Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 250)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación de Clara Santana Rijo. Santana Rijo impugnó la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de su querella laboral. Reclamaba el pago de salario, horas extras, vacaciones, enfermedad, periodos de alimentos y bono de navidad por servicios prestados al fenecido Juan Ayéndez Moreno. La Sucesión de Ayéndez Moreno, a través de su administrador judicial, sostuvo que la apelante era empleada doméstica, excluida de las leyes laborales aplicables. Argumentaron que ya había sido compensada mediante un derecho de usufructo y participación en la herencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó todas las causas de acción presentadas por Santana Rijo. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes y fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero iniciado por Oriental Bank. El banco apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia contra varios individuos y sucesiones. El caso se relaciona con un pagaré de $200,000 otorgado en 2001 a nombre de "Millenium Development Corporation", una entidad que nunca se incorporó formalmente. Los apelados otorgaron garantías personales para dicho préstamo y extensiones de crédito posteriores. En un pleito anterior, se determinó que "Millenium" carecía de personalidad jurídica. A pesar de la falta de incorporación, los apelados continuaron operando y obteniendo crédito bajo ese nombre. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos, incluyendo las garantías personales y la historia de la entidad. Considerando los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada que había desestimado la demanda contra los garantes personales.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve varias apelaciones y un auto de certiorari. Los recursos provienen de un caso de daños y perjuicios iniciado tras un accidente en 2011, donde Héctor Rivera Otero fue impactado por un camión de Elinés Construction. Rivera Otero, su familia y su padre demandaron a la constructora, el conductor y Universal Insurance Company, entre otros, reclamando compensación por lesiones y sufrimientos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los demandantes, concediendo indemnizaciones y ordenando un embargo contra la aseguradora. Los demandados apelaron las cuantías concedidas, mientras que algunos demandantes apelaron solicitando mayores indemnizaciones por sufrimientos mentales. Los apelantes también presentaron un certiorari contra la resolución de embargo. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y, así modificada, la confirmó. Además, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre el embargo.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones las Sucesiones de Américo Vega Hernández y María Magdalena Castillo Morales, apelantes, solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda de nulidad de una sentencia previa de cobro de dinero y ejecución de hipoteca obtenida por Banco Popular de Puerto Rico. La sentencia original, dictada en 2017, advino final y firme. Los apelantes presentaron la demanda de nulidad argumentando que BPPR carecía de legitimación activa en el caso original por haber vendido el pagaré hipotecario mediante "securitization" antes de demandar. Alegaron que esto viciaba la jurisdicción del tribunal. BPPR solicitó la desestimación basándose en cosa juzgada y falta de causa de acción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, resolviendo que el proceso de securitización no destruye el pagaré ni priva al acreedor de legitimación para ejecutar la hipoteca. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve recursos de apelación y un auto de certiorari relacionados con un caso de daños y perjuicios. Los recursos de apelación impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de daños presentada por Héctor Rivera Otero y otros familiares contra Elinés Construction, Universal Insurance Company y otros. La parte apelante cuestiona las partidas concedidas, mientras que la parte apelada solicita un aumento en las cuantías por sufrimientos mentales. El auto de certiorari busca revocar una Resolución del foro primario que ordenó el embargo de bienes de Universal Insurance Company. El caso se originó por un accidente en 2011 donde un camión de Elinés Construction impactó a Héctor Rivera Otero. Tras revisar la prueba, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada y, así modificada, la confirma. Asimismo, expide el auto de certiorari solicitado y revoca la Resolución recurrida sobre el embargo.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Edith Esther López Ortiz contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada declaró "Con Lugar" una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Carmen Judith Díaz Martínez. El caso se relaciona con una propiedad originalmente de Pablo López Vázquez y Ramonita Ortiz Bonilla. En 2005, los padres vendieron la propiedad a su hija, Edith López Ortiz. En 2006, Edith, actuando bajo poder notarial de sus padres, canceló una hipoteca existente y constituyó una nueva hipoteca de \$115,000 sobre la propiedad. Tras el fallecimiento de los padres, Carmen Judith Díaz Martínez demandó a las sucesiones por incumplimiento de pago de esta última hipoteca, alegando ser la tenedora del pagaré. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la demandante, lo que motivó la apelación de la señora López Ortiz. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la controversia planteada.

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Livey Sloan Alsina apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infringir el Artículo 7.02 de la Ley 22-2000, sobre conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia condenatoria. Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2017, cuando agentes lo encontraron en el asiento del conductor de un vehículo chocado, mostrando claros signos de intoxicación. Se negó a la prueba de aliento, y una prueba de sangre posterior arrojó un nivel de alcohol de .22%. El Tribunal de Primera Instancia lo condenó a multas y penas especiales por este delito. Tras analizar los autos, la prueba oral y los alegatos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la solicitud de injunction preliminar presentada por Rafael Ángel Rivera Arroyo. El señor Rivera apeló esta decisión tras demandar al Municipio de San Juan y otros. La demanda surgió luego de que el Municipio denegara la renovación de su contrato de arrendamiento para operar el restaurante Trifongo Taíno en la Plaza del Mercado de Santurce. El Municipio justificó la denegatoria por supuestas violaciones al reglamento y al contrato. El señor Rivera, quien operó el negocio por cinco años, buscaba detener el desahucio y alegó, entre otras cosas, incumplimiento de contrato y discrimen político. La Sentencia apelada se limitó a desestimar la causa de acción de injunction preliminar. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los alegatos, validó la decisión del foro primario.

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Comparece el Sr. Carmelo Rodríguez Kuilán apelando la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia lo encontró culpable de asesinato en primer grado y portación y uso de arma blanca, imponiéndole una pena global de 105 años de cárcel. El apelante alegó varios errores cometidos por el tribunal inferior, incluyendo la juramentación prematura del jurado, la insuficiencia de prueba para demostrar culpabilidad más allá de duda razonable, la admisión tardía de prueba de ADN y menciones indebidas sobre su silencio. Tras examinar los autos, la transcripción de la prueba y los alegatos de las partes, el panel de jueces procedió a resolver la apelación. Por los fundamentos expuestos, se determina revocar la Sentencia apelada. La decisión implica la anulación de la condena y la pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación de salarios. Los peticionarios demandaron a Suiza Dairy, Inc., alegando ser empleados con derecho a bonificaciones, horas extras, bono de navidad, vacaciones y licencia por enfermedad. Suiza Dairy sostuvo que los peticionarios eran agentes de leche o contratistas independientes, no empleados, y por tanto no adeudaba los beneficios reclamados. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Los peticionarios solicitaron la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 2019. Dicha orden señalaba que la relación entre las partes no había sido resuelta por el Tribunal de Apelaciones y convocaba a una vista para esos efectos. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari para revisar este dictamen. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Resolución y Orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de apelación acogido como certiorari relacionado con un boleto de tránsito. La peticionaria, Ileana A. Calderón Cestero, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su recurso de revisión de infracciones de tránsito. El Departamento de Transportación y Obras Públicas es la parte recurrida en este procedimiento. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción sobre el recurso presentado. La Resolución discute la importancia de la jurisdicción y la distinción entre recursos tardíos y prematuros. El tribunal concluyó que el recurso de apelación/certiorari fue presentado de forma prematura. La presentación prematura de un recurso priva al tribunal de jurisdicción para considerarlo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que emita correctamente la notificación del dictamen original en un plazo de cinco días.

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Comparecen ante este panel los señores David Ernesto Bragin Sánchez y Nydia Margarita Meléndez Brugueras, junto a su sociedad legal de gananciales. Solicitan la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de relevo de sentencia. Dicha solicitud de relevo de sentencia se presentó en el contexto de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Oriental Bank. En ese pleito, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de Oriental Bank. La sentencia condenó a los peticionarios al pago de \$910,589.07, determinando que la obligación personal subsistía aunque la hipoteca no estuviera inscrita. Los peticionarios habían solicitado previamente la reconsideración de esta sentencia, la cual fue denegada. Posteriormente, presentaron la solicitud de relevo de sentencia que fue igualmente denegada por el foro primario. Mediante esta Resolución, el panel deniega expedir el auto de Certiorari solicitado por los peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por John Grazel Inc. y otros. El recurso impugnaba una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de Oriental Bank, Inc. La acción legal se basó en el incumplimiento de un préstamo comercial. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia sumaria a favor de Oriental Bank, estableciendo la responsabilidad de los demandados como deudores y garantizadores. Sus determinaciones de hechos detallaron el contrato de préstamo, las garantías personales y las hipotecas constituidas. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, confirmó la Sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Caribbean Retail Ventures, Inc. apeló la determinación del foro primario que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue presentado por Marybeth Ruiz Ramos, alegando despido constructivo, represalia y discrimen por impedimentos físicos. La Sentencia parcial apelada desestimó las causas de acción por difamación y represalia con perjuicio. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que existían controversias de hechos que impedían la sentencia sumaria en cuanto a las reclamaciones de despido injustificado (modalidad de despido constructivo) y discrimen por impedimento (modalidad de acomodo razonable). Estas controversias, según el foro de instancia, debían dilucidarse en un juicio plenario. La apelante, Caribbean Retail Ventures, Inc., busca que el Tribunal de Apelaciones revise esta conclusión. La apelada, Marybeth Ruiz Ramos, se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en la instancia original, argumentando la existencia de dichas controversias.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Néstor Riera Colón contra el Municipio de Caguas. El apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero y daños y perjuicios. Tras la Sentencia del TPI, el apelante presentó una moción solicitando determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil. El TPI denegó dicha moción mediante Resolución. El recurso de apelación fue presentado luego de la notificación de esta Resolución denegatoria. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones examina el efecto de la presentación de una moción bajo la Regla 43.1 en el término para apelar. Se explica que la Regla 43.2 establece que dicha moción interrumpe el término para apelar hasta que el tribunal resuelva la solicitud. Se destaca que la moción debe cumplir con requisitos de particularidad y especificidad para tener este efecto interruptor. El Tribunal Supremo ha confirmado que una moción bajo la Regla 43.1, si cumple los requisitos, interrumpe el término apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre Maccaferri, Inc. y el Municipio de Yabucoa. Maccaferri apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia debido a inactividad procesal. El foro primario desestimó el caso al amparo de la Regla 39.2(b) tras no recibir respuesta oportuna a una orden de mostrar causa. Maccaferri presentó una moción de reconsideración, la cual fue considerada académica por el tribunal de instancia. Al revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones analizó la moción de reconsideración. Concluyó que esta no cumplió con los requisitos de especificidad y fundamentación exigidos por la Regla 47 de Procedimiento Civil. El incumplimiento de la Regla 47 implica que la moción de reconsideración no interrumpió el término para apelar la sentencia de desestimación. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerar el recurso. La apelación es desestimada por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por César Viguera Mejía contra Bacardí Corporation. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado y discrimen por edad. Viguera Mejía alegó que fue despedido sin justa causa y por razones de edad tras trabajar para Bacardí desde 2003 hasta 2015. Bacardí sostuvo que el despido respondió a un proceso de reorganización y que el apelante firmó un acuerdo de terminación y relevo de reclamaciones. El foro primario celebró un juicio en su fondo tras denegar una moción de sentencia sumaria sobre la validez del relevo. Luego de evaluar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la querella. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia del foro primario.

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M. Miller & Son, LLC presentó un Certiorari Civil en este caso, al que se opuso Oriental Bank. Posteriormente, Tecnicentros Mundial, Inc., parte en el pleito, informó que se acogió al Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos el 6 de agosto de 2019. La radicación de la quiebra activó la paralización automática (automatic stay) dispuesta en 11 U.S.C. § 362(a). Esta paralización detiene automáticamente los procesos judiciales contra el deudor y priva a los tribunales estatales de jurisdicción. Tanto Oriental como Tecnicentros solicitaron la paralización del caso ante el foro primario y este tribunal. Conforme a la ley de quiebras y la jurisprudencia aplicable, la paralización automática surte efecto desde la radicación de la petición sin necesidad de notificación formal. Al no contar con jurisdicción para atender el caso debido a la paralización automática, el tribunal ordena la paralización y el archivo administrativo del expediente.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Madeline Morales Rivera, impugna la denegatoria de su solicitud de relevo de sentencia. La sentencia en rebeldía fue dictada en un pleito de desahucio y cobro de dinero iniciado por su hermano, Vladimir Morales Rivera. Vladimir alegó que Madeline ocupaba un local comercial de su propiedad bajo un contrato verbal de arrendamiento y le adeudaba más de \$90,000 en cánones. Ante la falta de contestación de Madeline a la demanda, el foro primario dictó sentencia en rebeldía a favor de Vladimir. La sentencia ordenó el desahucio y el pago de la deuda reclamada más costas. Madeline solicitó el relevo de la sentencia argumentando que no fue emplazada correctamente y que la notificación de la sentencia fue defectuosa. También cuestionó la existencia del contrato de arrendamiento y la titularidad del inmueble. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de relevo. La apelación busca revocar esa determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por el Fideicomiso para la Administración y Operación del Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero. El Fideicomiso apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Estado Libre Asociado y otros. La demanda original buscaba sentencia declaratoria, mandamus e injunction. El Fideicomiso presentó la demanda tras el anuncio del cierre del Zoológico de Mayagüez y el traslado de animales, como la elefanta Mundi. Alegó que, según una escritura de fideicomiso, ostentaba la titularidad y control del zoológico y sus animales. Por tanto, sostuvo que el contrato del Estado para el traslado de Mundi era nulo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de desestimación del Estado. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia del foro primario, manteniendo la desestimación de la demanda del Fideicomiso.