Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 259)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLRA201900397, un recurso de revisión administrativa procedente de la Administración de Familias y Niños (ADFAN). La recurrente, Bethzaida Márquez Santos, había presentado la revisión contra ADFAN. El 10 de julio de 2019, la parte recurrente presentó un "Aviso de Desistimiento Voluntario" ante el Tribunal. Atendiendo esta solicitud, el Tribunal acogió el desistimiento. Esta decisión se tomó a tenor con la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, el Tribunal ordenó el archivo definitivo de este caso. La sentencia fue emitida el 16 de julio de 2019 por un panel de jueces.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión judicial. La recurrente, Nilsa I. Rodríguez Guerrero, solicitó la revisión de una determinación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que le negó beneficios de compensación por desempleo. La decisión administrativa final, que denegó una solicitud de reconsideración, fue emitida y notificada el 3 de junio de 2019. La señora Rodríguez Guerrero presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio de 2019. El Tribunal procedió a examinar el caso, enfocándose primero en su jurisdicción. Tras revisar las fechas, el Tribunal determinó que el recurso fue presentado de forma tardía. La falta de jurisdicción por presentación extemporánea es un defecto insubsanable. Por tanto, el Tribunal resolvió desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

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RG Engineering, Inc. presentó un recurso de revisión judicial contra la Autoridad de Energía Eléctrica impugnando la adjudicación del Request for Proposal 82695 a ARG Precision Corp. Dicho RFP se refería a la contratación de servicios para turbinas de gas móviles. Esta es la tercera ocasión en que las partes comparecen ante este Tribunal por el mismo asunto. Tras la adjudicación inicial, RG Engineering solicitó la reconsideración administrativa ante la Autoridad. Los dos recursos de revisión judicial previos fueron desestimados por motivos procesales, incluyendo la pendencia de la reconsideración administrativa. En este tercer intento, RG Engineering argumenta la jurisdicción del Tribunal basándose en la alegada falta de resolución de su reconsideración por la Autoridad dentro del plazo reglamentario. No obstante, el Tribunal desestima el presente recurso de revisión judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la administración judicial del caudal hereditario de Anthony Carman Tirri. El apelante, Carlos Díaz Rivera, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que aprobó el informe final del caudal y desestimó su reclamación como acreedor, remitiéndola a un pleito independiente. Díaz Rivera, quien alega ser acreedor del causante, objetó el inventario final por supuesta falta de notificación, omisión de bienes y discrepancias sobre el monto de su crédito, incluso alegando falsificación de firma. La administradora judicial, Jean Marie Tirri, se opuso a la impugnación, cuestionando la legitimación del apelante y la oportunidad de sus objeciones. El Tribunal de Apelaciones determina que el foro primario erró al aprobar el inventario sin dilucidar la impugnación del apelante. Por tanto, revoca la sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Se ordena la celebración de una vista evidenciaria. El propósito es que se ventile la impugnación del informe final del caudal hereditario. Tras la vista, el foro primario deberá determinar si procede la aprobación de la cuenta final.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Academia del Perpetuo Socorro mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dictó un entredicho provisional. Dicha orden instruyó a los demandados, incluyendo a APS, a cesar rebajas de salario y despidos de empleados en la Academia hasta la adjudicación del caso principal. El pleito original fue iniciado por empleados beneficiarios de un Plan de Pensión de Escuelas Católicas contra la Iglesia Católica, APS y otros. Los demandantes alegaron la terminación de derechos adquiridos de pensión. El caso ha tenido un extenso tracto procesal, incluyendo intervenciones previas del Tribunal Supremo y otro panel del Tribunal de Apelaciones sobre la continuación de pagos de pensión y la personalidad jurídica de las escuelas. En esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones decide expedir el recurso de certiorari presentado por APS. Asimismo, deja sin efecto una paralización de los procedimientos previamente ordenada. Finalmente, ordena al Tribunal de Primera Instancia la celebración de la vista pendiente relacionada con el entredicho provisional sobre salarios y despidos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de custodia. La parte apelante impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que anuló una sentencia previa que le otorgaba la custodia y desestimó la demanda. El foro primario determinó que el emplazamiento a la parte apelada no se realizó válidamente dentro del término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c). Aunque se intentó un emplazamiento por edicto posteriormente, este se efectuó fuera del plazo reglamentario. La parte apelada compareció tras la sentencia de custodia solicitando su nulidad por el emplazamiento tardío. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud, anuló la sentencia y desestimó el caso sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó los procedimientos y confirmó la sentencia apelada. Se valida así la nulidad de la sentencia de custodia y la desestimación de la demanda debido al incumplimiento del término para diligenciar el emplazamiento.

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Un ciudadano recurrió ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución de la Policía de Puerto Rico que revocó su licencia de armas y denegó la devolución de sus armas ocupadas. La ocupación inicial ocurrió tras el recurrente reportar el hurto de un arma, a pesar de tener licencias vigentes. El proceso administrativo para revisar la ocupación y revocación sufrió dilaciones significativas, tardando más de dos años en celebrarse la vista. Durante la vista administrativa, el recurrente alegó que se le denegó acceso al expediente y que la Policía no presentó prueba para sustentar la revocación. En la etapa de revisión judicial, la Oficina del Procurador General, en representación de la Policía, coincidió con los planteamientos del recurrente sobre las anomalías procesales. El Procurador General solicitó que el caso fuera devuelto a la agencia para una nueva vista administrativa. Ante el acuerdo de las partes sobre los defectos en el proceso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Resolución recurrida.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones varios recurrentes para revisar una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La determinación de la CASP, emitida en mayo de 2019, desestimó parcialmente cargos presentados por los recurrentes contra la Asociación de Maestros de Puerto Rico bajo la Ley núm. 333-2004. Los recurrentes habían alegado múltiples violaciones a la Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una Organización Laboral. La CASP, tras una investigación reanudada por orden de un panel anterior de este tribunal, solo encontró causa para emitir querella por una violación específica. Los recurrentes solicitaron reconsideración de esta desestimación parcial, la cual fue denegada por la CASP. Inconformes, acuden nuevamente al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. El presente recurso busca dejar sin efecto la determinación de la CASP que desestimó la mayoría de los cargos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender la revisión judicial en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente, quien cumple una sentencia por asesinato y Ley de Armas, había obtenido el privilegio de libertad bajo palabra condicionado a su participación en un programa de tratamiento interno. Inicialmente, mostró progreso positivo en el programa. Sin embargo, se reportó un incidente en el que supuestamente agredió a otro participante del programa. Este incidente fue considerado una violación a las condiciones de su libertad, incluyendo la de observar buena conducta. La Junta ordenó su reingreso a prisión y le imputó violaciones a varias condiciones de su mandato. Tras una vista, la Junta emitió una resolución que fue recurrida ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, al revisar el caso, confirmó la resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Yadier Rodríguez Vélez fue separado de su puesto probatorio como Cadete de la Policía de Puerto Rico tras una investigación administrativa. Se le informó de su derecho a solicitar una vista informal ante un Oficial Examinador de la Policía, la cual solicitó. No obstante, antes de que concluyera el proceso interno, apeló su separación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La Policía solicitó la desestimación de la apelación ante la CASP por ser prematura, argumentando que el proceso administrativo no había finalizado. Rodríguez Vélez sostuvo que la Policía había perdido jurisdicción al separarlo del puesto. La CASP determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación porque el proceso ante la agencia no había concluido, desestimando el caso sin perjuicio. Tras una reconsideración denegada, Rodríguez Vélez acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial, alegando que la CASP erró al declararse sin jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión de la CASP bajo el estándar de deferencia a las agencias administrativas, evaluando si actuó de forma arbitraria o ilegal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La apelación fue presentada por Mara Martínez Meléndez contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda contra dos accionistas de la corporación dueña de la oficina dental. El Tribunal de Primera Instancia aplicó el principio de inmunidad corporativa, protegiendo a los accionistas de responsabilidad por las obligaciones de la corporación. Determinó que no se había demostrado que los accionistas estuvieran directamente relacionados con el acto negligente o que existiera base para descorrer el velo corporativo. La apelante alegó varios errores, incluyendo la desestimación prematura y la incorrecta aplicación de la ley corporativa. Argumentó que los accionistas debían responder por los actos de sus empleados o por ser dueños individuales de la oficina. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación y los argumentos de la apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. El apelante, Juan C. Montes Ortiz, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicho tribunal lo condenó a 15 años de prisión por el delito de Robo, tipificado en el Art. 189 del Código Penal. La acusación se basa en hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2016 en una farmacia Walgreens en Bayamón. Se le imputó apropiarse de cuatro estuches de perfumes valorados en $80 mediante violencia y/o intimidación. El documento detalla el proceso judicial en primera instancia. Incluye la presentación de la acusación, lectura de cargos y la renuncia a juicio por jurado. También resume la prueba de cargo presentada, que consistió en testimonios y evidencia documental como videos de seguridad. La apelación busca la revisión de la sentencia impuesta.

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Margarita Negrón Pagán apela dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia que dieron por satisfecho un cobro de dinero y denegaron su solicitud para anular el proceso de ejecución de sentencia y venta judicial. El caso se originó en 2010 con una demanda de cobro de dinero presentada por Banco Popular de Puerto Rico (luego sustituido por Granted Recovery Group, LLC) contra la señora Negrón Pagán por deudas de tarjeta de crédito y préstamo personal. Tras intentos fallidos de acuerdo, el foro primario dictó sentencia en 2011 condenándola al pago de la deuda de tarjeta de crédito más intereses, costas y honorarios. Posteriormente, se solicitó y concedió la ejecución de dicha sentencia, lo que llevó al proceso de embargo y subasta de bienes. La señora Negrón Pagán impugna la validez de este proceso de subasta. El Tribunal de Apelaciones consolidó dos recursos de certiorari presentados por la peticionaria que se refieren a la impugnación de la subasta efectuada en ejecución de la misma sentencia. La presente Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolverá sobre la procedencia de la revocación solicitada por la señora Negrón Pagán.

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La señora Margarita Negrón Pagán solicita al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Dichas órdenes dieron por satisfecho el cobro de una deuda y denegaron su moción para anular el proceso de ejecución y venta judicial. El caso se originó en 2010 cuando Banco Popular de Puerto Rico demandó a la señora Negrón Pagán por cobro de dinero de tarjetas de crédito y préstamos personales. Tras no lograr un acuerdo y no contestar la demanda enmendada, se dictó sentencia en rebeldía en su contra en 2011 por la deuda total más intereses y honorarios. Banco Popular solicitó y obtuvo la ejecución de la sentencia, lo que condujo a un proceso de embargo y subasta. La causa de acción fue posteriormente cedida a Granted Recovery Group, LLC, quien asumió la representación legal. La peticionaria impugna ante el Tribunal de Apelaciones la validez del proceso de subasta efectuado en ejecución de la sentencia original.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre pensión alimentaria. El apelante, Víctor M. Fonseca Monserrate, impugna la orden de pagar atrasos de pensión y establecer una obligación alimentaria para su hijo, Eduardo Fonseca Velázquez, quien es mayor de edad. El hijo solicitó alimentos para sufragar sus estudios universitarios y de postgrado en medicina. El apelante argumentó incapacidad física y falta de recursos económicos, indicando que reside en un hogar de envejecientes. El hijo, por su parte, presentó evidencia de sus estudios, costos y la capacidad económica del padre basada en beneficios de seguro social y pensión por retiro. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de los atrasos y fijó una pensión entre parientes a favor del hijo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la determinación del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la custodia de un menor tras un proceso de divorcio. El padre, William Alexis Candelaria González, apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que otorgó la custodia a la madre, Sheila Marie Soto Collazo. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. Se consideró que un tribunal de Florida había otorgado previamente la custodia provisional al padre, decisión reconocida por el TPI. Tres informes de la Unidad de Trabajo Social, emitidos entre 2017 y 2018, recomendaron consistentemente que la custodia fuera otorgada al padre. Los informes detallaron la inestabilidad de la madre, sus frecuentes mudanzas, incidentes de violencia doméstica (como víctima y en otros contextos), y la remoción de otros hijos por parte del estado de Texas. Aunque el menor tiene buen rendimiento académico y desea vivir con su madre, la evidencia presentada, incluyendo los informes sociales y los incidentes documentados, llevó al tribunal a concluir que la custodia debía recaer en el padre. La decisión se basa en la evaluación de la prueba y el derecho aplicable.

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Sentencia de un panel de jueces de apelación que resuelve un recurso presentado por Correctional Health Services Corp. La apelación surge de una demanda por daños y perjuicios presentada por un ciudadano contra el Gobierno, el Departamento de Corrección y la apelante por alegada falta de tratamiento médico. Tras la petición de quiebra del Gobierno bajo PROMESA, el Departamento de Corrección solicitó la paralización de los procedimientos en su contra. La apelante pidió que la paralización se extendiera a la totalidad del pleito, argumentando que el Estado era parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia solo paralizó el caso respecto al Departamento de Corrección. La apelante recurrió esta decisión. El tribunal de apelación examinó el recurso y el derecho aplicable. Finalmente, revocó la sentencia parcial apelada y ordenó el archivo de la totalidad del pleito.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa contractual. El caso surge de la compraventa de las acciones de una farmacia por Néstor Carrión Ortiz a HomeMeds, LLC por $75,000. El acuerdo incluía un pago inicial y el remanente de $45,000 en plazos mensuales de $2,000. Carrión Ortiz demandó a HomeMeds por incumplimiento en el pago de los plazos restantes. HomeMeds presentó una reconvención, alegando que Carrión Ortiz fue quien incumplió el contrato al no proveer documentos ni cumplir otras obligaciones pactadas. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Carrión Ortiz y desestimó la reconvención de HomeMeds. HomeMeds apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó los términos del contrato y los argumentos de las partes. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar en parte y revocar en parte la Sentencia apelada. La controversia central gira en torno a los alegados incumplimientos de las cláusulas del contrato de compraventa del negocio.

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Comparecen ante este panel los peticionarios, matrimonio Baerga-Cardona, mediante recurso de certiorari. Solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para descalificar al abogado de Invoga Corp. por fungir como testigo. El panel examinó los escritos y el derecho aplicable, acordando expedir el auto de certiorari. Se revoca la Resolución recurrida del TPI. El caso subyacente trata de una demanda de Invoga contra los peticionarios por cobro de dinero e incumplimiento de contrato relacionado a una remodelación. Invoga reclamaba el pago de certificaciones de obra impagadas. Los peticionarios negaron la deuda, alegaron que las certificaciones fueron objetadas y retiradas, y presentaron una reconvención por incumplimiento de Invoga. El TPI previamente denegó una moción de sentencia sumaria parcial de Invoga, encontrando controversia sobre la deuda reclamada. La sentencia actual se enfoca en la descalificación del abogado-testigo, revocando la decisión del TPI sobre ese particular.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de desahucio iniciado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La controversia principal en apelación giró en torno a la capacidad legal del DTOP para presentar la demanda. El DTOP compareció representado por abogado particular, no por la Secretaria de Justicia o el Procurador General. El Tribunal determinó que el DTOP, como departamento ejecutivo, carece de personalidad jurídica propia para demandar o ser demandado. La capacidad legal para estas acciones recae únicamente en el Estado Libre Asociado, representado por la Secretaria de Justicia. El Estado Libre Asociado es una parte indispensable en este tipo de pleitos. La ausencia de una parte indispensable priva al tribunal de jurisdicción y constituye una violación al debido proceso de ley. Por tanto, la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia es declarada nula.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa la determinación de daños realizada por el Tribunal de Primera Instancia. La acción original fue presentada por Toledo Boneta Dairy, Inc. contra Ganaderos Alvarado, Inc. y otros por daños y perjuicios debido a la pérdida de ganado causada por negligencia. Tras un juicio, el TPI inicialmente desestimó la demanda, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó al TPI cuantificar los daños. El TPI adjudicó sumas específicas por animales muertos, lucro cesante y tratamiento veterinario. Los demandados apelaron esta determinación, alegando errores en la valoración de los animales y el cálculo del lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones, aplicando el estándar de revisión para cuantías de daños, concluyó que las determinaciones fácticas del TPI sobre los daños sufridos no fueron claramente erróneas. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Pathfinders presentó una demanda contra BSPR, Professional y UBOSS alegando incumplimiento de contrato, interferencia culposa con obligaciones contractuales de terceros y daños. Sostuvo que BSPR permitió que Professional y UBOSS contactaran y contrataran a sus empleados, violando una cláusula contractual y causando daños bajo el Art. 1054 del Código Civil. Pathfinders también alegó que BSPR interfirió con sus relaciones laborales al retener empleados a través de las otras demandadas, constituyendo interferencia torticera bajo el Art. 1802 del Código Civil. Pathfinders solicitó sentencia sumaria sobre las causas de acción de incumplimiento e interferencia, el pago de una penalidad contractual por BSPR y una vista de daños. Las partes presentaron una moción conjunta estipulando hechos no controvertidos y solicitando la resolución sumaria. El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución identificando 81 hechos esenciales no controvertidos. Sin embargo, el tribunal encontró que existía controversia sobre la intención de las partes de causar daño bajo la causa de acción de interferencia torticera.

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Se resuelve una apelación presentada por David Nieves ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$2,000.00 a Norka M. Villanueva Reyes. La señora Villanueva había demandado a Nieves en cobro de dinero (Regla 60) reclamando la devolución de un depósito. Dicho depósito, por la suma de \$2,500.00, fue entregado para la confección e instalación de un rótulo para su negocio. La apelada testificó que el trabajo nunca se completó y que sus intentos por recuperar el dinero o que se realizara el servicio fueron infructuosos. El apelante admitió parcialmente la deuda y reconoció que el rótulo no fue culminado. Tras revisar el expediente y los testimonios presentados en la vista, el Tribunal de Apelaciones encontró mérito para confirmar la decisión del foro primario. Por tanto, se mantiene la condena al señor Nieves a pagar \$2,000.00, más intereses y costas, a la señora Villanueva.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación y nulidad de una escritura de donación y compraventa otorgada en 1999. Los apelantes, Lilliam Echevarría Ferrer y Pedro Virtud Echevarría, demandaron la nulidad de la escritura, alegando que constituía un contrato simulado para defraudar a otros herederos y que carecía de formalidades esenciales. La Sucesión de John Echevarría Ferrer, representada por Annie Ortiz Toro, presentó una moción de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la moción y desestimó la demanda. El TPI fundamentó su decisión en que los demandantes habían reconocido que la escritura era simulada en fraude a terceros herederos, lo que les impedía ejercer la acción de nulidad bajo la doctrina de actos propios y el Artículo 1254 del Código Civil. Los apelantes argumentaron que la demanda también se basaba en otros defectos formales de la escritura. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Enmendada del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Enmendada apelada.

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