Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 98)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una petición de certiorari en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios solicitaron dejar sin efecto una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de sustitución de parte y consolidación. El recurso, presentado inicialmente como apelación, fue acogido como certiorari por tratarse de una resolución interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. Fundamentó su decisión en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que rigen la revisión de órdenes interlocutorias. Estas reglas limitan la intervención apelativa para evitar dilaciones innecesarias, salvo en situaciones específicas o cuando esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. El tribunal recordó que no debe intervenir con las determinaciones discrecionales del foro primario a menos que haya prejuicio, parcialidad, abuso craso de discreción o error manifiesto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Wanda I. Robles Vélez. El recurso buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Utuado que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud de reconsideración se refería a la denegatoria de una petición de orden de protección al amparo de la Ley Contra el Acecho contra Hailee Rodríguez Vázquez. La Peticionaria alegó errores en la decisión del foro primario y en la aplicación de los términos procesales. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar la solicitud y la normativa aplicable a los recursos de certiorari. Tras revisar los documentos, concluyó que el recurso fue presentado fuera del término de treinta días establecido por el Reglamento del Tribunal. Al ser el recurso tardío, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para intervenir en la controversia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso presentado sin entrar a considerar los méritos de la denegatoria de la orden de protección.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN202100650. La apelación fue presentada por Javier G. Miranda Sanabria contra Hewlett Packard Caribe B.V, LLC. El apelante impugnó una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado y represalias. Miranda Sanabria alegó que su cesantía en octubre de 2016 fue una represalia por quejarse de sus condiciones laborales, no una reorganización empresarial. Argumentó que fue sustituido por empleados de menor antigüedad y menos capacitados. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Hewlett Packard. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la causa de acción del apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó su emplazamiento por edicto. El caso subyacente es una demanda de desahucio y cobro de dinero presentada contra los peticionarios y otra entidad. Los peticionarios argumentaron ante el tribunal de instancia que no fueron debidamente emplazados inicialmente. El demandante solicitó emplazar por edicto, pero el Tribunal de Primera Instancia denegó la primera solicitud por gestiones insuficientes. Una solicitud de reconsideración también fue denegada por incumplimiento de la declaración jurada. Posteriormente, el demandante presentó una segunda solicitud con una nueva declaración jurada. El Tribunal de Primera Instancia finalmente autorizó el emplazamiento por edicto mediante la resolución ahora recurrida. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de dicha autorización.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Banco Popular. El Banco Popular impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que impuso sanciones por expoliación de prueba. El caso subyacente trata sobre alegaciones de explotación financiera y daños relacionados con la cancelación de certificados de depósito. Los demandantes sostienen que fondos pertenecientes a Haydée Soto Soto fueron retirados indebidamente de certificados en una sucursal del Banco Popular. También demandaron al Banco Popular por negligencia y por no prevenir la explotación financiera. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Banco Popular tenía el deber de preservar un video relevante y que lo destruyó intencionalmente. Como sanción, el tribunal eliminó las alegaciones del Banco Popular y le anotó la rebeldía. El Banco Popular solicitó la revisión de esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que impuso las sanciones por expoliación de prueba.

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Resolución de un panel de jueces de apelación que considera dos peticiones de certiorari consolidadas. Las peticiones fueron presentadas por Rainbow of Puerto Rico, Inc., Víctor Peralta, Jackie Peralta y Rexair, Inc. Buscaban la revocación de decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un litigio iniciado por Héctor Maldonado Rosado, Ana N. González González y Rainbow H&A, Inc. Las decisiones impugnadas se relacionaban con disputas sobre el descubrimiento de prueba. El foro primario había limitado la producción de documentos del perito de la parte demandante a solo su curriculum vitae. También denegó una moción de reconsideración y una solicitud de sanciones de Rexair sobre el descubrimiento. El tribunal de apelaciones consolidó ambos recursos. Tras evaluarlos, el panel resolvió denegar la expedición de los recursos de certiorari consolidados.

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Esta Resolución atiende dos peticiones de certiorari consolidadas presentadas ante este Tribunal. La primera, radicada por Rainbow of Puerto Rico, Inc. y otros, solicitaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que limitó el descubrimiento de prueba del perito de la parte recurrida a solo su curriculum vitae. La segunda, presentada por Rexair, Inc., pedía revocar una Resolución del foro primario que denegó su moción de reconsideración sobre el mismo asunto y rechazó su solicitud de sanciones por alegado incumplimiento en la producción de evidencia. Ambos recursos surgieron de un pleito original por incumplimiento de contrato y daños. Este Tribunal ordenó la consolidación de ambas peticiones para su evaluación conjunta. Tras considerar los fundamentos expuestos, el panel de juezas resolvió denegar la expedición de los recursos consolidados de certiorari. Con esta decisión, se confirman las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia respecto al alcance del descubrimiento pericial y las solicitudes de reconsideración y sanciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Universal Insurance Company. Universal solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue iniciado por Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Inc. contra Universal por incumplimiento de contrato de seguros, mala fe y daños tras el huracán María. Banco de Sangre reclamó pérdidas bajo su póliza comercial emitida por Universal. Universal presentó una oferta que Banco de Sangre consideró de ajuste, mientras Universal alegó que era de transacción. Surgió una controversia cuando Universal se negó a pagar las partidas aceptadas por el Banco y retiró la oferta. Banco de Sangre demandó a Universal, argumentando que la oferta de ajuste era vinculante. Universal contestó negando los reclamos y sosteniendo que la oferta era de transacción y no vinculante. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar una controversia fáctica sobre la naturaleza de la oferta. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar la petición de Universal contra esta denegatoria, decide denegar la expedición del recurso de certiorari.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202001243. La parte peticionaria, RANI Holdings, Inc., solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que admitió una Demanda Enmendada presentada por S-Mart Design Group, Inc. y otros. RANI se opuso a la admisión de la enmienda y presentó una moción de reconsideración, las cuales fueron denegadas por el tribunal de instancia. El caso original, iniciado en 2015, trata sobre incumplimiento de contrato y otros reclamos relacionados con la compraventa de locales comerciales. Los demandantes alegan que no han podido inscribir sus escrituras debido a defectos en la escritura matriz de la propiedad, incluyendo la ubicación de estacionamientos en un predio distinto, lo que incumple la Ley de Condominios. Sostienen que los demandados utilizaron corporaciones para evadir obligaciones y defraudar a los compradores. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari solicitado por RANI. Sin embargo, el Panel Especial confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo así la admisión de la demanda enmendada.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Sr. Jorge L. Torres Martínez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo declaró culpable de infringir el Artículo 136 del Código Penal. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por el Sr. Torres Martínez. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Esta falta de jurisdicción se debe a que la apelación fue presentada de forma tardía. El fallo explica que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y que los tribunales tienen el deber de examinarla. Se establece que un recurso tardío, al igual que uno prematuro, priva de jurisdicción al tribunal y carece de eficacia jurídica. La presentación fuera del término jurisdiccional de treinta días impide que el recurso sea atendido en sus méritos.

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La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la Asociación de Garantía. La demanda subyacente fue presentada por Charlie Car Rental, Inc. sobre sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Charlie Car Rental alegó que la Asociación de Garantía no le proveyó defensa ni cubierta en un caso de daños tras la liquidación de su aseguradora original. La Asociación de Garantía argumentó que la demanda debía ser desestimada por falta de presentación de reclamación administrativa, inmunidad y cosa juzgada. El TPI denegó la desestimación y ordenó a la Asociación contestar la demanda. La Asociación de Garantía presentó reconsideración, la cual también fue denegada. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por MAPFRE Pan American Insurance Company. MAPFRE recurre de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria por Pago en Finiquito. La solicitud de sentencia sumaria surgió en el contexto de una demanda por incumplimiento de contrato de seguro y daños presentada contra MAPFRE. MAPFRE argumentó que un pago realizado constituía un finiquito de la reclamación. La parte demandante se opuso, alegando mala fe, dolo y que la oferta era ilíquida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud al encontrar controversias de hechos, falta de prueba admisible y no configurarse el pago en finiquito. MAPFRE apeló, imputando errores al tribunal primario por encontrar controversias y declarar inadmisible su prueba. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega el recurso de certiorari presentado por MAPFRE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la apelación presentada por Emmanuel Fuentes Enríquez. El apelante solicitó la revocación de una sentencia de 158 años de reclusión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Dicha sentencia fue por dos cargos de asesinato en primer grado (Art. 93(A) C.P.) y violaciones a la derogada Ley de Armas (Art. 5.04 y Art. 5.15, 2 cargos). Los hechos imputados ocurrieron el 19 de julio de 2018, resultando en la muerte de Carmen María Pérez Pizarro y Héctor Luis Peraza Carreras por disparos de arma de fuego. El Tribunal de Primera Instancia encontró culpable al apelante tras un juicio por tribunal de derecho, donde el Ministerio Público presentó amplia prueba testimonial y pericial. La defensa no presentó prueba alguna. Tras evaluar los fundamentos de la apelación, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso consolidado entre el Consejo de Titulares del Condominio Paseo Horizonte II y otros, contra MAPFRE Praico Insurance Company. La controversia surge de una reclamación de seguros por daños causados por el Huracán María, donde los apelados demandaron a MAPFRE por incumplimiento de contrato. Los peritos de MAPFRE estimaron los daños cubiertos en más de \$350,000, pero la aseguradora no realizó pagos parciales ni ajustes finales a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a MAPFRE emitir un adelanto parcial de \$241,751.31 a favor de los apelados. Dicho tribunal también denegó una moción de desestimación y sentencia sumaria de MAPFRE que cuestionaba la validez de una cesión de derechos y la legitimación activa. MAPFRE apeló la orden de pago parcial y presentó un recurso de certiorari contra la denegación de su moción. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su revisión.

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Saraí Rodríguez Pagán presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso buscaba revocar una Orden de Protección Final emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha orden fue expedida a favor de Nashalí García Díaz al amparo de la Ley Contra el Acecho. El TPI había concluido que la señora Rodríguez Pagán envió mensajes intimidantes y persiguió a la señora García Díaz, otorgando credibilidad a su testimonio. La peticionaria alegó que el TPI erró al emitir la orden, argumentando que la prueba, particularmente los mensajes de texto, no fue debidamente autenticada ni vinculada a ella. Sostuvo además que la evidencia presentada no cumplía con los requisitos legales para conceder una orden de protección por acecho. Tras revisar la petición, incluyendo la transcripción de la prueba oral, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la Petición de Certiorari presentada por la señora Rodríguez Pagán.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por José Luis Robles Pérez. El Peticionario solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de anular sus sentencias estatales. Robles Pérez argumentó que sus convicciones en las jurisdicciones estatal y federal por los mismos hechos constituían doble exposición, citando *Pueblo v. Sánchez Valle*. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2011 e involucraron robo agravado, daño agravado y violaciones a la Ley de Armas en el foro estatal. En la jurisdicción federal, fue acusado por robo de propiedad de Estados Unidos (pasaporte) y uso de arma de fuego, entre otros cargos relacionados con el mismo incidente. El Peticionario llegó a acuerdos de alegación en ambos foros, resultando en sentencias concurrentes de 18 años (estatal) y 125 meses (federal). La Moción para anular las sentencias estatales se basó en la alegación de doble exposición tras las decisiones en *Sánchez Valle*. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de anulación. El Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

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Comparece Banco Popular de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicita la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por BPPR en un caso civil. El caso fue incoado por Five Development Corporation y otras entidades contra BPPR. La demanda original es sobre daños y perjuicios, incumplimiento de contrato, dolo, mala fe contractual y responsabilidad de prestamista. Los demandantes alegan que BPPR los forzó a reestructurar préstamos adquiridos de Western Bank. Sostienen que BPPR usó coerción y falsas representaciones para provocar una mora artificial y presentar una reclamación fraudulenta ante la FDIC. Alegan que BPPR ignoró sus gestiones de refinanciamiento y vendió los préstamos a un tercero, incumpliendo deberes éticos y buena fe. La Resolución del TPI que denegó la desestimación es el objeto del presente recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la comparecencia de BPPR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por Banco Popular contra Alma Irizarry Castro. La Sra. Irizarry Castro presentó una reconvención contra el banco y una demanda de tercero contra notarios. Sus reclamaciones se fundamentan en daños alegados por problemas con la inscripción de su apartamento y la hipoteca. Estos problemas se relacionan con condiciones restrictivas que impedían el registro del condominio como propiedad horizontal. La apelante argumentó que el banco no la alertó sobre esta situación. El foro primario había desestimado todas las reclamaciones de la Sra. Irizarry Castro. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar esa Sentencia Parcial. Con esta decisión, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Un tribunal apelativo resuelve una apelación presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El ELA impugna una sentencia previa que declaró nula la confiscación de un vehículo perteneciente al Sr. Héctor L. Roldán Cortés. El tribunal de primera instancia había ordenado la devolución del auto. Su decisión se basó en que la notificación de la confiscación se realizó fuera del término jurisdiccional de 30 días establecido por ley. El Sr. Roldán Cortés había demandado alegando la nulidad por esta razón y su condición de dueño registral. Aunque el ELA admitió la notificación tardía, argumentó la necesidad de que el dueño probara su legitimación activa y mencionó un señalamiento de Ley 8 sobre el vehículo. El tribunal primario, tras una vista, concluyó que la confiscación era nula por el incumplimiento del término de notificación. El tribunal apelativo, en esta sentencia, revoca el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de incumplimiento de contrato. La controversia surge de un Contrato de Promesa Bilateral de Compraventa de un inmueble entre los apelados (vendedores) y la apelante (compradora). Los apelados demandaron a la apelante alegando incumplimiento del contrato y negación a desalojar la propiedad tras no completarse la venta. La apelante se defendió argumentando que los apelados no cumplieron sus obligaciones contractuales, impidiendo la compraventa. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia sumaria ordenando el desalojo de la apelante. La apelante apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante este dictamen, revoca la Sentencia sumaria apelada. Se ordena la devolución del caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Modesto Rivera Veaz y Mary Koett Rosas, apelantes, impugnando una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras, parte apelada, en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Cooperativa demandó a los apelantes por incumplimiento de pago de un préstamo comercial de \$400,000 otorgado en 2010, garantizado con hipoteca. El foro primario condenó a los apelantes a pagar \$604,791.80 más intereses y \$40,000 en costas y honorarios. Adicionalmente, el tribunal de primera instancia concedió un término final a los apelantes para enmendar su reconvención. Los apelantes alegan que su incumplimiento fue causado por la Cooperativa debido a la falta de cumplimiento de acuerdos previos. La Cooperativa ha presentado su alegato defendiendo la corrección de la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones ha perfeccionado el recurso y procederá a adjudicar la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por el Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. Dicha determinación declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario para admitir como prueba sustantiva la declaración jurada de la testigo de cargo Hylarie Jiménez Chico. El caso principal trata sobre acusaciones contra Javier Zeno Torres por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, relacionadas con la muerte de Abismael Alago Negrón. Durante el juicio, la testigo Jiménez Chico tuvo dificultad para recordar detalles de los hechos ocurridos casi tres años antes. El fiscal utilizó su declaración jurada para refrescar memoria, y la testigo identificó al acusado como el asesino, aunque expresó incertidumbre sobre identificaciones previas. El Tribunal de Primera Instancia rehusó admitir la declaración jurada como prueba sustantiva. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la petición del Pueblo, confirmando la decisión del foro primario.

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Ante el Tribunal de Apelaciones comparece MAPFRE Praico Insurance Company para recurrir de decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de seguros por daños de huracán. MAPFRE apela una Sentencia Parcial que le ordenó emitir un adelanto de \$241,751.31 a favor del Consejo de Titulares del Condominio Paseo Horizonte II y otros. También solicita la revocación de una Resolución que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación y Sentencia Sumaria. El caso original fue presentado por los apelados reclamando cubierta bajo una póliza de seguros por los daños causados por el Huracán María en 2017. Los apelados estimaron los daños en más de \$1.8 millones, mientras que los peritos de MAPFRE los estimaron en más de \$354 mil. MAPFRE no realizó un ajuste final ni pagos parciales dentro del plazo legal de 90 días. La apelación y el certiorari fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones para resolver sobre estas determinaciones del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60. La demanda fue presentada por Midland Credit Management Puerto Rico, LLC contra María Marrero. El foro primario desestimó el caso sin perjuicio, argumentando falta de jurisdicción. Esta decisión se basó en que el requerimiento de cobro enviado por el demandante fue devuelto como "Unclaimed" y en que la citación para la vista inicial fue diligenciada fuera del término de la Regla 60. Midland Credit apeló, alegando que el TPI erró al declararse sin jurisdicción y al no convertir el procedimiento a uno ordinario. La parte apelada no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. La Regla 60 establece un procedimiento sumario para agilizar reclamaciones de cobro de hasta \$15,000.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una apelación presentada por Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. (PRCDM). PRCDM impugnaba la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Rogelio C. Arzón Méndez. La demanda se basaba en una deuda de préstamo personal adquirida por Jefferson Capital, para quien PRCDM actuaba como agencia de cobro. El TPI desestimó el caso sin perjuicio por falta de jurisdicción sobre la persona del demandado. Esta decisión se fundamentó en que la notificación-citación para la vista inicial, enviada por correo certificado, no se consideró debidamente diligenciada. El historial de rastreo del USPS indicaba "Delivered to Agent", no al demandado directamente, y no cumplía con el plazo requerido antes de la vista. A pesar de dos señalamientos de vista inicial, el demandado nunca compareció. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo declaró con lugar una querella presentada por Mario Negrón Morales contra Flash Auto Imports, Inc. (vendedor) y Americas Leading Finance, LLC (financiera). El señor Negrón Morales adquirió un vehículo usado de Flash Auto, financiado por Americas Leading. Posteriormente, descubrió que el vehículo presentaba defectos significativos y daños por impacto previo. Solicitó el cambio del vehículo o la cancelación de la deuda. Americas Leading argumentó que el consumidor no notificó los defectos dentro del término legal. El DACo falló a favor del consumidor contra ambas entidades. Americas Leading recurrió la decisión del DACo ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, REVOCA la Resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100974 entre Firstbank Puerto Rico y Aileen Rivera Ramos. La apelación procedía de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte apelante, Aileen Rivera Ramos, presentó un escrito de desistimiento voluntario del recurso. El desistimiento se fundamentó en que las partes informaron al tribunal primario que Firstbank se allanó a dejar sin efecto la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones acogió la moción de desistimiento. Se consideró que el recurso se había convertido en académico. El tribunal primario dejó sin efecto la sentencia apelada el 13 de diciembre de 2021 y refirió a las partes a mediación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones ordenó el archivo del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa. Los recurrentes, productores de leche, apelaron la Orden Administrativa Núm. 2021-33 de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Dicha orden administrativa fue emitida para crear un fondo destinado a la bonificación del pago por calidad de leche. Los recurrentes solicitaron al tribunal que declarara nula la mencionada orden. El tribunal revisó el historial del proyecto de bonificación por calidad de leche, incluyendo informes, cartas circulares y órdenes de precios previas de ORIL. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. Los apelantes demandaron al apelado por una deuda acumulada de pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente dictó sentencia a favor de los demandantes. Sin embargo, tras una solicitud de reconsideración del demandado, el foro primario desestimó la demanda. La desestimación se fundamentó en la alegada falta de certeza sobre la cuantía de la deuda, a pesar de la evidencia presentada. Los demandantes apelaron, imputando errores al tribunal de instancia por desestimar el caso y considerar la deuda ilíquida. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso sin la comparecencia de la parte apelada. Se revoca la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa presentado por Hewlett Packard Puerto Rico B.V., LLC (HP). HP impugnó la decisión de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) relacionada con la Solicitud de Propuestas Núm. 21-05RFP para servicios de infraestructura de servidores y resguardo de datos. HP solicitó la revisión de la resolución del Director de la OAT que desestimó su solicitud de reconsideración y confirmó el orden de negociación. En el proceso de RFP, solo HP y Evertec Group, LLC presentaron propuestas. Evertec obtuvo una puntuación final más alta y fue clasificada primera para la negociación, mientras que HP fue segunda. HP presentó su recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones el 15 de noviembre de 2021. El Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debe a que el recurso fue presentado de forma tardía.

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Peticionarios Miguel Juan Ribas Abislaimán y Laura Emilia Ribas Abislaimán solicitan al Tribunal de Apelaciones la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, dictada el 28 de agosto de 2020, denegó una moción de sentencia sumaria presentada por los peticionarios. El caso subyacente trata sobre las cartas testamentarias y la partición hereditaria de Gabriel José Cadenas Adán, fallecido en 2011. Los peticionarios Ribas Abislaimán figuran en el testamento como beneficiarios de la nuda propiedad de usufructos en el tercio de libre disposición, considerados nietos por el testador. El proceso en el foro primario ha sido extenso, incluyendo la consolidación de casos y el nombramiento de un albacea-contador partidor y una comisionada especial. La solicitud de certiorari busca impugnar la decisión del tribunal de instancia de no resolver sumariamente a favor de los peticionarios. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. La resolución confirma la decisión del foro primario de continuar con el trámite del caso en lugar de dictar sentencia sumaria.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda el recurso de revisión instado por Miguel Cruz Santiago contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre su reclasificación de custodia. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 11 de septiembre de 2020. El Departamento de Corrección recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo mediante certiorari. Durante la tramitación del recurso ante el Supremo, el señor Cruz Santiago fue reclasificado a custodia mínima, que era el objeto de su solicitud original. Ante esta situación, el Tribunal Supremo determinó que el asunto se había tornado académico y, por tanto, dejó de ser justiciable. El Supremo ordenó al Tribunal de Apelaciones desestimar el recurso y dejar sin efecto su dictamen previo. Cumpliendo con el mandato del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones deja sin efecto su sentencia del 11 de septiembre de 2020. En consecuencia, desestima el recurso instado por Miguel Cruz Santiago por haberse convertido en académico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso original es una ejecución de hipoteca incoada por Banco Popular contra Myrta Bonilla Muñiz y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Los peticionarios impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución impuso una sanción de \$500 al abogado de los peticionarios, Lcdo. Edwin Caraballo Caraballo. Además, el TPI ordenó a la demandada contestar la demanda en un término perentorio de 10 días bajo apercibimiento de rebeldía. El TPI justificó la sanción por la inacción del abogado tras solicitar tiempo para contestar en 2019. El abogado argumentó que su clienta le indicó que no deseaba continuar con el pleito. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen recurrido del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por Wilson Alicea III Sánchez. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que revocó su fianza y mantuvo una orden de arresto en su contra. Inicialmente, Alicea III Sánchez enfrentó cargos por Ley 54 y Ley de Armas, siendo excarcelado bajo fianza con supervisión electrónica y la condición de no contactar a la perjudicada. Posteriormente, se le radicaron ocho nuevas denuncias, incluyendo violaciones a la Ley 54 y otros delitos, que implicaban contacto con la alegada víctima. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el peticionario incumplió las condiciones de su fianza al tener contacto con la perjudicada, evidenciado por los nuevos cargos. En consecuencia, el foro primario canceló la fianza inicial y ordenó mantener la orden de arresto, disponiendo su encarcelamiento. El peticionario alegó que esta determinación constituyó un error de derecho. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del certiorari solicitado.

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La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Resolución Sumaria de su Junta de Apelaciones. Dicha resolución declaró nula una Amonestación Formal emitida contra la empleada Mayrah I. Cotto Vellón. La señora Cotto Vellón apeló la amonestación por insubordinación, argumentando que el proceso disciplinario era inválido. Alegó que la amonestación no fue firmada por el funcionario autorizado según los reglamentos internos de la CFSE, sino por la Subadministradora sin delegación escrita previa al momento de la acción. La CFSE intentó validar la acción posteriormente mediante una ratificación del Administrador. La señora Cotto Vellón solicitó resolución sumaria, argumentando la falta de controversia fáctica sobre la firma no autorizada. La Junta de Apelaciones declaró nula la amonestación por el defecto procesal. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, procede a confirmar la Resolución Sumaria recurrida. Esto valida la decisión de anular la amonestación formal contra la señora Cotto Vellón por incumplimiento de los procedimientos reglamentarios.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Dorado Shopping Center Development Corp. impugnando un permiso único otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a Baristas del Caribe, LLC. El permiso se relaciona con la construcción de una estructura comercial para un establecimiento de Starbucks. Este recurso judicial surge tras un historial de controversias, incluyendo la revocación de un permiso de construcción previo por un tribunal de primera instancia. La recurrente había iniciado un proceso de revisión administrativa ante la OGPe respecto a un permiso de construcción posterior. Mientras dicha revisión administrativa estaba pendiente, la recurrente presentó este recurso judicial contra el permiso único. Tanto la OGPe como Baristas del Caribe, LLC solicitaron la desestimación del recurso. El Tribunal examinó los escritos y documentos presentados. Determinó que el proceso administrativo ante la OGPe aún no había concluido con una decisión final. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial por considerarlo prematuro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso sobre división de comunidad de bienes hereditarios. Charlie Juarbe Santos y Lorraine Juarbe Santos (Peticionarios) presentaron un recurso de certiorari. Solicitaron la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió una prórroga a Rose Marie Juarbe Santos (Recurrida). La prórroga era para que la Recurrida contestara un requerimiento de admisiones. Los Peticionarios alegaron que la prórroga fue concedida erróneamente tras expirar el término. El Tribunal de Apelaciones consideró la naturaleza discrecional del recurso de certiorari. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal DENEGÓ expedir el auto de certiorari. Esto implica que la orden del foro primario que concedió la prórroga no será revisada en este momento mediante este recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Triple-S Propiedad, Inc. apeló una Sentencia Parcial Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El Consejo de Titulares del Condominio La Arboleda demandó a Triple-S por no compensar adecuadamente los daños causados por el huracán María. El Condominio reclamó daños millonarios, mientras Triple-S ofreció sumas significativamente menores. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Triple-S pagar \$668,911.03, la suma que la aseguradora reconoció como daños cubiertos. Triple-S argumentó en apelación que existía controversia sobre los daños y alegó fraude por parte del Condominio. El Condominio sostuvo que la suma reconocida era líquida y exigible, citando jurisprudencia. Tras considerar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la decisión apelada. Esto significa que se mantiene la orden de pago a favor del Consejo de Titulares por la cantidad reconocida por Triple-S.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra la desestimación de una Petición de Injunction estatutario. Los apelantes impugnaron un permiso de construcción y resoluciones municipales para el control de acceso en las urbanizaciones Santa Teresita y Park Boulevard. Alegaron falta de notificación por parte del Municipio y que la Asociación obtuvo el permiso de forma irregular. Solicitaron la paralización de la obra y la nulidad del permiso y las resoluciones. La Asociación y el Municipio se opusieron, argumentando la validez de los actos y la falta de legitimación de los apelantes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Se presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de partición de herencia. La Orden recurrida, notificada el 4 de octubre de 2021, exigía a la parte demandante el pago de sumas específicas a un comisionado y a la sucesión, apercibiendo con la ejecución de sentencia y venta de bienes si no se consignaba el dinero. Las peticionarias solicitaron reconsideración el 18 de octubre de 2021, la cual fue declarada "No Ha Lugar" mediante Resolución notificada el 3 de noviembre de 2021. La petición de certiorari se radicó el 6 de diciembre de 2021. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece un término estricto de treinta días para presentar el certiorari, contado desde la notificación de la resolución que resuelve la reconsideración. Dicho término venció el 3 de diciembre de 2021. Las peticionarias presentaron una moción explicando las razones de la tardanza en la radicación. El tribunal procederá a evaluar la jurisdicción, considerando la estricta naturaleza del término de presentación y la necesidad de demostrar justa causa para cualquier tardanza.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Supermercados Mr. Special. El apelante solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le encontró responsable por daños y perjuicios. El caso original fue presentado por Natividad Soto Santiago, quien sufrió una caída en el supermercado alegando negligencia por la presencia de líquido en el piso. El Tribunal de Primera Instancia determinó la responsabilidad de Mr. Special y le ordenó pagar $40,000.00 a la demandante. Mr. Special apeló, argumentando un error en la evaluación de la prueba sobre los daños y solicitando un ajuste en la indemnización. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de Attenure Holdings 1, LLC impugnando la denegatoria de un tribunal inferior a su solicitud de intervención en un pleito. El caso subyacente trata sobre una disputa de gobernanza en el Condominio ESJ Tower, donde los demandantes alegan control fraudulento de los derechos de voto por parte de ESJ Tower, Inc. y entidades relacionadas utilizando 124 LLCs. El interés de Attenure surge de un acuerdo que le cedió una participación en la reclamación de seguro del Condominio por daños de huracanes y le otorgó poder para gestionarla. Attenure también adelantó $1.5 millones para reparaciones. Attenure solicitó intervenir, argumentando que la disputa de gobernanza podría afectar su capacidad para manejar la reclamación de seguro. El tribunal inferior denegó esta solicitud. Debido a las múltiples disputas de gobernanza, el tribunal inferior también nombró un síndico para administrar temporalmente el Condominio y asegurar una nueva elección de junta. El Tribunal de Apelaciones tiene la tarea de revisar la denegatoria de intervención de Attenure.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución en un caso de filiación entre Coralys del Mar Santiago Torres y Joel Molina Rivera. La peticionaria presentó un recurso de certiorari buscando revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia sobre la matrícula escolar de la hija. Junto al recurso, solicitó litigar in forma pauperis, lo cual fue denegado por el Tribunal de Apelaciones. Se le concedió un término de diez días a la peticionaria para pagar los aranceles de presentación del recurso. Sin embargo, la señora Santiago Torres no realizó el pago requerido dentro del plazo. El pago de aranceles es un requisito esencial para perfeccionar un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. La falta de pago priva al foro apelativo de jurisdicción para atender el caso. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso de certiorari por carecer de jurisdicción. Una jueza disintió, indicando que hubiera concedido más tiempo para suplementar la solicitud de indigencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. El Colegio impugna una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria para ejercer la contabilidad pública. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en que la colegiación obligatoria interfiere con el derecho fundamental a la libertad de asociación. Argumentó que existen medidas menos onerosas, como la reglamentación por la Junta de Contabilidad, para proteger el interés público. Los apelados, contadores que iniciaron el caso, solicitaron la confirmación de la sentencia apelada. El Gobierno de Puerto Rico compareció, planteando que la colegiación podría ser constitucional debido a ciertas funciones exclusivas del Colegio. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación tras considerar los argumentos de las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por el Comisionado de Seguros, en su capacidad de Liquidador de Integrand Assurance Company. El recurso apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio la reconvención de Integrand contra la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA). AEELA demandó a Integrand por reclamaciones de seguros relacionadas con los huracanes Irma y María, incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Integrand, en su reconvención, alegó que AEELA incurrió en fraude al presentar reclamaciones infladas y falsas representaciones sobre los daños. Integrand argumentó que la conducta de AEELA violó la póliza y le causó daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención por entender que no se detallaron adecuadamente las alegaciones de fraude. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial recurrida que desestimó la reconvención de Integrand.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por David Efrón. El peticionario impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenó la ejecución de costas y gastos en un litigio previo. El caso original, iniciado en 2005, trataba sobre daños y perjuicios, sentencia declaratoria e injunction. El TPI desestimó la demanda mediante sentencia sumaria parcial en 2016. Los recurridos solicitaron el reembolso de costas, a lo que el peticionario se opuso. Tras un proceso apelativo que llegó hasta el Tribunal Supremo, la sentencia de desestimación del TPI fue reinstalada. Posteriormente, los recurridos solicitaron la ejecución de las costas, lo cual fue ordenado por el TPI en junio de 2021. El peticionario solicitó reconsideración de dicha orden, siendo denegada. Mediante este certiorari, el peticionario pide revocar la orden de ejecución de costas. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Jerusalén Home Ambulance, Inc. para solicitar la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una querella por cobro de salarios y represalias presentada por Juan Flores, Jr. El señor Flores alegó que, tras un acuerdo verbal o escrito, desempeñó funciones de jefe de grupo con la expectativa de un aumento salarial y permanencia, pero no recibió el aumento y fue removido del puesto, lo que consideró represalias por denunciar la conducta de un superior. Jerusalén Home Ambulance, Inc. negó las alegaciones, sosteniendo que la asignación fue interina por necesidad operacional y la reasignación fue una decisión administrativa normal, sin existir contrato ni represalias. El Tribunal de Primera Instancia, tras el juicio, determinó que existió un contrato verbal y falló a favor del señor Flores. La parte apelante solicitó la revocación de dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones, luego de analizar el recurso y los documentos, confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de confiscación de vehículo de motor. La peticionaria, Minerva Ríos Morales, recurrió la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó el caso al entender que la peticionaria no emplazó al Secretario de Justicia dentro del término jurisdiccional de quince días establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones. La peticionaria argumentó que el vencimiento del término coincidió con un fin de semana, días feriados y un receso administrativo gubernamental, imposibilitando el emplazamiento hasta el siguiente día hábil. Sostuvo que el emplazamiento se realizó correctamente en la primera fecha disponible. El TPI concluyó que el término era estricto y no prorrogable por dichas circunstancias. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y revisó la decisión del TPI. Tras evaluar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia desestimatoria. El caso fue devuelto al tribunal de origen para la continuación de los procedimientos.