Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 270)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800883. DANTZER, INC. apeló una sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia en una acción civil sobre rescisión de contrato. Dantzler había obtenido previamente una sentencia de cobro de dinero contra José A. Meléndez Castro y Lourdes Martínez de la Rosa. Posteriormente, los esposos Meléndez Martínez vendieron una propiedad a su hija, Kassandra Meléndez Martínez. Dantzler alegó que esta venta fue realizada en fraude de acreedores y solicitó la rescisión del contrato de compraventa y del préstamo hipotecario asociado. La compraventa fue financiada por un banco hipotecario cuya garantía fue inscrita en el registro antes que cualquier embargo de Dantzler. Kassandra Meléndez Martínez se declaró en quiebra, y el síndico abandonó la propiedad objeto del litigio. Tras revisar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la acción de Dantzler.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación en un caso de cumplimiento específico de contrato. Néstor E. Santiago Arvelo demandó a Rose y Nancy Binet Torres, alegando un contrato de $40,000 para comprar un terreno tras pagar $20,000. Rose Binet Torres negó el acuerdo de compraventa, afirmando que los $20,000 fueron una opción por la mitad de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el cumplimiento específico, dando credibilidad a la versión de Santiago Arvelo sobre un contrato de compraventa total. Rose Binet Torres apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial del caso, incluyendo el juicio y las determinaciones de hechos del tribunal inferior que apoyaron la reclamación de Santiago Arvelo sobre el precio de venta de $40,000 y el pago de $20,000. El documento anuncia la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de expropiación forzosa instado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) contra varios propietarios, incluyendo a los apelantes. El procedimiento se paralizó inicialmente debido a la petición de quiebra de ACT bajo el Título III de la Ley PROMESA. Posteriormente, el tribunal federal de quiebras levantó parcialmente la paralización para permitir que el tribunal estatal resolviera cualquier controversia relacionada con el pago de la justa compensación. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional sobre el valor de las parcelas expropiadas, estipulando una suma específica para la participación de los apelantes. Basándose en este acuerdo, los apelantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) el retiro de los fondos consignados. Sin embargo, el TPI denegó la solicitud, indicando que el caso continuaba paralizado a pesar del acuerdo y el levantamiento parcial de la paralización federal. Los apelantes recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, dando lugar a la consolidación de este recurso con otro relacionado.

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El Dr. José R. Fernández solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Relevo de Sentencia. Dicha moción alegaba fraude por parte de la Sra. María J. Delgado Quiñones en la reclamación de lucro cesante prospectivo. El caso original, incoado por las Sras. Delgado Quiñones y Frances Norat Cruz, versaba sobre reclamaciones laborales y despido injustificado. Tras una apelación previa, este Tribunal modificó la sentencia inicial, declarando con lugar el despido injustificado de la Sra. Delgado Quiñones y devolviendo el caso al foro primario para cuantificar los daños. El peticionario presentó la moción de relevo luego de que el TPI dictara la sentencia enmendada con las cuantías. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso presentado por el Dr. Fernández como un certiorari. Sin embargo, tras evaluar los fundamentos, este Panel deniega la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca ordinaria. Firstbank Puerto Rico apeló la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda. La acción original buscaba ejecutar una hipoteca sobre una propiedad de Martha Elena Ramírez García. La demandada admitió la deuda pero controvirtió la legitimación de Firstbank como tenedor del pagaré y acreedor hipotecario, sugiriendo que actuaba solo como administradora. El foro primario desestimó la demanda de Firstbank basándose en este planteamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación apelada. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la desestimación de la demanda dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se devuelve al foro inferior para la continuación de los procedimientos. También se declara No Ha Lugar la moción de la demandada para desestimar la apelación.

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Una sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resuelve la apelación presentada por Bruce Lee Cortés López contra sus convicciones en varios casos criminales. El apelante fue hallado culpable por tribunal de derecho de dos cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y múltiples violaciones a la Ley de Armas. Alega que la prueba de cargo fue insuficiente, careció de corroboración confiable y no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. Los hechos que dieron lugar a las convicciones ocurrieron el 7 de junio de 2011 en Arecibo, resultando en la muerte de dos personas que fueron tiroteadas mientras viajaban en un vehículo. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas significativas, incluyendo dos condenas de 99 años por los asesinatos, con algunas penas concurrentes y otras consecutivas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos de certiorari consolidados (KLCE201700094, KLCE201700105, KLAN201700141). Los recursos solicitan la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de mandamus, sentencia declaratoria y cobro de dinero. La Asociación de Salud Primaria y otros proveedores demandaron al Estado Libre Asociado (ELA) por el reembolso de gastos de Medicaid no cubiertos federalmente. Tras sentencias parciales a favor de los demandantes, el ELA invocó la Ley Núm. 66-2014 para el pago de la deuda. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones confirmó la aplicabilidad de dicha ley pero revocó el plan de pago inicial, devolviendo el caso al foro primario para establecer un plan conforme a la ley. Los presentes recursos buscan la revisión de la resolución subsiguiente del Tribunal de Primera Instancia que estableció dicho plan de pago. El Tribunal de Apelaciones ejerce su facultad discrecional de certiorari para evaluar la actuación del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos apelaciones consolidadas (KLAN201601916 y KLAN201601926). Los recursos provienen de un caso de daños y perjuicios (ABCI201301444) incoado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada. Las partes principales son Armando Acevedo Pérez y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón. El Sr. Acevedo Pérez demandó a la Cooperativa alegando incumplimiento de contrato y daños. Sostuvo que compró una propiedad basándose en el compromiso de la Cooperativa de legalizar el permiso de construcción y proveer certificaciones para el permiso de uso. Alegó que el incumplimiento de la Cooperativa le impidió obtener desembolsos de un préstamo de construcción, generándole gastos por intereses. La Cooperativa admitió la comunicación sobre el permiso, pero negó haberse comprometido a proveer las certificaciones. Ambas partes apelaron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por compartir hechos y derecho. El Tribunal de Apelaciones procederá a modificar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El litigio surge de una demanda presentada por los padres de un menor contra el director de una escuela, Tito Morales Martínez, y la Christian Private Academy. La reclamación se basa en una agresión física supuestamente perpetrada por el director contra el estudiante en las escaleras de la escuela. El Tribunal de Primera Instancia encontró responsable al director por los daños, pero desestimó la acción contra la escuela y su aseguradora. Ambas partes apelaron la decisión del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los recursos, la prueba y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar en parte y revocar en parte la sentencia apelada. El caso será devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que realice determinaciones adicionales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel X, resolviendo apelaciones consolidadas presentadas por Armando Acevedo Pérez y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón. Ambos recursos buscan la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños y perjuicios. El pleito original fue instado por el Sr. Acevedo Pérez contra la Cooperativa y otros, alegando incumplimiento de contrato y vicios ocultos relacionados con la compra de una propiedad. El demandante sostuvo que la Cooperativa se comprometió a legalizar el permiso de construcción y proveer certificaciones para obtener un permiso de uso y desembolsar fondos de un préstamo de construcción. Alegó que el incumplimiento de la Cooperativa le impidió finalizar la construcción y le causó daños económicos. La Cooperativa aceptó haber comunicado sobre la legalización del permiso pero negó haberse comprometido a proveer las certificaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de ambas partes. Por los fundamentos expuestos, procede modificar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la solicitud de revisión de sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia contra Wascar Gratereaux Reyes, Joery Sánchez Jiménez y Aderlín Mejías Ventura. Los apelantes fueron acusados por infracciones a la Ley de Armas (disparar/apuntar arma, portación sin licencia) y tentativa de robo agravado. El trasfondo fáctico se basa en el testimonio de la víctima, Gisely Gaud Ocasio, sobre un intento de asalto ocurrido el 27 de agosto de 2014. La víctima relató que tres individuos en un vehículo intentaron robarle su teléfono celular. Uno de los ocupantes le apuntó con un arma tras ella negarse a entregar el teléfono. La víctima se resistió al asalto. Solo el pasajero delantero habló y mostró el arma, mientras el conductor y el pasajero trasero permanecieron en silencio.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa las condenas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia a Wascar Gratereaux Reyes, Joery Sánchez Jiménez y Aderlín Mejías Ventura. Los apelantes fueron sentenciados el 12 de abril de 2016 por infracciones a la Ley de Armas y tentativa de robo agravado. Los cargos se basan en hechos alegados ocurridos el 27 de agosto de 2014. Durante el juicio, la testigo Gisely Gaud Ocasio declaró sobre un intento de asalto el 9 de junio de 2014. Según su testimonio, tres individuos en un Honda Civic blanco intentaron robarle su teléfono celular. El pasajero delantero le apuntó con un arma y exigió el teléfono, a lo que ella se negó. Los otros dos ocupantes del vehículo, incluyendo el conductor, no hablaron ni actuaron durante el incidente. El Tribunal de Apelaciones considera este trasfondo fáctico y probatorio para resolver la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia contra Wascar Gratereaux Reyes, Joery Sánchez Jiménez y Aderlín Mejías Ventura. Los apelantes fueron acusados de infracciones a la Ley de Armas y tentativa de robo agravado por hechos ocurridos en agosto de 2014. La controversia se centra en un incidente donde los tres individuos, a bordo de un vehículo, intentaron asaltar a una mujer. Según el testimonio de la víctima, Gisely Gaud Ocasio, uno de los ocupantes le exigió su teléfono celular y le apuntó con un arma de fuego. La víctima se resistió al asalto. Los otros dos ocupantes del vehículo no emitieron palabra ni gesto durante el intento de robo. El Tribunal de Apelaciones examina el trasfondo fáctico y legal de las condenas apeladas.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación en un caso de custodia y pensión alimentaria. La apelante, Karla Michelle Díaz León, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que adoptó un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. La demanda original fue presentada contra el padre de la menor y su esposa, incluyendo la sociedad legal de bienes gananciales. Un punto central del caso es el cambio del régimen económico matrimonial de los apelados a separación de bienes, realizado después de presentada la demanda de alimentos. La Examinadora consideró la capacidad económica de la sociedad legal solo hasta la fecha de registro de las capitulaciones matrimoniales. Recomendó una pensión mensual de $749, pero una cantidad mayor ($982) para el período anterior al cambio de régimen. El foro primario adoptó esta recomendación. La apelante sostiene que el derecho de la menor a que se considerara la sociedad legal de bienes gananciales se adquirió al momento de presentar la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la determinación del foro primario.