sobre los derechos constitucionales que le cobijan. Para la determinación de causa probable, el juez se limitará al examen del contenido de la querella presentada ante él y consi. ierará únicamente la evidencia que en relación a ella le sea sometida.
De existir antecedentes legales o sociales del menor, el juez no podrá tener acceso al expediente donde se encuentren los mismos y, por tanto, no deberá tomarlos en consideración para la determinación de causa probable que en ese momento le ocupa.
Si a juicio del juez que preside la vista, la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido una falta y que el menor la cometió, el juez ordenará la radicación de la querella en el interés del menor y refirió a éste y a sus familiares o encargados al trabajador social u oficial probatorio adscrito al Tribunal para el correspondiente estudio social.
Una vez hecha la determinación de que existe causa probable, el juez procederá a determinar de acuerdo al interés del menor y de la comunidad, si éste debe permanecer bajo la custodia de sus padres o encargados, o si debe ordenarse su detención hasta el día del juicio.
Si el juez encontrara que no existe causa probable ordenará que se ponga al menor en libertad, si éste estuviere detenido o podrá referirlo, de considerarlo necesario, al organismo pertinente para que se le preste supervisión en el hogar o para albergue en una institución o en un hogar de crianza o referirlo a otra agencia de la comunidad para servicios sociales, y podrá, además, instruir a los padres en cuanto a sus responsabilidades hacia el menor. Toda querella se tramitará a nombre de "El Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en interés del menor....". Además del nombre del menor, deberá consignarse en la querella su número de presentación y la sala del Tribunal en que fuere radicada." Sección 4.- Se enmienda la Regla 7.5 para que se lea como sigue: "7.5 Cuándo se ordenará el estudio social El estudio social se ordenará siempre que el juez lo considere necesario para facilitar la disposición de los casos." Sección 5.- Se enmienda el inciso
(a) de la Regla 8.5 para que se lea como sigue: "8.5 Disposición del caso a) Vistas y órdenes en cámara.
En toda vista que se celebre ante el Tribunal para ventilar una querella, el juez que presida la misma deberá ser uno distinto del que presidió la vista de determinación de causa probable para la radicación de dicha querella.
Todas las vistas sobre los méritos se efectuarán en sala y de acuerdo con las disposiciones del art. 9 de la Ley. Todos los otros actos o procedimientos podrán ser realizados y ventilados por el juez en su despacho, o en cualquier otro lugar, sin necesidad de la asistencia del secretario u otros funcionarios del Tribunal."
Sección 6.- Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y fir: mado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el día ...i.t. de juminis... de 19 do
September 16, 1981
Sila S. Vázquez, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that she has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 121 (S.B. 944) of the Fourth Session of the 8th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Section 5 of Act No. 97 of June 23, 1955 as amended, known as the "Children's Act" and Rules 4.1, 5.1, 7.5, and 8.5 of the Rules of Procedure for Matters covered by the Children's Act, and to provide for the establishment of a judicial hearing to determine probable cause in the cases concerning children,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Sila S. Vázquez, Director Office of Legislative Services
(S.B. 944) (No. 121) (Approved June 12, 1980) AN ACT
To amend Section 5 of Act No. 97 of June 23, 1955 as amended, known as the "Children's Act" and Rules 4.1; 5.1; 7.5; and 8.5 of the Rules of Procedure for Matters Covered by the Children's Act, and to provide for the establishment of a judicial hearing to determine probable cause in the cases concerning children.
STATEMENT OF MOTIVES
Rule 4 of the Rules of Procedures for Children establishes a procedure to determine probable cause on the basis of an investigation carried out by a probation officer or social worker assigned to the Court. This procedure lacks the minimum procedural safeguards for the child and at the same time makes it difficult for a judge to make a determination of probable cause on solid juridical grounds. The outcome of this procedure is that each year innumerable cases are filed in the Children's Court in which there is insufficient evidence to sustain the filing of the complaint, with the subsequent investment of time and money which implies the holding of a trial, in which it is
finally found that there was never sufficient evidence to support the filing of the complaint. In addition, the present procedure to determine probable cause-in which the same judge who determines probable cause on the grounds of the investigation carried out by the social worker, is the one who presides at the trial-deprives the accused child of his right to a fair trial.
The determination of probable cause for the filing of a complaint should be, in all of its stages, the exclusive function of the members of the Court, from the examining of witnesses until the final determination. In order to establish the procedure which will guarantee the exclusive control of the function of determining probable cause to the Children's Court, which will guarantee the integrity of the procedures that are being discussed in the interest of the accused child, Section 5 of the Children's Act and Rules $4.1,5.1,7.5$ and 8.5 of the Rules of Procedure for Children, are hereby amended.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Section 5 of Act No. 97 of June 23, 1955, is hereby amended to read as follows:
"Section 5.-
The Judge shall order the probation officers for juveniles and the social workers assigned to the Court to perform the required investigation so that in those cases in which a complaint has been filed, they shall prepare a report of the social condition of the child and of his family in order to expedite the disposition of the case, and to offer such services and guidance as may be needed by the child placed on probation by the Court."
Section 2.- Subsections
(a) and
(b) of Rule 4.1 of the Rules of Procedures for Children, are hereby amended to read as follows:
"4.1 Powers of juvenile probation officers and social workers
The Judge may authorize one or several of the juvenile probation officers and social workers attached to the Court, to perform under his direction and authority, the following measures:
(a) Investigations. To perform the social investigations needed to expedite the disposition of the cases.
(b) Summons and examination of witnesses. To summon
and examine witnesses regarding the circumstances of the child. Witnesses may be sworn by one of the officers of the Court authorized by law to do so. If a person who has been summoned does not appear, the Judge shall be so notified and he shall order the Clerk of the Court to issue a second summons to that same person, with the warning that noncompliance shall constitute contempt of Court." Section 3.- Rule 5.1 of the Rules of Procedures for Children, is hereby amended to read as follows: "5.1 Filing Upon the filing of the complaint in the interest of the child, the Court shall hold a judicial hearing to determine probable cause. Said hearing shall be presided over by a Judge of the Court of First Instance or a Municipal Judge. In said hearing, the child shall be entitled to be represented by counsel, who may cross-examine witnesses and submit evidence in his behalf.
The Judge in charge of the probable cause hearing shall inform the child of the contents of the complaint, and shall warn him of the right against self-incrimination and shall advise him of the constitutional rights which protect him.
In order to determine probable cause, the Judge shall be limited to the examination of the content of the complaint presented before him, and shall only consider the evidence submitted in connection with the complaint.
If the child has a social or legal record, the Judge shall not have access to the files thereof, and, therefore, shall not take them into consideration when determining the probable cause he is concerned with at the time.
If, in the judgement of the Judge who presides the hearing, the evidence shows that there is probable cause to believe that an offense has been committed and that the child committed it, the Judge shall order the complaint to be filed in behalf of the child and shall refer him and his relatives or custodian to the social worker or probation officer assigned to the Court, for the corresponding social study.
Once the determination of probable cause has been made, the Judge shall proceed to determine, in accordance with the best interest of the child and of the community, if he should remain in custody of his parents or custodian, or if he should order the child's detention until the day of the trial.
If the Judge finds that there is no probable cause, he shall order the release of the child if he has been
detained, or, if he deems it necessary he may refer him to an appropriate agency which shall place the child under supervision in his own home, or under custody in an institution or foster home, or refer him to another social service agency in the community, and may, furthermore, instruct the parents as to their responsibility towards the child. Every complaint shall be filed in the name of "The Commonwealth of Puerto Rico," in behalf of the child .... ." In addition to the child's name, the complaint should also include the file number and the Part of the Court in which it was filed."
Section 4.- Rule 7.5 is hereby amended to read as follows: "7.5 When the social study is to be ordered
The social study shall be ordered whenever it shall appear to the Judge that it is necessary to expedite the disposition of the case."
Section 5.- Subsection
(a) of Rule 8.5 is hereby amended to read as follows: "8.5 Disposition of the case a) Hearings and orders in Chambers.
In any hearing held before the Court to air a complaint, the presiding Judge shall not be the same
one who presided the hearing to determine probable cause for the filing of said complaint.
All hearings on the merits shall be conducted in the courtroom, pursuant to the provisions of section 9 of the Act. All other acts or proceedings may be carried out and aired by the Judge in his Chambers or in any other place, without need of the presence of the Clerk or other Court officers."
Section 6.- This Act shall take effect immediately after its approval.