Esta ley crea la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), adscrita al Departamento de Salud, para integrar y centralizar los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de desórdenes mentales, adicción a drogas y alcoholismo. La ley transfiere funciones, personal y recursos de otras agencias gubernamentales, establece procedimientos judiciales para el tratamiento involuntario de adultos y menores, y regula el licenciamiento de instituciones dedicadas a estos servicios. Además, enmienda la Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico para reorganizar el Consejo General de Salud y establece penalidades por violación a la confidencialidad de registros.
(Sustitutivo del Senado al sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 68)
Para crear la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, adscrita al Departamento de Salud; transferir las funciones, poderes, facultades, obligaciones, personal, propiedad mueble e inmueble, récords, fondos y programas del Departamento de Servicios Contra la Adicción y la Secretaría Auxiliar de Salud Mental; establecer todo lo relacionado con los contratos, convenios, obligaciones, leyes y reglamentos vigentes; garantizar los derechos de los empleados transferidos; autorizar al Gobernador, al Administrador y al Secretario de Salud a establecer las medidas administrativas necesarias para las transferencias y la continuación de los servicios; para derogar la Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Servicios Contra la Adicción de Puerto Rico"; para enmendar la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico", a los fines de reorganizar el Consejo General de Salud; establecer penalidades; y para otros asuntos relacionados.
Con la aprobación de la Ley Jones en 1917, se crearon los Departamentos Ejecutivos, que con la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, pasaron a constituir el Consejo de Secretarios. La crean a del Departamento de Salud surge del Artículo IV, Sección 6, de la Constitución d. ierto Rico y de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada. El Departamento de Salud tiene a su cargo el mandato constitucional de atender los asuntos relacionados con la salud física y mental.
El proceso acelerado de cambios sociológicos a los que nuestro pueblo ha sido sometido ha traido disloques que afectan la salud mental y crean situaciones que alteran la estabilidad de la familia en todos los niveles socioeconómicos. Este también es el caso del problema de adicción a drogas y alcoholismo, el cual limita la calidad de los recursos humanos de Puerto Rico, especialmente de nuestra juventud.
La Asamblea Legislativa ha reconocido como política pública que la salud de nuestro pueblo merece y debe tener la más alta prioridad en las gestiones del gobierno. Además, los problemas de la salud han sido motivo de preocupación para los profesionales que prestan servicios en ésta u otras ramas relacionadas. La salud de todo individuo es un asunto que comprende tanto la salud física como la mental.
El Departamento de Salud es la agencia responsable de confeccionar e implantar programas de salud mental y de adicción a drogas, incluyendo los de alcoholismo. Resulta, pues, lógico y conveniente integrar los esfuerzos para atender el problema de adicción a drogas y alcoholismo con aquellos relacionados con la salud mental; y que corresponda al propio Departamento de Salud y al Secretario de Salud poner en vigor el mandato constitucional y de ley de atender y gestionar todo lo relacionado con la salud física y mental en Puerto Rico.
La Asamblea Legislativa entiende que deben integrarse en el Departamento de Salud los recursos del Gobierno de Puerto Rico asignados para asuntos relacionados con la salud mental y la adicción. Se agrupan esas actividades para lograr mayor eficiencia,
economía y uniformidad en la prestación integral de servicios a la clientela con desórdenes múltiples y para evitar la duplicidad y fragmentación de servicios. A tales fines se suprime el Departamento de Servicios Contra la Adicción y se crea la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, adscrita al Departamento de Salud.
Sección 1.- Creación y Título Se crea la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción adscrita al Departamento de Salud, con personalidad jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y administrativa. Esta Administración será responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. Esta Ley se conocerá como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción".
Los siguientes términos y frases tendrán los significados que se indican a continuación:
(a) "Administración" - significa la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, según creada por esta Ley.
(b) "Administrador" - significa el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
(c) "Departamento" - significa Departamento de Salud.
(d) "Secretario" - significa el Secretario de Salud.
(e) "Biosicosocial" - significa las dimensiones físicas, biológicas, psicológicas y sociales relacionadas con desórdenes mentales o adicción.
(f) "Paciente" - significa cualquier persona que esté recibiendo tratamiento para una condición mental, incluyendo dependencia o adicción a sustancias.
(g) "Desorden Mental" - significa una enfermedad con manifestaciones psicológicas asociadas a menoscabo del funcionamiento biológico, psicológico y social. Cada desorden mental tiene señales y síntomas característicos.
(h) "Rehabilitación" - esfuerzo dirigido a aliviar un menoscabo del nivel de funcionamiento biológico, social ó psicológico de una persona que padece un desorden mental.
(i) "Dependencia a Sustancias" - incluye adicción y abuso de sustancias controladas o no controladas, lícitas o ilícitas, incluyendo el alcohol, que afectan negativamente y ponen en peligro el bienestar físico, psicológico y social de una persona.
Sección 3.- Política Pública
El Secretario será el funcionario responsable del cumplimiento cabal de la política pública dispuesta por esta Ley a los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado con la salud mental y la adicción. La Administración será la agencia responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno de Puerto Rico, dirigidos al cumplimiento de dicha política pública a través de programas para la prevención, atención, mitigación y solución de los problemas de la salud mental, de la adicción o la dependencia a sustancias narcóticas, estimulantes y deprimentes, incluyendo el alcohol, a los fines de promover, conservar y restaurar la salud biosicosocial del Pueblo de Puerto Rico. La Administración establecerá y coordinará programas para la educación y orientación de la comunidad y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.
El tratamiento a los pacientes de los programas de adicción, alcoholismo y salud mental estará enfocado mediante el concepto biosicosocial.
La Administración promoverá la participación comunitaria en sus programas y servicios.
Sección 4.- Transferencia de áreas o funciones del Departamento de Servicios Contra la Adicción a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y al Departamento de Salud.
Se transfieren a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción todo el personal; propiedad mueble, inmueble e intelectual; centr se tratamiento, rehabilitación, o de cualquier otra indole; programas; partidas u utilizadas de asignaciones u otros fondos estatales, federales o de cualquier otra indole en poder y bajo la custodia del Departamento de Servicios Contra la Adicción; excepto que todas las funciones, facultades y poderes conferidos al Departamento de Servicios Contra la Adicción por la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, para autorizar a distribuir, dispensar, fabricar y prescribir sustancias controladas de uso médico, investigar toda violación de naturaleza criminal o administrativa a esa Ley, fiscalizar la fabricación, distribución, dispensación y entrega de cualquier sustancia controlada incluida en las clasificaciones II a la V de esa Ley, así como confiscar sustancias controladas de uso médico y propiedad relacionada con la posesión no autorizada de sustancias controladas de uso médico, por la presente se transfieren al Secretario de Salud.
Los fondos necesarios para la continuación de los servicios contemplados en esta Ley, se asignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y al Departamento de Salud, según corresponda.
Sección 5.- Transferencia de la Secretaría Auxiliar de Salud Mental a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
Se ordena y autoriza al Secretario de Salud a tomar las medidas administrativas necesarias para transferir a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción creada por esta Ley todo el personal; propiedad mueble, inmueble e intelectual; centros de tratamiento, rehabilitación, o de cualquier otra indole; programas; partidas no utilizadas de asignaciones u otros fondos estatales, federales o de cualquier otra indole correspondientes a la Secretaría Auxiliar de Salud Mental del Departamento de Salud. Los fondos necesarios para la continuación de los servicios de salud mental, se asignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
La Administración tendrá los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos y las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, los siguientes:
(a) Adoptar, alterar y usar el sello oficial de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
(b) Licenciar, supervisar y llevar y mantener un registro público de todas las instituciones, organizaciones y facilidades, tanto públicas como privadas, dedicadas a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, adicción a drogas y alcoholismo.
(c) Solicitar al Tribunal con competencia la expedición de órdenes judiciales para evitar o restringir la operación de facilidades que estén operando sin estar provistas de la licencia requerida por esta Ley o en violación de los reglamentos aplicables.
(d) Preparar un registro confidencial, por separado, de sus pacientes de adicción y alcoholismo y sus pacientes de salud mental, cuando lo determine necesario para fines de tratamiento, investigativos y estadísticos mediante la reglamentación que establezca el Administrador. Se garantizará la confiabilidad y confidencialidad de todos los registros individuales. Se prohíbe cualquier uso no terapéutico o de investigación científica de dichos registros. Constituirá delito grave cualquier violación de la confidencialidad de dichos registros, punible con un (1) año de reclusión o cinco mil $(5,000)$ dólares de multa o ambas penas a discreción del Tribunal.
(e) Los Secretarios de los Tribunales deberán enviar a la Administración copia de toda sentencia que se dicte contra una persona por infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, en que se haya determinado que el acusado es un adicto a drogas narcóticas, o dependiente a drogas deprimentes o estimulantes.
(f) Formular e implantar los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación que sean necesarios y establecer controles de calidad a los mismos para cumplir los propósitos de esta Ley.
(g) Establecer, administrar y operar facilidades o instituciones para proveer el tratamiento especializado dirigido a las personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias.
(h) Arrendar o subarrendar bienes muebles e inmuebles para su propia utilización; arrendar o subarrendar bienes muebles e inmuebles a instituciones u organizaciones privadas debidamente licenciadas por la Administración, dedicadas a la prevención, tratamiento no medicado y rehabilitación de las personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias; ceder el uso o posesión de bienes muebles e inmuebles, a instituciones u organizaciones privadas sin fines de lucro debidamente licenciadas dedicadas a la prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias. Toda cesión se realizará conforme a las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables. El Administrador deberá, antes de disponer de los bienes en la forma autorizada, evaluar la institución u organización de que se trate y al programa que lleva a cabo, así como los servicios que presta a la comunidad en general y a la población afectada. El arrendamiento,
subarrendamiento o la cesión estará sujeta a las normas y condiciones fijadas por el Administrador.
(i) Concertar convenios y acuerdos con departamentos, agencias, corporaciones, organismos y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los varios Estados de la Unión y del Gobierno de los Estados Unidos, y con instituciones privadas, con o sin fines de lucro, cuando se determine que los mismos son necesarios para alcanzar los objetivos de esta Ley.
(j) Gestionar, aceptar y recibir de cualquier fuente, donaciones o ayuda, en dinero, bienes o servicios.
(k) La Administración tendrá facultad para generar recursos propios y para cobrar a terceros por servicios prestados. Los fondos recaudados por estos conceptos ingresaran al fondo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción como recobro de los costos operacionales incurridos. Los fondos recaudados bajo esta disposición serán utilizados de acuerdo con las prioridades que establezca el Administrador para suplementar la remuneración del personal o mejorar los servicios y facilidades de la Administración.
Sección 7.- Secretario Dentro del marco de esta Ley, el Secretario tendrá las siguientes funciones y poderes:
(a) Nombrar y supervisar al Administrador, así como fijarle su sueldo.
(b) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa en la formulación e implantación de la política pública relacionada con la salud mental y la adicción.
(c) Coordinar con el Administrador la asignación de personal del Departamento a la Administración y de la Administración al Departamento, a base de criterios que propicien el uso más eficiente de los recursos humanos, sin que se afecten las funciones asignadas por ley a la Administración o al Departamento. La asignación de empleados estará vigente mientras el Secretario y el Administrador entiendan que lo requiere la necesidad del servicio. Los empleados así asignados conservarán sus derechos y escalas salariales. Se dispone que ninguna asignación de empleados del Departamento a la Administración o de la Administración al Departamento, podrá afectar negativamente o reducir las escalas salariales, derechos y beneficios de los empleados así asignados.
(d) Autorizar a distribuir, dispensar, fabricar y prescribir sustancias controladas de uso médico; fiscalizar la fabricación, distribución, dispensación y entrega de cualquier sustancia controlada incluida en las clasificaciones de la II a la V; confiscar sustancias controladas de uso médico y propiedad relacionada con la posesión no autorizada de sustancias controladas de uso médico.
(e) Investigar toda violación de naturaleza criminal o administrativa a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", cuando dichas violaciones estén relacionadas con la fabricación, distribución, dispensación y entrega de cualquier sustancia controlada incluida en las clasificaciones II, III, IV y V de dicha Ley y aquellas relacionadas con las sustancias controladas en la clasificación I, cuando en relación con la misma se haya expedido un certificado de registro para llevar a cabo investigaciones con dichas sustancias.
f) Delegar a los inspectores de sustancias controladas las facultades correspondientes a un agente del orden público, las cuales incluyan, entre otras: la facultad de tener, poseer, portar, transportar y conducir armas de fuego bajo las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", la facultad para efectuar arrestos, para cumplir y diligenciar órdenes de allanamiento y citaciones, la facultad para incautarse de propiedad de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 512 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, y la facultad para tomar juramentos y declaraciones juradas, así como facultades relacionadas con los trámites del registro de fabricantes, distribuidores y dispensadores; y cualesquiera otras que estime necesarias o convenientes.
(g) Luego de ser notificado por el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico de toda resolución u orden imponiendo sanciones a un médico, el Secretario tomará las medidas necesarias con relación a los registros de personas debidamente autorizadas para prescribir sustancias controladas.
Sección 8.- Administrador Las operaciones y el funcionamiento de la Administración estarán coordinadas por un Administrador, nombrado por el Secretario, quien le fijará su sueldo.
La persona que ocupe el cargo de Administrador deberá poseer suficientes conocimientos y experiencia en el campo de las ciencias de la conducta humana y destrezas administrativas que le cualifiquen para hacer cumplir la política pública relacionada con la salud mental y la adicción.
El Administrador desempeñará los siguientes deberes y funciones:
(a) Ejercer la función nominadora, pudiendo nombrar, contratar, trasladar, remover y asignar responsabilidades y conferir facultades al personal de la Administración a base de criterios que propicien el uso más eficiente de todos los recursos.
(b) Delegar a sus subalternos aquellas facultades, poderes, deberes y responsabilidades que entienda convenientes para agilizar los trámites administrativos y la prestación de los servicios.
(c) Contratar personal de otros departamentos y agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios fuera de sus horas regulares de trabajo que sean indispensables para el funcionamiento de la Administración y de sus programas, en los campos de la siquiatría, sicología, trabajo social, consejería de rehabilitación, instrucción vocacional, tecnología médica, terapia ocupacional y química, sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Político de Puerto Rico, previa autorización del jefe del organismo gubernamental correspondiente.
Con relación a la contratación del personal técnico y especializado de otras agencias, el Administrador deberá realizar gestiones con la Oficina Central de Administración de Personal y con Servicios de Empleo, dejando constancia escrita de los esfuerzos por reclutar el personal necesario para los programas de la Administración y de la imposibilidad de conseguir ese personal fuera de las agencias gubernamentales.
(d) Realizar estudios e investigaciones, incluyendo aquellos de naturaleza social, científica y técnica, que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones y para brindar asesoramiento a instituciones y organizaciones públicas y privadas. Para este menester
establecerá y operará dentro de la administración un Instituto de Investigaciones y Adiestramiento.
(e) Promulgar, enmendar y derogar normas y reglamentos para el funcionamiento interno de la Administración y aquellos que sean necesarios para poner en vigor esta ley y los programas de la Administración.
(f) Gestionar, ofrecer y asignar mediante los parámetros y procedimientos establecidos por Reglamento la ayuda técnica, profesional y económica que se determine necesaria para coordinar, expandir, mejorar e implantar los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación llevados a cabo por instituciones y organizaciones privadas. Esta ayuda podrá ser en dinero, servicios, materiales o la cesión gratuita del uso de bienes muebles e inmuebles. Asimismo supervisará, evaluará y controlará el uso de fondos estatales y federales que hayan sido gestionadas a través de la agencia por parte de las instituciones u organizaciones que reciban asistencia económica o cesiones gratuitas por virtud de esta Ley o mediante asignaciones legislativas. Requerirá, al menos, un informe anual a cada organización que reciba ayuda económica, técnica o profesional el cual contendrá un desglose del uso de los recursos asignados. Dicho informe será público.
(g) Revisar y estudiar la legislación, reglamentación u órdenes administrativas que rigen las funciones, programas y organismos gubernamentales que se han transferido a la Administración y someter al Secretario las recomendaciones que entienda necesarias y convenientes.
(h) Solicitar y obtener la cooperación de otros departamentos, instrumentalidades y corporaciones públicas o municipios, en cuanto al uso de personal, oficinas, equipo, materiales y otros. Estos organismos quedan autorizados para prestar dicha cooperación a la Administración.
(i) Establecer e implantar un intenso y abarcador programa de educación y orientación en las escuelas públicas y privadas y en la comunidad en general, sobre los problemas biosicosociales bajo su jurisdicción y los mecanismos para la prevención, tratamiento y rehabilitación.
(j) Formular y someter, con el concurso del Secretario, la petición de presupuesto a la Oficina de Presupuesto y Gerencia.
(k) Adquirir de cualquier forma equipo, materiales y la propiedad mueble e inmueble que sean necesarias para el funcionamiento de la Administración. (1) Administrar cualquier programa federal que, por su naturaleza, propósito y alcance esté relacionado con las funciones de la Administración. A estos fines concertará los convenios o acuerdos necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda recibir dichos fondos y beneficios.
(m) Concertar acuerdos con los correspondientes organismos gubernamentales de los varios estados de la Unión y del Gobierno Federal sobre el intercambio de información de programas, estudios e investigaciones relacionados con las funciones que le han sido encomendadas por esta Ley.
(n) Establecer, en coordinación con el Secretario y con la aprobación del Secretario de Justicia y del Administrador de Corrección, convenios, contratos y acuerdos encaminados a traspasar la operación de programas o servicios de salud mental o contra
la adicción a entidades privadas, con o sin fines de lucro, sujeto a las leyes y reglamentos aplicables con anterioridad al otorgamiento de cualquier contrato con una entidad privada, con o sin fines de lucro, para operar programas o proveer servicios de salud mental o contra la adicción, el Administrador y el Secretario determinarán fehacientemente que la entidad sea viable y que posea la capacidad técnica y económica necesaria para proveer adecuada y eficientemente los servicios propuestos. El Administrador establecerá una monitoria continua de tales entidades para asegurar la continuada calidad de los servicios y proteger los mejores intereses de los pacientes afectados. Además, todo contrato otorgado de acuerdo con esta disposición contendrá una cláusula específica de terminación inmediata, en caso de que la entidad privada incumple con los requisitos de calidad y eficiencia dispuesto por el Administrador y el Secretario.
(o) Designar un funcionario de la Administración como su representante en el Comité de Traslado al cual se hace referencia en las Sección 12 de esta Ley.
Sección 9.- Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de Personas con desórdenes mentales y/o adicción - Admisión en Instituciones
La Administración y/o aquellas instituciones licenciadas por ésta deberán admitir para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en las facilidades bajo su jurisdicción a personas con desórdenes mentales y/o adicción cuyo ingreso ordene cualquier Tribunal con competencia o a los adictos y enfermos mentales que voluntariamente lo soliciten.
Se dará prioridad para admisión a tratamiento y rehabilitación en las facilidades de la Administración a personas de escasos recursos económicos sobre otras que, contando con recursos económicos, pueden utilizar facilidades o instituciones privadas. El criterio para determinar si una persona es de escasos recursos económicos será el utilizado por el Departamento en la prestación de servicios médico-hospitalarios con cargos a fondos públicos dentro del Plan de Asistencia Médico-Hospitalaria.
Sección 10.- Procedimiento Judicial para tratamiento involuntario para personas con trastornos mentales.
En aquellos casos que las personas evidencien desórdenes mentales, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, según enmendada, conocida como Código de Salud Mental de Puerto Rico.
Sección 11.- Procedimiento Judicial para Adictos Cuando el Administrador tenga evidencia de que cualquier persona mayor de dieciocho (18) años de edad es un adicto a drogas narcóticas o alcohol, podrá radicar por conducto del Secretario de Justicia una petición ante la sala del Tribunal con competencia, correspondiente al domicilio o residencia de dicha persona, exponiendo los hechos que fundamentan su petición y solicitando del Tribunal que ordene el ingreso de dicha persona a la facilidad o institución correspondiente, previo el cumplimiento de los trámites que se exigen en esta Sección. La petición vendrá acompañada de una certificación del Administrador acreditando que están disponible facilidades apropiadas para brindar los servicios de tratamiento y rehabilitación.
Una vez presentada la petición, el Tribunal citará a la persona afectada y celebrará una vista a los únicos fines de determinar si existe causa para intervenir con la persona. Luego de dicha determinación deberá citarse a la persona para que comparezca ante el Tribunal. El proceso será en privado, a menos que la persona sujeto del mismo solicite que sea público. En todas las etapas de este proceso, la persona afectada por la petición
del Administrador tendrá derecho a estar asistido por abogado. De carecer de recursos para contratar representación legal, el Tribunal le asignará un abogado.
Si el Tribunal determina que existe causa para creer que la persona es adicta a drogas narcóticas o alcohol, ordenará una evaluación de dicha persona.
El Tribunal podrá ordenar que la persona sea ingresada en una institución apropiada por un término que no excederá los cinco (5) días a los fines de que se evalúe. El personal designado por la administración para participar en la evaluación de la persona presentará dentro del término de cinco (5) días a partir de la fecha en que se practicó la evaluación, un informe que deberá contener el resultado de la evaluación y una conclusión de si la persona es o no un adicto a drogas narcóticas o alcohol. Ningún informe relativo a exámenes físicos o mentales de la persona sujeto de este procedimiento, o ninguna otra evidencia obtenida durante o a consecuencia del procedimiento aquí establecido, podrá ser dado a la publicidad o ser utilizado en su contra, y no será admisible en ningún proceso judicial que se inste contra dicha persona.
Una vez presentados los informes de las evaluaciones practicadas, se celebrará una vista en la sala del Tribunal en que se inició el proceso. Este se regirá por las Reglas de Evidencia y de Procedimiento aplicables a los casos civiles. A base de la prueba presentada en la vista, el Tribunal determinará si la persona es o no un adicto a drogas narcóticas o alcohol. Si la determinación judicial es que la persona es adicta, el Tribunal ordenará al Administrador a que recluya a dicha persona en calidad de paciente para el tratamiento adecuado en una institución que a tales fines provea la Administración. La resolución del Tribunal que declara que dicha persona es adicta y que ordena su tratamiento será de carácter compulsorio y el paciente así recluido permanecerá en la institución hasta que hubiere recibido todo el tratamiento que pueda ofrecérsele, o hasta que el Administrador certifique al Tribunal el relevo o terminación del tratamiento.
El Administrador designará un funcionario en la institución donde esté recibiendo tratamiento el paciente para que someta al Tribunal informes periódicos. Dichos informes detallarán la forma en que se desarrolla el tratamiento y cualquier otra información que requiera el Tribunal, así como una recomendación específica en cuanto a la conveniencia de que se prosiga o no con el tratamiento compulsorio del paciente.
Cuando el Administrador o el funcionario al que éste delegue, recomiende al Tribunal la descontinuación del tratamiento debido al restablecimiento del paciente o porque éste ya ha recibido el máximo de tratamiento que puede ofrecer la institución, el Tribunal determinará, luego de oír al paciente, si éste debe o no continuar recibiendo tratamiento. Si el Tribunal determinare que no es necesario o viable mantener el paciente bajo tratamiento, ordenará que se le dé de alta inmediatamente y notificará con copia de dicha resolución al Administrador.
El Tribunal, motu proprio o a petición del paciente, y después de que el paciente haya estado bajo tratamiento por un (1) año, citará al encargado de la institución en que se está ofreciendo tratamiento a dicho paciente para mostrar causa de por qué no se le ha dado de alta al paciente. Si el Tribunal, luego de escuchar a ambas partes, determinare que el paciente ha recibido el máximo de tratamiento y está rehabilitado, ordenará que se le dé de alta y notificará con copia de su resolución al Administrador.
Toda persona que hubiere sido declarada adicta a drogas narcóticas o alcohol deberá, dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del tratamiento a que fue sometida, comparecer personalmente ante el Administrador o ante la persona que éste delegue, durante aquellos periodos que se prescriban por reglamento para determinar si la
persona ha reincidido en el uso de drogas. Durante estas visitas periódicas, la persona podrá ser sometida a aquellas evaluaciones físicas y análisis toxicológicos que ordene el Administrador. De negarse a cumplir con las citaciones hechas por el Administrador o la persona en quien éste delegue, la comparecencia deberá ser gestionada a través del mismo Tribunal donde se determinó la adicción de la persona que sea sujeto del procedimiento dispuesto en ésta Sección.
Ninguna persona que sea sometida al tratamiento compulsorio que se autoriza en esta Sección, será considerada como infractor de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada. Cualquier orden del Tribunal ordenando tratamiento en una institución no se considerará, bajo ninguna circunstancia, como una convicción o sentencia criminal.
Toda persona que sea un adicto a drogas narcóticas o alcohol o contra quien se radique una petición bajo esta Sección, podrá renunciar a cualquiera de las vistas que se le reconocen y solicitar voluntariamente que se le ofrezca tratamiento en la institución que designe el Tribunal. Esta persona estará sujeta a las mismas obligaciones que se le impongan a las personas que compulsoriamente son sometidas a tratamiento en las instituciones bajo las disposiciones de esta Ley.
Sección 12.- Tratamiento para Convictos Adictos a Drogas y/o Alcohol Toda persona convicta por cualquier delito público que se encuentre confinada en una de las instituciones correccionales bajo la jurisdicción del Administrador de Corrección y que sea adicta a drogas narcóticas o alcohol deberá ser sometida a tratamiento, el cual será compulsorio.
Se establece el siguiente procedimiento para evaluar los casos de aquellos confinados que estén en etapa de ser transferidos a las instituciones de la Administración o a las instituciones privadas debidamente licenciadas para continuar su tratamiento y rehabilitación, sujeto a las condiciones que se establezcan mediante reglamento.
(a) Los casos serán sometidos a un comité que se denominará Comité de Traslado, compuesto por representantes del Administrador, del Administrador de Corrección y de los programas privados debidamente licenciados que presten servicios a la población penal. Una vez evaluado el caso, el Comité de Traslado determinará si el confinado cualifica para tratamiento adicional y rehabilitación, y recomendará al Administrador de Corrección su transferencia a la facilidad de la Administración o institución privada debidamente licenciada que corresponci, y que cumpla mediante reglamentación con requisitos básicos para recibir este tipo de población. El Administrador de Corrección tomará la decisión final en cuanto a los traslados de los confinados a las instituciones de la Administración, o a instituciones privadas.
(b) Una vez efectuado el traslado, el confinado quedará bajo la custodia física del Administrador o del Director de la institución privada debidamente licenciada, quienes adoptarán todas aquellas normas, reglas y medidas necesarias para garantizar su custodia durante el tratamiento y rehabilitación, así como la protección a la seguridad pública. El tiempo que el confinado esté sujeto a tratamiento y rehabilitación, incluyendo el término de los permisos de salida dispuestos en esta Sección, le serán acreditados a su sentencia.
(c) El Administrador, o el Director de la institución privada, podrán conceder permisos a los confinados trasladados por el Administrador de Corrección para continuar su tratamiento y rehabilitación en facilidades o instituciones bajo su jurisdicción, para
visitar sus hogares o para cualquier otro fin siempre que se determine que la concesión de dichos privilegios constituye una medida conveniente y necesaria para la rehabilitación del confinado. Estos permisos se concederán de acuerdo a lo establecido por el Administrador de Corrección.
(d) El Director de la facilidad o institución donde esté bajo tratamiento el confinado recomendará la concesión del permiso y los términos y condiciones del mismo, previa consulta con el personal técnico que tiene a su cargo el tratamiento y rehabilitación del confinado en dicha institución.
(e) El Administrador, previa consulta con el Administrador de Corrección, promulgará un reglamento que regirá todo lo relativo a la concesión de permisos de salida de los confinados que se encuentran recluidos en facilidades de la Administración o instituciones debidamente licenciadas por ésta.
(f) A su regreso a la institución de un permiso de salida, el confinado será sometido a los exámenes que fueran necesarios para determinar si ha utilizado drogas narcóticas, o drogas deprimentes o estimulantes. El Director de la facilidad se entrevistará con el confinado y se comunicará con su familia, así como con sus vecinos para evaluar los resultados de la visita, todo ello a los fines de evaluar la concesión de permisos sucesivos. El tiempo durante el cual el confinado haya estado de visita en su hogar mediante permiso y observando buena conducta, le será abonado a la sentencia.
(g) El Administrador o el Director de la institución privada debidamente licenciada mantendrá informado al Administrador de Corrección del desarrollo del programa de tratamiento y rehabilitación y del progreso de cada caso bajo tratamiento. Si durante el transcurso del mismo el Administrador o el Director de la institución privada determina, luego de una evaluación del caso, que el confinado no está respondiendo al tratamiento, o ha violado las normas o reglas aplicables, lo notificará al Administrador de Corrección, quien procederá a trasladar al confinado a la institución penal correspondiente, conforme a lo establecido mediante reglamento.
(h) Cuando el confinado haya completado tratamiento según los criterios establecidos por la Administración o por la institución privada donde se encuentre bajo tratamiento, se notificará de este hecho al Administrador quien deberá certificarlo al Administrador de Corrección.
(i) El Administrador y el Administrador de Corrección promulgarán los reglamentos para sus respectivas Administraciones que sean necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta Ley.
Sección 13.- El Departamento de Salud y la Administración de Corrección asumirán la responsabilidad de los costos incurridos por la Administración o por los programas privados debidamente licenciados por los servicios prestados a los confinados. Los costos serán establecidos mediante acuerdos entre el Secretario, el Administrador y el Administrador de Corrección.
En el caso de menores de dieciocho (18) años adictos a drogas narcóticas, con dependencia a drogas deprimentes o estimulantes y alcohólicos, o con problemas mentales, el Administrador deberá obtener previamente la autorización del padre o la madre, del tutor o de la persona que lo tiene a su cargo, para poder ofrecerle tratamiento y rehabilitación. Cuando el padre o la madre, tutor o persona que tiene a su cargo a un
menor o incapacitado mental, se negare a dar la autorización, el Administrador queda facultado para iniciar la acción correspondiente ante cualquier sala del Tribunal con competencia, para que éste autorice el tratamiento y rehabilitación del individuo en las facilidades o instituciones de la Administración o en aquellas facilidades o instituciones privadas debidamente licenciadas.
La Administración o cualquier programa privado debidamente licenciado podrá admitir para tratamiento y rehabilitación a un menor que sea adicto o usuario de drogas o que presente problemas con el alcohol que interese recibir tratamiento para su condición.
Sección 15.- Menores bajo la Jurisdicción del Tribunal. En el caso de menores adictos a drogas narcóticas, dependientes a drogas deprimentes o estimulantes, o alcohólicos, que estén bajo la jurisdicción del Tribunal, la Administración queda facultada para comparecer ante éste y solicitar que el menor sea referido e ingresado en determinada facilidad de la Administración, o en aquellas instituciones privadas debidamente licenciadas para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El Tribunal podrá, en consideración a la solicitud de la Administración, y del bienestar del menor y de la comunidad, ordenar que el menor sea colocado bajo la custodia de la Administración para que ésta ingrese al menor en la institución adecuada para su tratamiento y rehabilitación. El Administrador no podrá dar por terminado el periodo de custodia, ni podrá sacar al menor de la jurisdicción del Tribunal sin la previa autorización del mismo. La Administración coordinará con el Tribunal para que éste le notifique todos los casos en que están involucrados menores adictos a drogas narcóticas, dependientes a drogas deprimentes o estimulantes o alcohólicos.
El Administrador es el único funcionario autorizado a expedir, denegar, renovar o revocar licencias para la operación de facilidades e instituciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a la prevención, tratamiento no medicado y rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias narcóticas, deprimentes o estimulantes, incluyendo el alcohol.
El Administrador queda autorizado por esta Ley para establecer la reglamentación necesaria a los fines de licenciar dichas instituciones y facilidades. Además, reglamentará la operación de dichas facilidades e instituciones.
Las licencias que otorgue el Administrador serán por un término de dos (2) años. El Administrador requerirá el cumplimiento de requisitos mínimos que, de no cumplirse, conllevarán la revocación de la licencia otorgada, previa vista al efecto. El Administrador establecerá mediante reglamento los costos que tendrá que pagar la institución que solicita la licencia, estableciéndose categorías entre instituciones con o sin fines de lucro. La reglamentación que a estos efectos adopte el Administrador establecerá, entre otros requisitos para la concesión y renovación de licencia que el solicitante describa la naturaleza y la filosofía del programa de prevención, tratamiento o rehabilitación que utilizará, la experiencia acumulada, si alguna, datos objetivos en cuanto a la probabilidad de éxito del programa, evidencia de la competencia profesional, administrativa y financiera de la entidad solicitante y de su personal, descripción y cabida de las facilidades físicas en las cuales se propone operar, clientela que se propone servir y sistemas de evaluación y auditoria de que dispone.
Como parte de sus poderes de licenciamiento, el Administrador podrá solicitar a las instituciones toda aquella información y documentos que considere pertinente y podrá
asimismo inspeccionar sus instalaciones. El Administrador podrá solicitar el auxilio del Tribunal con competencia para hacer valer sus poderes y prerrogativas sobre estas instituciones. Disponiéndose, que el Administrador establecerá una monitoria continua de tales facilidades e instituciones para asegurar la continuada calidad y efectividad de los servicios prestados y proteger los mejores intereses de los pacientes. El Administrador podrá, previa vista al efecto, suspender o revocar en cualquier momento tales licencias cuando determine que una facilidad o institución incumple con los requisitos de calidad y efectividad establecidos.
Sección 17.- Vigencia de Acuerdos, Convenios, Reclamaciones y Contratos Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, contrato, convenio o reclamación en vigor a la fecha de aprobación de esta Ley y durante el periodo de transferencia. Una vez efectuada esa transferencia, el Administrador, mediante reglamento al efecto, podrá negociar, dar por terminados, o modificar tales acuerdos, convenios o contratos.
Sección 18.- Reglamentos A los fines de que las transferencias autorizadas por esta Ley no afecten negativamente la continuidad de los programas y servicios, se autoriza como medida transitoria que aquellos reglamentos, reglas y órdenes aplicables al Departamento de Servicios Contra la Adicción y a la Secretaría Auxiliar de Salud Mental del Departamento de Salud, que no estén en conflicto con esta Ley, continuarán en vigor hasta que sean enmendados, derogados o sustituidos por el Administrador. Los reglamentos autorizados al amparo de esta Ley deberán ser promulgados dentro de un (1) año a partir de la aprobación de esta ley.
Sección 19.- Referencia A partir de la vigencia de esta Ley, toda ley que se refiera al Departamento de Servicios Contra la Adicción o a la Secretaría Auxiliar de Salud Mental del Departamento de Salud, se entenderá como refiriéndose a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
Sección 20.- Personal A los efectos de las transferencias dispuestas por esta Ley, se garantiza a todos los empleados afectados por las mismas, todos los derechos, privilegios, obligaciones y condiciones adquiridos bajo las leyes y reglamentos de p. sonal vigentes al momento de la aprobación de esta Ley, así como lo relacionado al sistema de retiro, fondos de ahorros y préstamos, al cual estuvieran afiliados o acogidos al aprobarse esta Ley.
El Secretario y el Administrador tomarán todas las medidas necesarias para trasladar, reubicar, reclasificar o llevar a cabo cualquier otra transacción de personal, de forma que se proteja al máximo la seguridad de empleo a los empleados afectados por esta Ley.
La Administración constituirá un administrador individual conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", y seguirá las normas del sistema de mérito.
Sección 21.- Medidas Transitorias
El Gobernador y el Secretario quedan autorizados para adoptar aquellas medidas transitorias que fueren necesarias a los fines de que se efectúen las transferencias decretadas por esta Ley, sin que se interrumpan los procesos administrativos y las funciones de los asuntos y programas transferidos.
No obstante la fecha de vigencia dispuesta para esta Ley, el Secretario de Salud y el Secretario de Servicios Contra la Adicción quedan facultados para comenzar a tomar las medidas necesarias o pertinentes para llevar a cabo las transferencias contempladas en esta Ley desde la fecha de su aprobación.
Sección 22.- Derogación Se deroga la Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Servicios Contra la Adicción de Puerto Rico".
Sección 23.- Se enmiendan los Artículos 4, 5 y 8 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, para que se lean como sigue: "Artículo 4.-Consejo General de Salud-Creación y composición Para asesorar al Secretario de Salud en los asuntos de la política pública de ese Departamento; formular recomendaciones en cuanto a su implantación; realizar estudios, por su propia iniciativa o por encomienda, en torno a todos aquellos asuntos de su competencia y servir como mecanismo eficaz para la interacción positiva de los componentes principales del sistema de salud, se crea el Consejo General de Salud que será un organismo asesor con funciones de planificación, coordinación, revisión y evaluación de los sistemas de salud en Puerto Rico, tanto en el sector público como privado.
Este organismo estará integrado por treinta y tres (33) miembros a ser nombrados por el Gobernador en la siguiente forma:
(a) Once (11) miembros serán nombrados directamente por el Gobernador, siete de los cuales representarán el sector de proveedores de servicios en la siguiente forma: un (1) médico, un (1) administrador de servicios de salud, un (1) educador en salud, un (1) dentista, un (1) profesional de la enfermería, un (1) proveedor de servicios de salud mental y un (1) proveedor de servicios contra la adicción. Los cuatro (4) miembros restantes representarán a los consumidores de entre los cuales uno (1) deberá representar al sector laboral y otro al sector financiero.
(b) Doce (12) miembros ex officio, quienes serán el Secretario de Servicios Sociales, el Administrador de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Administrador de Corrección; el Administrador de Instituciones Juveniles; el Director de la Oficina de Asuntos de la Juventud, el Rector del Recinto de Ciencias Médicas, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, el Director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Secretario de Educación; el Director Ejecutivo de la Administración de Compensación de Accidentes de Automóviles, el Comisionado de Seguros y el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.
(c) Dies (10) miembros serán nombrados de entre una lista de candidatos del sector de los proveedores y de los consumidores, a ser sometida al Gobernador por grupos de proveedores y consumidores organizados en las seis (6) regiones de Salud establecidas. Entre estos grupos tendrá prioridad el Departamento que representa a Puerto Rico en la
Agencia de Sistemas de Salud (Health Systems Agency - H.S.A.) según la Ley Federal P.L. 93-641. Dicha lista incluirá igual proporción de proveedores y consumidores con un mínimo de cinco (5) candidatos de cada una de las subáreas que componen la referida agencia federal.
De entre los candidatos que se le sometan al Gobernador, éste escogerá los miembros del Consejo tratando de lograr que haya en el mismo representación de los alcaldes, de las diversas áreas geográficas, de diversas edades, sexo y nivel socioeconómico; así como de las diversas organizaciones profesionales relacionadas a la Salud. Los miembros del Consejo deberán ser al momento de su nombramiento, ciudadanos de los Estados Unidos de América y residentes en Puerto Rico y personas comprometidas con la política pública de salud y los principios enmarcados en esta Ley, respetuosos del criterio ajeno y dispuestos a acatar el consenso de la mayoría. Los miembros del Consejo que representen profesiones de salud deberán estar al momento de su selección en el ejercicio directo y activo de su profesión y serán nombrados por el Gobernador en consulta con las correspondientes organizaciones profesionales legalmente constituidas y que representen el mayor número de miembros de los profesionales con licencia regular para ejercer dicha profesión.
Todo miembro del Consejo nombrado por el Gobernador ejercerá su cargo por el término de cuatro (4) años hasta que su sucesor tome posesión del mismo. Los miembros no podrán ser nombrados por más de dos (2) términos consecutivos. Los miembros del Consejo, en reunión convocada a esos efectos por el Secretario de Salud, elegirán de entre sí un Presidente.
El Gobernador, a iniciativa propia o a solicitud del Consejo, podrá destituir a cualquier miembro del Consejo en caso de abandono o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, ausencia injustificada a las reuniones del Consejo en más de tres (3) ocasiones consecutivas, o por otra causa justificada, previa formulación de cargos y oportunidad de ser escuchado.
Los miembros del Consejo recibirán cincuenta (50) dólares por concepto de dietas por cada día en que asistan a reuniones o realicen gestiones oficiales del Consejo, excepto los funcionarios del Gobierno.
Todos los miembros del Consejo tendrán derecho al reembolso por los gastos de transportación en que incurrieran en el desempeño de sus funciones, con sujeción a los reglamentos aplicables del Departamento de Hacienda.
Cuando quede vacante el cargo del Presidente, o durante su ausencia temporera, el miembro de mas antigüedad desempeñará las funciones del Presidente hasta que la vacante sea cubierta o la ausencia temporera haya terminado. De haber más de uno de dichos miembros con la misma antigüedad, los miembros del Consejo seleccionarán al Presidente temporero entre ellos.
De ocurrir una vacante entre los miembros del Consejo el Gobernador cubrirá dicha vacante, dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurrió la vacante, por el remanente del término del miembro que cesa como tal." "Artículo 5.- Organización El Consejo podrá crear aquellos comités especiales que estime necesarios para llevar a cabo sus funciones.
Tanto el Consejo como cualquiera de sus comités podrá gestionar asesoramiento profesional o técnico externo con el propósito de cumplir sus funciones o encomiendas. Las agencias gubernamentales relacionadas con el campo de la salud estarán obligadas a suplir la información, el asesoramiento y los recursos que les sean requeridos por el Consejo siempre que los mismos estén disponibles.
Diecisiete (17) miembros constituirán quórum para celebrar las reuniones del Consejo en pleno y sus acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes.
El Consejo en pleno se reunirá cuantas veces lo estime necesario, pero no menos de una vez cada tres (3) meses. El Consejo deberá celebrar por lo menos una (1) reunión al año en la cual el público en general tenga la oportunidad de expresar sus puntos de vista relacionados con el campo de la salud en Puerto Rico y los servicios que preste el Departamento. A tales efectos deberá publicar la convocatoria, no más tarde de los treinta (30) días previos a la reunión, en por lo menos dos (2) diarios de circulación general.
Tanto el Consejo como sus comités o comisiones mantendrán a la disposición del público las actas de todas las reuniones que celebren, así como los informes que rindan en torno a sus operaciones y estudios." "Artículo 8.- Prioridades A los fines de darle vigencia inmediata a la política pública declarada en esta Ley, se autoriza y ordena al Consejo que le otorgue prioridad a las siguientes áreas dentro del marco de sus responsabilidades y funciones:
Será, además, responsabilidad del Consejo evaluar continuamente la eficacia de los esfuerzos que estén llevando a cabo los organismos gubernamentales para atender las prioridades antes señaladas utilizando, sin que ello constituya una limitación, medición empírica de variables y análisis de los indicadores de salud y de cualquier otra información o data estadística que sea relevante. Una vez realizada esta evaluación el Consejo formulará las recomendaciones que estime pertinentes."
Sección 24.- Si cualquier Artículo, Sección o disposición de esta Ley fuere declarado nulo o inconstitucional en todo o en parte por un Tribunal con jurisdicción, su nulidad o inconstitucionalidad no afectará, perjudicará ni invalidará las disposiciones restantes de tal Artículo, Sección o disposición ni de esta Ley.
Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) dias después de su aprobación, excepto las Secciones 21 y 24 que tendrán vigencia inmediata.