Esta ley limita las cláusulas penales en contratos de servicio celular, disponiendo que cualquier penalidad por cancelación anticipada debe ser prorrateada a lo largo de la duración del contrato, que no podrá exceder de dos años. Busca proteger al consumidor de cargos excesivos y no relacionados con la compensación a la empresa.
(P. de la C. 1069)
Para limitar las cláusulas penales en contratos de servicio celular, además de disponer que una cancelación de un contrato por servicio de celular sólo podrá conllevar una penalidad que deberá ser prorrateada y para otros fines.
El servicio celular se ha tornado en uno de naturaleza indispensable para la comunidad puertorriqueña por constituir una efectiva herramienta de comunicación que impacta todos los renglones de nuestra vida individual y colectiva. De esa forma, resulta procedente que la ciudadanía suscriba contratos de servicio de comunicación celular por razones familiares, sociales, de negocios o de seguridad.
Conforme con esta situación, se ha generado un mercado con multiplicidad de ofertas dirigidas al consumidor puertorriqueño. Muchos de estos contratos poseen múltiples alternativas y variantes dirigidas a motivar y cautivar a los potenciales clientes. Como consecuencia de ello, se crea una amplia gama de ofertas y variantes comerciales.
No obstante, una cláusula contractual que frecuentemente se encuentra en los referidos contratos gira en torno a la imposición de una significativa penalidad que le será impuesta al usuario en aquellas situaciones que unilateralmente desista del contrato suscrito con la empresa de comunicaciones. Ello constituye una penalidad por terminación temprana que tiene su fundamento en el argumento de que dicha sanción resulta necesaria para compensar por el costo que le representa a la empresa contratante la entrega de un teléfono celular al momento de suscribir el contrato. De esa manera, la empresa garantiza la estabilidad contractual por un término de tiempo que debe ser suficiente como para compensar por el costo directamente relacionado con la entrega de dicho sofisticado equipo tecnológico.
Desde el punto de vista jurídico, esa estrategia contractual encuentra su fundamento en los preceptos que rigen las cláusulas penales por terminación temprana de un contrato bilateral. Ese tipo de cláusula es una estipulación de carácter accesorio a un contrato que tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Ese argumento tiene como resultado el que esa cláusula penal no debe tener efecto en aquellas ocasiones en las cuales no se entregue un equipo celular al momento de la suscripción del contrato.
Como cuestión de derecho la normativa legal con respecto a este tipo de pauta surge del Artículo 1106 del Código civil que dispone, "En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado. Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme a las disposiciones del presente título.". De esa manera, se conceptualiza que la cláusula penal no posee un motivo de lucro, sino que más bien responde a una evaluación anticipada de los perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento de lo que es la obligación principal. Class v. Vehicle Equipment Leasing Co., 143 DPR 186 (1997). Las razones para su incorporación son la de asegurar el fiel cumplimiento con los términos de la obligación contractual; el de evaluar por anticipado los perjuicios que podría ocasionarle al acreedor el incumplimiento del convenio; y, cumplir con una finalidad coercitiva. Jack's Bench Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 DPR 344 (1982).
No obstante, aún partiendo de la premisa de la legítima existencia de una cláusula penal de esta naturaleza, no resulta legítima ni procedente que la susodicha cláusula de sanción económica prevalezca de una manera inmutable e inalterada a través de toda la existencia del contrato sin que se modifique su impacto con el transcurso del tiempo. Ello es así pues el alcance de una cláusula penal se debe interpretar restrictivamente. WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127 (1985).
Conforme con lo anterior, se establece a través de las disposiciones de esta Ley, que tendrá que ser prorrateada una penalidad económica contenida como una cláusula contractual mediante la que se penalice a un consumidor por la terminación temprana de un contrato de servicio celular. De esa manera se aspira a consagrar el objetivo de resguardar al consumidor de los efectos gravosos e irrazonables de una imposición económica exclusivamente punitiva, que no tenga una relación directa con una compensación razonable a la empresa de comunicación celular.
Esa interpretación jurídica resulta aplicable en contratos suscritos con anterioridad, o con posterioridad, a la vigencia de esta ley y esa interpretación no es contraria a los preceptos constitucionales que impiden el menoscabo de las obligaciones contractuales contenidos en el Artículo II, Secc. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el Artículo 1, Secc. 10 de la Constitución de los Estados Unidos de América. No obstante, en el caso de contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la ley, se le concede la alternativa procesal a las empresas de celulares de probar la existencia de una indemnización mayor que nunca podrá superar la penalidad establecida en el contrato suscrito entre las partes. Con esa alternativa se atiende cualquier argumento dirigido a cuestionar la plena vigencia de esta ley en caso de contratos suscritos con anterioridad a la misma.
Mediante las disposiciones de esta ley se logran conciliar de manera razonable y legítima los intereses de los consumidores y los correspondientes a las empresas comerciales dedicadas a la comunicación.
Artículo 1.-Se prohíbe toda cláusula penal por terminación temprana en los contratos de servicios de teléfono celular a término, a menos que dicha penalidad sea prorrateada.
Artículo 2.-Cualquier cláusula contractual en un contrato de servicio de teléfono celular que contenga un cargo por terminación temprana de servicio será prorrateada conforme dispuesto en el Artículo 3 de esta Ley.
Artículo 3.-El prorrateo de los cargos de terminación temprana contenidos en un contrato de servicio de teléfono celular será aplicado mediante una distribución proporcional mensual que comenzará a computarse desde el comienzo del contrato hasta la fecha de terminación temprana, que nunca deberá ser mayor de dos (2) años de duración.
Artículo 4.-La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones podrá promulgar un reglamento para viabilizar los propósitos de esta ley, pero su adopción no es de naturaleza jurisdiccional por lo que esta ley tendrá vigencia desde el mismo momento de su aprobación.
Artículo 5.-Si cualquier artículo de esta ley fuera declarado inconstitucional o nulo, por un tribunal con jurisdicción competente, la sentencia o resolución dictada a tal efecto no afectará ni invalidará las demás disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 6.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
DEPARTAMENTO DE ESTADO Certificaciones, Reglamentos, Registro de Notarios y Venta de Leyes Certifico que es copia fiel y exacta del original Fecha: 30 de diciembre de 2013
Francisco J. Rodríguez Bernier Secretario Auxiliar de Servicios
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