Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 72)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Keishla Rivera Falcón. La petición impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia relativa a la pensión alimentaria y la matrícula escolar de su hija menor. El dictamen recurrido mantuvo la pensión alimentaria provisional impuesta a la madre y autorizó al padre, Jean C. Ramos Pagán, a matricular a la menor en la misma escuela a pesar de la objeción de la madre. La señora Rivera Falcón cuestionó el monto de la pensión, especialmente los gastos suplementarios por escuela privada, y alegó desempleo. El señor Ramos Pagán sostuvo que la orden provisional era final y que cambiar a la menor de escuela no le beneficiaría. Tras examinar el historial procesal, incluyendo las vistas ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias y las determinaciones del TPI, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una Petición de Certiorari presentada por Edwin Pérez Hernández y el Consejo de Titulares del Condominio Laguna Plaza. La petición busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan. En el foro primario, los peticionarios presentaron una querella al amparo de la Ley Núm. 140, alegando infracción a su derecho de acceso y paso público por tráfico vehicular y riesgos a la seguridad. Los recurridos Paseo Caribe Commercial, LLC y Las Brisas Property Management, Inc. solicitaron la desestimación de la querella, argumentando la inaplicabilidad de la Ley 140. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación y ordenó el archivo de la querella. Inconformes, los peticionarios acudieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Los recurridos, sin someterse a jurisdicción, solicitaron la desestimación del recurso de certiorari, alegando que las determinaciones bajo la Ley Núm. 140 son inapelables. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción, confirmando que la ley impide la revisión apelativa de este tipo de decisiones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400372. Los apelantes, un grupo de confinados, recurrieron la desestimación de una petición de mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha petición buscaba obligar a la administración de corrección a aplicar las Leyes 85-2022 y 66-2022 a sus sentencias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso con perjuicio por falta de jurisdicción. La administración de corrección informó que la Ley 85-2022 ya se había aplicado y que la Ley 66-2022 generalmente no aplicaba, además de señalar la falta de agotamiento de remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel judicial que revisa la desestimación de una demanda laboral por parte del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El apelante, Sr. Eric Campos Nieves, solicitó la revocación de la Sentencia del TPI que desestimó su Querella contra FamCoop Río Grande y aseguradoras. El TPI desestimó varias causas de acción (Ley 80, Ley 100, Ley 69, Título VII, daños constitucionales y Código Civil) por prescripción. Adicionalmente, desestimó la reclamación bajo la Ley Núm. 115 por no cumplir con el estándar de plausibilidad. La Querella original alegaba discrimen en el empleo, despido injustificado, represalia y daños y perjuicios bajo diversas leyes. Estas reclamaciones surgieron de un incidente en noviembre de 2020 que llevó a una suspensión disciplinaria del apelante. El panel judicial apelativo anticipa la modificación del pronunciamiento judicial impugnado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia y una Resolución dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El apelante, Billy Rivera Jiménez, demandó a su antiguo patrono, Island Finance, LLC, tras ser despedido en septiembre de 2019. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por Island Finance y desestimado la demanda con perjuicio. Island Finance justificó el despido alegando que Rivera Jiménez incurrió en actos de hostigamiento sexual contra otro empleado, violando las normas de conducta de la empresa. El foro primario concluyó que el despido fue justificado debido a las reiteradas violaciones del apelante al manual de empleados. Rivera Jiménez apeló esta decisión y la denegatoria de una solicitud de determinaciones de hechos adicionales. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó los dictámenes apelados.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari presentada por Money Group, LLC y otros. Los peticionarios buscaban dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha determinación denegó una solicitud de los peticionarios para compeler arbitraje y desestimar sumariamente un pleito. El pleito original fue incoado por Kendall Hope Tucker por incumplimiento de contrato, daños y alegadas violaciones a las leyes laborales de Puerto Rico (Leyes 80, 100 y 115). Los peticionarios también solicitaron la paralización de los procedimientos en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, denegó tanto la solicitud de paralización como el auto de certiorari. La resolución menciona la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y la deferencia a las decisiones del tribunal de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un caso de divorcio sobre alimentos. La apelante, Limarie Rodríguez Correa, recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia de diciembre de 2023. Dicha resolución denegó una solicitud de reconsideración presentada por el apelado, Pascual Cruz Cintrón. El caso se inició con la solicitud de alimentos del señor Cruz Cintrón para el hijo menor de las partes. Una examinadora imputó ingresos a la señora Rodríguez Correa y recomendó una pensión provisional de \$458.26 mensuales y un retroactivo de \$7,009.49. El tribunal de primera instancia acogió la recomendación, estableciendo un plan de pago de \$200 mensuales para la deuda retroactiva. El señor Cruz Cintrón solicitó reconsideración sobre el plan de pago de la deuda, la cual fue denegada por el tribunal de primera instancia. La señora Rodríguez Correa apeló esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Carla Teresa Rodríguez Bernier, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de divorcio. El asunto central es la pensión alimentaria del hijo adulto de las partes, Carlos José Rivera Rodríguez, quien tiene un diagnóstico de autismo. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había revocado una decisión del TPI que relevaba al padre del pago de pensión, ordenando al TPI evaluar la capacidad del hijo y considerar la designación de un defensor judicial y representación legal. Al regresar el caso, el TPI señaló una vista y ordenó al hijo comparecer con representación legal, indicándole además que realizara gestiones para obtenerla. La peticionaria solicitó la revisión de esta orden. El Tribunal de Apelaciones modifica la resolución recurrida. Deja sin efecto la parte que ordena al joven Carlos José Rivera Rodríguez realizar gestiones por sí mismo para obtener servicios legales. La resolución del TPI, así modificada, es confirmada.

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Resolución de un panel de jueces apelativo que atiende un recurso de Inmobiliaria SIPAC, Inc. contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia del TPI determinó que Saúl Santiago González y Carmen Iris Rodríguez Sánchez (los apelados) cumplían los requisitos para adquirir por prescripción extraordinaria el solar número 21 de la Urbanización Valle Borinquen de Gurabo. Los apelados habían demandado a los titulares registrales de dicho solar, alegando haberlo poseído públicamente, continuamente y en concepto de dueño por más de 30 años, accediendo a él a través de su propiedad colindante (solar #31). Los demandados originales fueron declarados en rebeldía. El TPI dictó sentencia sumaria a favor de los apelados, reconociendo la usucapión. SIPAC solicita dejar sin efecto la Sentencia del TPI por falta de parte indispensable. El tribunal apelativo señala que, previo a considerar el señalamiento de error de SIPAC, debe dilucidar una interrogante de carácter jurisdiccional. El documento resume el tracto procesal que llevó a la Sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una Petición de Certiorari presentada por Leslie V. Santiago y otros contra Autogermana, Inc. El recurso buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de daños y perjuicios por productos defectuosos. La demanda original alegaba defectos de fabricación en un vehículo MINI que causaron daños en un accidente. Posteriormente, los peticionarios enmendaron la demanda para incluir alegaciones de insuficiencia en las advertencias o instrucciones del vehículo. La Orden recurrida determinó que Autogermana tenía derecho a una nueva inspección del vehículo en controversia. Además, dispuso que la Demanda Enmendada no procedería si el vehículo no podía ser producido para la inspección. Los peticionarios argumentaron que la inspección del vehículo específico no era esencial para las nuevas alegaciones sobre advertencias. Autogermana sostuvo que el vehículo era la pieza de evidencia más importante en un caso de responsabilidad por productos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó la Petición de Certiorari.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por el Sistema Universitario Ana G. Méndez. La universidad procuraba revocar una resolución del foro primario que denegó las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes, la universidad y los recurridos, Sergia Licelot de los Santos Rojas y otros. El caso subyacente es una demanda por daños e incumplimiento de contrato incoada por exalumnos. Los estudiantes alegan que se matricularon en un programa de Maestría, incurrieron en deudas significativas y completaron el currículo, solo para descubrir que el programa carecía de la acreditación necesaria desde 2015. Esta alegada falta de acreditación les impidió obtener la certificación profesional y ejercer su profesión según lo previsto. Sostienen que la universidad fue negligente e incumplió su contrato al ofrecer un programa no acreditado. La universidad negó estas alegaciones, afirmando poseer las acreditaciones adecuadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria para ambas partes, encontrando hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar, deniega la petición de certiorari de la universidad, confirmando así la decisión del foro primario de continuar con el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Revisión Judicial instado por Luis Miguel Berdiel Rivera. El recurrente solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso. Dicha sentencia primaria confirmó la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones de rechazar la aspiración del señor Berdiel Rivera a candidato para las primarias del PNP. Tras la presentación del recurso de revisión, las partes recurridas presentaron sus escritos de oposición. Simultáneamente, el señor Berdiel Rivera presentó una Moción sobre Desistimiento Voluntario. En su moción, solicitó que se decretara el desistimiento voluntario con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su facultad reglamentaria, evaluó y declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se tuvo por desistido el recurso de Revisión Judicial instado, con perjuicio. Se ordenó el cierre y archivo del presente caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Christian V. Torres Colón solicitó la revisión de una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Dicha resolución, emitida en enero de 2024, le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. El recurrente cumple una sentencia por infracciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas. La Junta basó su decisión en informes, incluyendo uno sobre el ajuste y progreso del confinado y otro sobre el ambiente comunitario. Este último señaló la alta incidencia criminal del área de residencia propuesta y la relación pasada del recurrente con drogas, aunque algunos vecinos lo describieron como tranquilo. Un oficial examinador también recomendó la no concesión del privilegio. La Junta determinó reconsiderar el caso en diciembre de 2024, solicitando documentación actualizada. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la Junta y confirmó la resolución recurrida que denegó la libertad bajo palabra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos de revisión administrativa consolidados. Los recurrentes, empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), impugnaron la escala salarial implementada por la entidad. La controversia llegó al Tribunal de Apelaciones tras la determinación de la Oficina de Apelaciones de la AAA de declararse sin jurisdicción para atender los reclamos. El Tribunal consolidó tres recursos (KLRA202300638, KLRA202300636 y KLRA202300647) relacionados con esta impugnación. La sentencia, emitida el 7 de mayo de 2024, desestimó el recurso KLRA202300638. No obstante, el Tribunal revocó las resoluciones finales recurridas en los recursos KLRA202300636 y KLRA202300647. Esto implica que la determinación de la Oficina de Apelaciones de la AAA sobre su falta de jurisdicción fue dejada sin efecto en dos de los casos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre los recursos de revisión administrativa consolidados KLRA202300636, KLRA202300638 y KLRA202300647. Los casos involucran a empleados que impugnan la escala salarial implementada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los empleados presentaron inicialmente sus reclamos ante la Oficina de Apelaciones de la AAA. Dicha oficina se declaró sin jurisdicción para atender la impugnación de la escala salarial y denegó las solicitudes de reconsideración posteriores. Los empleados apelaron estas decisiones ante el Tribunal de Apelaciones. Tras consolidar los recursos, el Tribunal emitió su sentencia. El Tribunal desestimó el recurso identificado como KLRA202300638. No obstante, revocó la resolución final emitida por la Oficina de Apelaciones de la AAA en los casos KLRA202300636 y KLRA202300647. La controversia subyacente se relaciona con una propuesta de estructura salarial presentada a la Junta de Gobierno de la AAA en junio de 2022.

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Salinas Ready Mix, Inc. compareció ante este foro judicial para solicitar la revisión de una Resolución emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La Resolución del DRNA, fechada el 3 de julio de 2023, acogió el informe de la Oficial Examinadora. Mediante este dictamen, el DRNA ordenó el cierre inmediato de un pozo de abasto operado por Salinas Ready Mix. Adicionalmente, impuso el pago de \$945,830.19 por el uso y aprovechamiento de agua. También se le multó con \$50,000.00 por el uso ilegal de agua sin poseer la franquicia requerida y por haber ignorado una Orden de Cese y Desista previa. El caso se inició en 2008 con una Orden de Cese y Desistimiento del DRNA por el uso de aguas subterráneas sin franquicia, una violación descubierta en 2005. A lo largo de los años, hubo diversos trámites procesales e intentos de acuerdo, incluyendo uno rechazado por la Oficial Examinadora en 2010. Tras evaluar el recurso, el panel judicial decidió CONFIRMAR la Resolución recurrida del DRNA.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada concedió una moción de sentencia sumaria a favor de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. La controversia surge de una demanda de sentencia declaratoria presentada por la Autoridad contra 3rd Millennium Surgery Center, LLC. El caso se relaciona con un contrato de arrendamiento y desarrollo de 2016 para un centro médico. El contrato establecía un período de pre-desarrollo de 36 meses con obligaciones específicas para 3rd Millennium. La Autoridad alegó que 3rd Millennium incumplió estas obligaciones al vencer el término en noviembre de 2019. A pesar de una notificación para subsanar, el incumplimiento persistió. La Autoridad sostiene que el contrato expiró y no está vigente, solicitando sin éxito el retiro de su asiento registral. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la sentencia sumaria a favor de la Autoridad. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos de certiorari consolidados. Estos recursos provienen de un caso criminal contra Ana Luisa González Cabrera por alegadas violaciones a los artículos sobre conspiración, oferta de soborno e impedimento de testigos. La controversia central gira en torno a las determinaciones interlocutorias del tribunal de primera instancia sobre el descubrimiento de prueba. La defensa solicitó copia de mensajes, audios y videos intercambiados entre la acusada, el coacusado y los testigos, así como comunicaciones entre los propios testigos y datos extraídos de sus teléfonos. El Ministerio Público se opuso a gran parte de esta solicitud. El foro primario concedió parcialmente la moción de descubrimiento, denegando varias peticiones específicas de la defensa relativas a dichas comunicaciones y datos extraídos. Tanto la defensa como el Ministerio Público presentaron recursos de certiorari separados para impugnar estas resoluciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración y decisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de seguros por incumplimiento de aseguradora tras los huracanes Irma y María. La apelación fue presentada por One Alliance Insurance Corporation contra PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. One Alliance recurrió una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial de PRAPI. Dicha sentencia ordenó a One Alliance el pago del 2nd Claim Submission a favor de PRAPI, relacionado con propiedades en la región judicial de Ponce. El litigio se originó cuando One Alliance se retractó del ajuste del 2nd Claim Submission, alegando dudas sobre el interés asegurable de PRAPI, tras haber realizado pagos parciales. PRAPI demandó por incumplimiento de contrato y mala fe, solicitando el pago de las partidas reclamadas y otros daños. One Alliance contestó la demanda y presentó una reconvención alegando fraude y solicitando la devolución de pagos. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de Hogar Seguro. Las partes involucradas son Giselle Morales Rosa (apelada) y Gabriel Rivera Narváez (apelante), padres de un menor. El apelante solicita la revisión de una Sentencia del Tribunal Superior de Bayamón. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar una petición de hogar seguro a favor del hijo menor de edad de las partes. El decreto benefició al menor, a su madre, a la pareja consensual de esta y a la hija de la pareja, sobre una vivienda adquirida conjuntamente por los padres. La madre presentó la demanda tras terminar la relación y abandonar la vivienda con el menor, buscando un hogar propio para él. El padre se opuso, alegando que él continuaba residiendo en la propiedad y proveía un hogar al menor durante las relaciones paternofiliales. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso presentado por el padre. Finalmente, el Tribunal desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en una reclamación de salarios. La apelante, Dinorah Román Cintrón, demandó a IKON Insurance, Inc. por comisiones impagadas utilizando el procedimiento sumario laboral. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar parcialmente la querella, ordenando a IKON pagar \$4,658.09 por comisiones adeudadas. Sin embargo, el TPI determinó que la apelante, como vendedora o agente de seguros, estaba exenta de ciertas leyes laborales. Concluyó que no procedía el uso del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2-1961 para su reclamación. Por tanto, convirtió el caso a un procedimiento ordinario. La apelante apeló esta decisión solicitando su revisión. El Tribunal de Apelaciones analizó los fundamentos y confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión administrativa consolidados. Los casos fueron incoados por empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Impugnan resoluciones de la Oficina de Apelaciones de la AAA que se declararon sin jurisdicción para atender sus reclamos. Los reclamos originales se relacionan con la impugnación de una nueva escala salarial aprobada por la Junta de Gobierno de la AAA en junio de 2022. El Tribunal consolidó los recursos KLRA202300636, KLRA202300638 y KLRA202300647. Mediante esta sentencia, el Tribunal desestima el recurso KLRA202300638. Además, revoca la Resolución Final recurrida en los recursos KLRA202300636 y KLRA202300647. Esto implica que el Tribunal determinó que la Oficina de Apelaciones de la AAA sí tenía jurisdicción en al menos dos de los casos.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a dos recursos de certiorari consolidados. Los recursos surgen de un caso criminal contra Ana Luisa González Cabrera, acusada de conspiración, oferta de soborno e impedimento de comparecencia de testigos. El asunto central concierne el alcance del descubrimiento de prueba solicitado por la defensa bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal. La acusada solicitó comunicaciones extensas, incluyendo mensajes de texto, audios y videos, intercambiados entre coacusados, testigos y agentes del orden público, así como datos extraídos de los teléfonos celulares de los testigos. El tribunal de primera instancia emitió una resolución interlocutoria concediendo parcialmente la moción de descubrimiento pero denegando solicitudes específicas de comunicaciones. Tanto la defensa como el Ministerio Público presentaron recursos de certiorari impugnando diferentes aspectos de esta orden de descubrimiento. La sentencia atiende estos recursos consolidados sobre las determinaciones del tribunal primario respecto a la producción de evidencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso de Certiorari presentado por María Elena Torres Alvarado contra Arturo José Almodóvar Faria. Este recurso surge de un caso de divorcio sobre pensión alimentaria, originado en el Tribunal Superior de Ponce. La señora Torres Alvarado impugna una decisión del tribunal de primera instancia del 9 de febrero de 2024. Dicha decisión declaró no ha lugar su solicitud urgente de revisión de pensión alimentaria y señalamiento de vista. Ella había solicitado la revisión tras perder su empleo y contratos de trabajo posteriores. La señora Torres Alvarado alega que el tribunal de primera instancia erró al no considerar la reducción de sus ingresos debido a la pérdida de empleo. También sostiene que el tribunal violó su derecho al debido proceso al resolver el asunto sin una vista. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora los méritos de su recurso. La parte recurrida no presentó oposición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de acción reivindicatoria entre Gran Vista, Inc. y Alina Vicente López. El litigio se originó por la alegada invasión y alteración por parte de la señora Vicente López de un área común (Lote J) en la Urbanización Gran Vista, destinada a escorrentías pluviales. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Gran Vista, Inc., concediendo la acción reivindicatoria, ordenando la restitución del terreno y permitiendo a Gran Vista, Inc. hacer suyas las estructuras y siembras. El foro primario declaró a la señora Vicente López edificante de mala fe y le impuso las costas del pleito. La señora Vicente López apeló esta Sentencia Final. Gran Vista, Inc. también recurrió otras determinaciones relacionadas con honorarios de abogado y costas interlocutorias. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Final apelada que concedió la acción reivindicatoria a favor de Gran Vista, Inc. Adicionalmente, desestima el recurso de Gran Vista, Inc. sobre los otros asuntos por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una Orden de Protección para el Adulto Mayor. La orden fue solicitada por Enid M. Rosario González en representación de su madre, María M. González Sánchez, contra su hermana Nayda M. Rosario González. El Tribunal de Primera Instancia había expedido la orden de protección contra Nayda. Determinó que Nayda había cometido maltrato psicológico contra su madre al causar una disputa verbal agresiva en su presencia. Los hechos incluyeron insultos, amenazas, negarse a abandonar la casa de la madre y regresar al día siguiente. La orden prohibió a Nayda molestar, hostigar o acercarse a su madre, comunicarse con ella o su hermana, y disponer de los bienes de la madre. Nayda apeló esta orden. El Tribunal de Apelaciones trató el recurso como un certiorari, indicando que es el procedimiento correcto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de Mandamus. El apelante, un confinado, demandó al Departamento de Hacienda (DH) reclamando dos pagos de incentivos federales por la pandemia que, según él, no recibió. Solicitó que se ordenara al DH enviar los fondos a su cuenta en el Departamento de Corrección. El DH argumentó que el apelante solicitó los incentivos electrónicamente y los cheques fueron enviados, pero dos de ellos caducaron al no ser redimidos. El DH sostuvo que no incumplió con ningún deber ministerial. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir que el DH probó haber cumplido con su deber. El tribunal de instancia ordenó al Departamento de Corrección asistir al apelante con los trámites. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones sin señalar errores específicos, pidiendo un contable y la transferencia de fondos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida. Determinó que el DH cumplió con su deber al enviar los cheques y que la caducidad de estos no constituye un incumplimiento ministerial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300997. Juan Luis Rosado Camerón apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Querella contra IFCO Recycling, Inc. La Querella original, presentada en 2020 y consolidada con otra, alegaba violaciones a la Ley Núm. 115 (represalias) y pago de comisiones adeudadas. El apelante sostuvo que IFCO ejerció conducta represiva en respuesta a una reclamación salarial previa y le adeudaba comisiones. Posteriormente, alegó que las represalias se intensificaron, resultando en un despido constructivo. IFCO solicitó sentencia sumaria, argumentando la ausencia de controversia real de hechos y presentando prueba. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de IFCO y desestimó la Querella con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el Sr. Rosado Camerón. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso consolidado KLAN202300881 y KLCE202301310. El recurso principal es una apelación presentada por la señora Alina Vicente López contra Gran Vista, Inc. La controversia surge de una acción reivindicatoria instada por Gran Vista, Inc. sobre un área común (Lote J) en la Urbanización Gran Vista, presuntamente invadida por la señora Vicente López. El Tribunal de Primera Instancia concedió la acción reivindicatoria a favor de Gran Vista, Inc., restituyendo la posesión del Lote J. El foro primario también permitió a Gran Vista, Inc. hacer suyas las estructuras y siembras en el terreno, declaró a la señora Vicente López edificante de mala fe y le impuso el pago de costas, incluyendo honorarios de perito. La señora Vicente López apeló esta decisión solicitando su revocación. Por su parte, Gran Vista, Inc. recurrió la denegatoria de honorarios de abogado por temeridad y la falta de imposición de costas interlocutorias. El Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia Final apelada que favoreció a Gran Vista, Inc. Además, desestima el auto de certiorari presentado por Gran Vista, Inc. por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. El recurrente, un miembro de la población correccional, impugnó la ratificación de su clasificación de custodia mediana por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Alegó que el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) erró al basar su decisión en la gravedad del delito y la fecha de elegibilidad para libertad bajo palabra. Previamente, el recurrente había solicitado reconsideración ante el DCR, la cual fue denegada. El Tribunal solicitó documentos a las partes para evaluar si poseía jurisdicción sobre el asunto. Tras examinar los expedientes, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. En consecuencia, se desestimó el recurso de revisión judicial presentado por el recurrente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Israel Galarza Vega contra Angelira González Torres. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, que denegó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. La controversia principal se centra en el mobiliario del inmueble designado como "Hogar Seguro" para el menor en un caso de divorcio, donde la custodia fue otorgada al señor Galarza Vega. El peticionario alega que la señora González Torres retiró la mayoría de los muebles de la residencia tras desocuparla. Solicitó sentencia sumaria argumentando que no existían hechos materiales controvertidos y que el derecho al hogar seguro incluye la retención del mobiliario usual. El señor Galarza Vega señala como errores del TPI no dar por admitidos sus hechos, incumplir con la Regla 36 al denegar la moción sin identificar hechos controvertidos, y no resolver que el derecho al hogar seguro incluye el mobiliario. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la decisión del foro de instancia al denegar la solicitud de sentencia sumaria sobre este particular.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de revisión administrativa KLRA202400051. La recurrente, SM, INC., había presentado el recurso contra el Departamento de Educación de Puerto Rico. El caso versaba sobre la adjudicación de una Solicitud de Propuestas (RFP) para servicios de desarrollo profesional para directores escolares y líderes educativos. SM, INC. presentó una moción el 30 de abril de 2024 informando su desistimiento del recurso. La moción solicitaba el desistimiento con perjuicio. El Tribunal, atendiendo la moción, declaró ha lugar el desistimiento. La decisión se basó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, el Tribunal ordenó el archivo del caso. La sentencia fue emitida el 6 de mayo de 2024.

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Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Orden recurrida modificó una decisión previa del foro primario. Dicha modificación eliminó la exención del pago de derechos arancelarios que se le había concedido a Fannie Mae para el proceso de ejecución de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia había denegado una solicitud posterior de Fannie Mae para mantener dicha exención. Tras evaluar el expediente y la Orden, el Tribunal de Apelaciones determinó que el foro primario no actuó con prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción ni error manifiesto. Por tanto, concluyó que no procedía su intervención en el recurso. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso consolidado entre Sun Boricua Pal Mundo Inc. y Engiworks Inc., originado por una demanda de cobro de dinero e incumplimiento contractual. La apelación proviene de una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que condenó a Engiworks a pagar a Sun Boricua \$2,500.00 más honorarios de abogado. Engiworks apeló solicitando la revocación total de dicha sentencia. Sun Boricua también apeló, pidiendo la confirmación de la devolución del depósito de \$2,500.00 y que el caso regresara al foro primario para litigar los daños económicos adicionales. La controversia inicial se centra en un contrato donde Sun Boricua contrató a Engiworks para manufacturar una pieza, pagando un depósito. Sun Boricua alegó que Engiworks incumplió al no entregar la pieza en el plazo acordado, causándole pérdidas económicas. Engiworks admitió el contrato y el depósito, pero describió el proyecto en etapas. El Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar en parte y revocar parcialmente la Sentencia Sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende las apelaciones de Sun Boricua Pal Mundo Inc. y Engiworks Inc. Ambas partes recurrieron una Sentencia Sumaria previa del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia original condenó a Engiworks a pagar a Sun Boricua \$2,500.00 más honorarios de abogado e intereses en un pleito de cobro de dinero e incumplimiento contractual. Engiworks apeló buscando la revocación total del dictamen. Por su parte, Sun Boricua apeló solicitando la confirmación parcial de la devolución de un depósito y la continuación del caso para evaluar daños económicos mayores por el alegado incumplimiento de contrato. La disputa central gira en torno a un contrato para la manufactura de una pieza que, según Sun Boricua, Engiworks no entregó tras recibir un pago adelantado, causando pérdidas. Engiworks presentó una versión diferente de los hechos contractuales. El Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar en parte y revocar parcialmente la Sentencia Sumaria recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Francisco J. Rivera Fernández. El peticionario recurre una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le anotó la rebeldía en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Rivera Fernández había sido previamente desestimado sin perjuicio del caso original por falta de emplazamiento. Los demandantes iniciaron un nuevo pleito con las mismas alegaciones, logrando emplazar a Rivera Fernández por edicto tras intentos infructuosos de emplazamiento personal. Ambos casos fueron consolidados posteriormente. Rivera Fernández presentó una moción en el nuevo caso sin objetar la validez del emplazamiento por edicto. Tras denegarse su moción y consolidarse los casos, los demandantes solicitaron la anotación de rebeldía por no haber contestado la demanda. El foro primario accedió a la solicitud de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari contra dicha determinación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación presentado contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso original versaba sobre una demanda de daños y perjuicios por la caída de un árbol. El Tribunal de Primera Instancia había concedido parcialmente la demanda, ordenando el pago de sumas específicas por reparaciones y angustias mentales. La parte apelante solicitó reconsideración ante el foro primario, la cual fue denegada. Posteriormente, la apelante presentó el recurso de apelación ante este Tribunal. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó que carecía de jurisdicción para entender en el mismo. Por tanto, el recurso de apelación fue desestimado *motu proprio* al haber sido sometido tardíamente.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre daños por vicios de construcción. La parte peticionaria, Seven Three Seventeen LLC, solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden impuso una sanción de \$1,000 al representante corporativo de Seven Three, Sr. Wilfred Hsu. La sanción se debió a la conducta del Sr. Hsu durante una deposición, la cual el tribunal de instancia calificó de poco cooperadora, irrespetuosa y violenta por abandonar abruptamente el procedimiento. Seven Three argumentó contra la sanción y solicitó una orden protectora, citando incidentes con el intérprete y otro abogado. Los recurridos se opusieron a la petición de certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos de las partes y la transcripción de la deposición. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Con esta denegatoria, se confirma la orden del Tribunal de Primera Instancia que impuso la sanción al Sr. Hsu.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Rubén Kuilan Huertas, solicitó participar en el Programa para la Pre Reinserción a la Libre Comunidad. El DCR denegó su solicitud inicialmente y luego su reconsideración. La denegatoria se basó en la Orden Administrativa DCR-2018-07, argumentando que el recurrente no había cumplido aún las penas impuestas por delitos de Ley de Armas. El recurrente apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar el caso, revoca la decisión del DCR. Se ordena la devolución del caso al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que proceda según lo resuelto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por One Alliance Insurance Corporation. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial de PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC (PRAPI). El litigio surge de reclamaciones de seguro por daños causados por los huracanes Irma/María a múltiples propiedades aseguradas por PRAPI con One Alliance. El proceso de reclamación se dividió en tres fases (1st, 2nd y 3rd Claim Submissions). One Alliance realizó pagos por el 1st y parte del 2nd Claim Submission, pero luego se retractó del ajuste del 2nd, alegando dudas sobre el interés asegurable de PRAPI y solicitando la devolución de parte de lo pagado. PRAPI demandó a One Alliance por incumplimiento de contrato y mala fe, buscando el pago de las reclamaciones restantes y daños. One Alliance presentó una reconvención solicitando la desestimación de la demanda y la devolución de pagos. El foro primario ordenó a One Alliance el pago de una propiedad específica del 2nd Claim Submission y la continuación del proceso para otra propiedad del 3rd Claim Submission. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300927. Se revisa una Apelación presentada por Richard Christiansen-Santaella contra Marina PDR Operations, LLC. El recurso impugna una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reconvención del Sr. Christiansen-Santaella. Marina PDR demandó originalmente al Sr. Christiansen-Santaella por incumplimiento de un contrato de transacción confidencial y difamación tras el cese de sus servicios. El Sr. Christiansen-Santaella reconvino, alegando que el acuerdo era nulo por coacción y reclamando daños bajo leyes laborales, argumentando ser empleado. Marina PDR sostuvo la validez del acuerdo y que la relación era de contratista independiente. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria parcial a Marina PDR, desestimando la reconvención. Tras evaluar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado. Esto significa que la desestimación de la reconvención del Sr. Christiansen-Santaella por el foro primario se mantiene.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari presentada por la Asociación de Residentes de River Garden, Inc. La Asociación solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El caso subyacente fue iniciado por el Fideicomiso El Puente GNR, quien impugna un reglamento de la Asociación que prohíbe el alquiler a corto plazo de su propiedad. En su moción de desestimación, la Asociación cuestionó la personalidad jurídica y validez del Fideicomiso. Argumentó que el nombramiento de la nueva fiduciaria era ineficaz y violaba la escritura constitutiva del fideicomiso. La Asociación basó su argumento en que el fideicomiso se originó bajo el Código Civil de 1930 y las prohibiciones específicas de su escritura. El Tribunal de Primera Instancia había permitido previamente el cambio de representación del Fideicomiso en el pleito. El Tribunal de Apelaciones examina ahora la corrección de la decisión del TPI al denegar la desestimación basada en estos argumentos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación de Benjamín Duchesne Landrón contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Aqua Recovery Group, Inc. (ARG). La apelación impugna la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación civil del apelante. El señor Duchesne Landrón demandó a la AAA y ARG alegando que la AAA no poseía título válido sobre un registro (manhole) en su propiedad. Adujo que el desborde de aguas sanitarias del manhole y los trabajos de reparación causaron daños a su terreno. Reclamó la remoción del manhole y una compensación económica por los daños sufridos. La AAA y ARG solicitaron sentencia sumaria, argumentando que actuaron para resolver una emergencia ambiental y que los trabajos se realizaron dentro de la servidumbre existente. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, desestimando la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Enmendada apelada.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en un caso de sentencia declaratoria. El apelante, Víctor R. Díaz León, demandó a sus coherederos para formalizar la adquisición de una propiedad heredada, alegando haber pagado sus respectivas participaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio. La desestimación se fundamentó en la falta de presentación de relevos de caudal relicto y la representación incompleta de la sucesión de una coheredera fallecida. El demandante solicitó reconsideración, presentando los documentos que subsanaban las deficiencias, pero el foro primario denegó la moción. Inconforme, el Sr. Díaz León apeló la Sentencia desestimatoria. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una disputa sobre el cobro de costas en un litigio de patentes municipales. El Municipio de Carolina impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenó pagar a Lilly del Caribe, Inc. \$324,666.00. Este monto corresponde a las primas de una fianza que Lilly mantuvo durante las etapas apelativas de un caso previo. En ese litigio original, Lilly impugnó y prevaleció contra una Notificación de Deficiencia de patentes emitida por el Municipio. Lilly argumentó que la fianza era un requisito legal necesario durante todo el proceso, incluyendo las apelaciones, y que su costo era un gasto recuperable. El Municipio sostuvo que la fianza no era obligatoria en las apelaciones iniciadas por ellos, que el gasto era voluntario y que gozaba de inmunidad soberana. El TPI declaró con lugar el reclamo de costas de Lilly y denegó la reconsideración del Municipio. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el recurso de certiorari y confirmar la decisión del TPI.

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Armando Sánchez Crespo apeló la Sentencia en Reconsideración emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla el 11 de septiembre de 2023. Dicha sentencia reconsideró una determinación previa y desestimó la demanda y acción derivativa instada por Sánchez Crespo contra Jesenia González Soto y Safety Route Corp. Sánchez Crespo había demandado por daños y perjuicios, solicitando ser declarado único accionista de Safety Route Corp. y la designación de un administrador judicial. González Soto negó las alegaciones y presentó una reconvención. El TPI, tras una vista evidenciaria, determinó que Sánchez Crespo aportó la mayor parte del capital, pero González Soto era la única accionista legalmente registrada. Aunque inicialmente el TPI permitió que la demanda continuara por el interés beneficiario de Sánchez Crespo, en la sentencia reconsiderada desestimó sus reclamaciones y declaró Con Lugar la reconvención de González Soto. Sánchez Crespo presentó mociones de reconsideración que fueron denegadas. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los escritos y documentos, resuelve confirmar la Sentencia en Reconsideración apelada.

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Un tribunal apelativo revisó decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un litigio entre Arnaldo Miranda Avilés y Elmer Miranda Avilés, accionistas de AE Medical Technologies, Inc. Arnaldo Miranda demandó a Elmer Miranda y la corporación, alegando que Elmer, el otro accionista, violó deberes fiduciarios y puso en peligro la empresa. Solicitó la remoción de Elmer, daños millonarios para la corporación y él mismo, y remedios como un interdicto y auditoría. Elmer Miranda presentó una reconvención, alegando que Arnaldo cometió actos ilegales y violó su deber fiduciario mientras fue presidente, buscando compensación por daños. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial declarando Ha Lugar a un interdicto preliminar y permanente solicitado por Elmer Miranda y AEM. Dicha sentencia también declaró Con Lugar la moción para desestimar la demanda de Arnaldo Miranda. Posteriormente, el TPI declaró Ha Lugar a los memorandos de costas de Elmer Miranda y AEM. Arnaldo Miranda apeló la Sentencia Parcial y solicitó certiorari para revisar la Resolución de costas. El tribunal apelativo, tras considerar los recursos, revocó la Sentencia Parcial apelada. Asimismo, expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida sobre las costas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Faustino Xavier Betancourt Colón contra Tivoli Foods \& Sport, Inc. El recurso de apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó con perjuicio la demanda del apelante. La demanda original alegaba violación a la Ley ADA por barreras arquitectónicas en el negocio de la apelada, reclamando discriminación por discapacidad. La apelada presentó una Moción de Desestimación, argumentando falta de legitimación activa del demandante por no haber sufrido daños reales y posible abuso del derecho. El TPI declaró Ha Lugar la moción de desestimación, concluyendo que el apelante carecía de standing. El apelante recurrió, señalando errores en la aplicación del estándar de desestimación y en la determinación de su legitimación como cliente o tester de derechos civiles. Alegó que el TPI erró al no reconocer el encuentro con las barreras o su efecto disuasorio como daño. Tras examinar el expediente y celebrar vista oral, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del TPI. La sentencia apelada, que desestimó la reclamación, fue así ratificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por la familia de Shannel Colón Ponce. La apelación impugnaba una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue radicada contra varios funcionarios públicos, incluyendo al Comisionado de la Policía y la Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en sus capacidades personales. El caso se originó tras el fallecimiento de Shannel Colón Ponce en junio de 2022 mientras se encontraba bajo custodia del DCR. La Sra. Colón Ponce padecía una condición mental y, tras ser arrestada, fue ingresada a la institución correccional sin que se le realizara una evaluación psiquiátrica solicitada antes de su muerte por aparente suicidio. Sus familiares alegaron violación de derechos civiles por la actuación de los funcionarios. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la desestimación de las reclamaciones contra los funcionarios en sus capacidades personales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso sobre recisión de contratos. La demanda original fue presentada por Efraín Valentín Cabán y otros contra Juan Cogan y otros, alegando fraude en la compraventa de un negocio. Los demandantes sostenían que los vendedores ocultaron el cierre de un inquilino principal y presentaron estados financieros falsos. Los demandados, a su vez, presentaron una reconvención reclamando el pago de un pagaré de \$30,000. Tras el juicio, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes con perjuicio, aplicando la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Además, declaró Ha Lugar la reconvención de los demandados, condenando a los demandantes al pago de \$30,000 y otras partidas. Los demandantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos y las determinaciones de hechos del TPI basadas en la prueba presentada por la parte demandante, confirma la Sentencia apelada.