Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 270)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Integrand Assurance Company. Integrand solicitó la revisión de una Resolución y orden de embargo preventivo emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha orden fue dictada en un caso donde Empresas Rivera Siaca, Inc. (ERS) demandó a Integrand por incumplimiento de contrato de seguros y daños tras el Huracán María, reclamando una suma millonaria. ERS solicitó un embargo provisional en aseguramiento de sentencia. Integrand se opuso, argumentando falta de jurisdicción del foro primario bajo el Código de Seguros y el incumplimiento de ERS con los requisitos procesales para el embargo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que sí tenía jurisdicción para emitir la orden de embargo preventivo contra Integrand. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación mediante el certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido. Esto valida la jurisdicción del foro primario y la procedencia de la orden de embargo provisional contra Integrand Assurance Company.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Sucesión de Carlota Chardón Benítez. La Sucesión impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que permitió al recurrido, José Orlando Ortiz, presentar un testigo pericial y reabrió el descubrimiento de prueba en un caso iniciado en 2010. El litigio original trata sobre una demanda de incumplimiento de un acuerdo de opción a compra de 1994, donde el señor Ortiz reclama la devolución de \$110,000 y daños por la alegada falta de la Sucesión en sanear el título de una parcela. La Sucesión se opuso a la inclusión tardía del perito, anunciada después de iniciado el juicio, argumentando falta de tiempo para el descubrimiento y refutación. El señor Ortiz defendió la necesidad del perito para cuantificar daños y atribuyó las demoras a la Sucesión. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución modificó la sentencia impuesta a Jorge A. Gautier Quiñones, quien fue condenado en 2006 por asesinato y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo una pena global de 110 años. El TPI ordenó que las penas por las infracciones a la Ley de Armas se cumplieran concurrentemente, considerando la edad del convicto al momento de los hechos. El Pueblo argumentó que la Ley de Armas exige la consecutividad de las penas. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La apelante impugna la cuantía de la pensión alimentaria establecida por el Tribunal de Primera Instancia. Alega que el foro primario erró al no incluir los gastos de vivienda en el cálculo. El Tribunal de Primera Instancia, acogiendo la recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimentarias, fijó la pensión final en $639.59 mensuales. La Examinadora no concedió crédito al gasto de vivienda reclamado por la apelante por no haberse presentado evidencia de pago. La apelante solicitó reconsideración, logrando una partida para honorarios de abogado, pero se mantuvo la exclusión del gasto de vivienda por falta de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisa el tracto procesal y los fundamentos de la decisión apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. El apelante, Nevenjaris Medina, demandó a su patrono, Sun Products Corporation (adquirida por Henkel Corporation), tras ser despedido en marzo de 2017. Medina alegó que su despido fue sin justa causa y reclamó indemnización bajo la Ley Núm. 80. El patrono contestó que el despido fue justificado debido a la eliminación del puesto del señor Medina. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, concluyó que el despido estuvo justificado y desestimó la querella. El señor Medina presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar los fundamentos y la prueba desfilada en el foro primario, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión final ratifica que el despido del señor Medina fue considerado justificado por los tribunales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800494. El recurso fue presentado por Luis Pabón, Wilma Matos y Pabón Auto Collision, Inc. contra Gurayoán Rivera Ortiz. Apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios, fraude, perjurio y cobro de dinero. La desestimación se basó en la doctrina de cosa juzgada. El trasfondo incluye un litigio previo ante el DACo, donde el apelado obtuvo una sentencia favorable contra los apelantes por la retención indebida de un vehículo. Esa decisión del DACo fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Los apelantes argumentan que el TPI erró al aplicar la cosa juzgada y al permitir una alegación responsiva sin resolver una solicitud de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada. Se valida así la desestimación de la demanda de los apelantes por existir cosa juzgada respecto a las controversias previamente litigadas.

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Sentencia en Reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Juan B. Sanabria Medina, impugnó una sentencia en rebeldía de $400,000 dictada en su contra. Alegó que la sentencia era nula por falta de jurisdicción sobre su persona, al no haber sido emplazado conforme a derecho, cuestionando la validez del emplazamiento por edicto. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de relevo de sentencia. Sanabria Medina solicitó reconsideración de esa denegatoria, la cual fue atendida tardíamente por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones había desestimado inicialmente el recurso por presentación tardía, basándose en la fecha de la sentencia original. Tras una solicitud de reconsideración del apelante, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto su resolución previa. Determinó que el recurso era oportuno al considerar la fecha de la notificación de la orden del TPI resolviendo la reconsideración sobre la nulidad de sentencia. Procedió a analizar los méritos del recurso y revocó el dictamen recurrido que denegó la solicitud de nulidad de sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por San Juan Properties, Inc. La peticionaria impugnaba la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2. Dicha moción buscaba anular una sentencia en rebeldía de 2013 en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, originalmente instado por Scotiabank. San Juan Properties alegó haber descubierto nueva prueba que, a su juicio, demostraba la caducidad o prescripción de la causa de acción. La acreencia de Scotiabank había sido adquirida por WM Capital Partners y luego por WMPRRE. El foro primario denegó el relevo, señalando, entre otras cosas, que la moción se presentó fuera del término de seis meses para nueva prueba bajo la Regla 49.2. San Juan Properties presentó entonces el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a una apelación presentada por Scotiabank de Puerto Rico. El banco recurre una sentencia en rebeldía del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Melissa Luna Rodríguez. El TPI dictó sentencia a favor del banco por incumplimiento de pago de un préstamo hipotecario. No obstante, el foro primario modificó los términos contractuales pactados por las partes. Limitó el cobro de recargos por demora hasta la fecha de aceleración de la deuda y ordenó calcular los honorarios de abogado sobre el principal adeudado, no el original. El TPI fundamentó estas variaciones en el Código Civil y jurisprudencia. Scotiabank alega que el TPI erró al no aplicar los términos del contrato respecto a los recargos por demora y los honorarios de abogado (10% del principal original). La apelada no presentó oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la decisión del TPI al modificar las cláusulas contractuales sobre estos conceptos.

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Una sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resuelve la apelación presentada por Bruce Lee Cortés López contra sus convicciones en varios casos criminales. El apelante fue hallado culpable por tribunal de derecho de dos cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y múltiples violaciones a la Ley de Armas. Alega que la prueba de cargo fue insuficiente, careció de corroboración confiable y no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. Los hechos que dieron lugar a las convicciones ocurrieron el 7 de junio de 2011 en Arecibo, resultando en la muerte de dos personas que fueron tiroteadas mientras viajaban en un vehículo. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas significativas, incluyendo dos condenas de 99 años por los asesinatos, con algunas penas concurrentes y otras consecutivas.

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This resolution from the Puerto Rico Court of Appeals addresses a challenge to a partial judgment issued in a hereditary community partition case. Petitioners sought to revoke a lower court ruling that summarily excluded two specific properties from the estate of Celia López Estrella, the subject of the partition. The appellate court determined the ruling was interlocutory and should have been challenged via certiorari, but accepted the filing as such. The underlying lawsuit, initiated in 2010, involves heirs seeking to liquidate Celia López Estrella's estate. Plaintiffs, heirs of Ángel L. Ramos López, sued Salustiano Ramos López, alleging he improperly administered the estate and excluded them from assets and fruits. They claimed a specific monetary share from the estates of Celia López Estrella and Ramón Ramos Rodríguez. Salustiano contested claims, asserting prior partition of Ramón Ramos Rodríguez's estate and proper administration as albacea for Celia López Estrella. He also raised affirmative defenses, including prior adjudication and the plaintiffs' failure to address inheritance taxes. The resolution outlines the procedural history leading up to the appellate court's review of the contested partial judgment.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900460. El apelante, Luis Javier Soto Soto, comparece por derecho propio solicitando la asignación de un abogado de oficio para una vista en el foro primario. Su escrito, intitulado Recurso de Apelación, no contiene señalamientos de error ni solicita la revisión de una sentencia final. El Tribunal destaca la norma fundamental de que la falta de jurisdicción sobre la materia no puede ser subsanada. Los tribunales tienen la obligación de asegurar su propia jurisdicción antes de considerar los méritos de un recurso. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones autoriza la desestimación de un recurso por falta de jurisdicción. Conforme a estos principios, el Tribunal desestima el recurso presentado por el señor Soto Soto por falta de jurisdicción.

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