Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 250)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirmó una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la solicitud de injunction preliminar presentada por Rafael Ángel Rivera Arroyo. El señor Rivera apeló esta decisión tras demandar al Municipio de San Juan y otros. La demanda surgió luego de que el Municipio denegara la renovación de su contrato de arrendamiento para operar el restaurante Trifongo Taíno en la Plaza del Mercado de Santurce. El Municipio justificó la denegatoria por supuestas violaciones al reglamento y al contrato. El señor Rivera, quien operó el negocio por cinco años, buscaba detener el desahucio y alegó, entre otras cosas, incumplimiento de contrato y discrimen político. La Sentencia apelada se limitó a desestimar la causa de acción de injunction preliminar. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los alegatos, validó la decisión del foro primario.

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve recursos de apelación y un auto de certiorari relacionados con un caso de daños y perjuicios. Los recursos de apelación impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de daños presentada por Héctor Rivera Otero y otros familiares contra Elinés Construction, Universal Insurance Company y otros. La parte apelante cuestiona las partidas concedidas, mientras que la parte apelada solicita un aumento en las cuantías por sufrimientos mentales. El auto de certiorari busca revocar una Resolución del foro primario que ordenó el embargo de bienes de Universal Insurance Company. El caso se originó por un accidente en 2011 donde un camión de Elinés Construction impactó a Héctor Rivera Otero. Tras revisar la prueba, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada y, así modificada, la confirma. Asimismo, expide el auto de certiorari solicitado y revoca la Resolución recurrida sobre el embargo.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones las Sucesiones de Américo Vega Hernández y María Magdalena Castillo Morales, apelantes, solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda de nulidad de una sentencia previa de cobro de dinero y ejecución de hipoteca obtenida por Banco Popular de Puerto Rico. La sentencia original, dictada en 2017, advino final y firme. Los apelantes presentaron la demanda de nulidad argumentando que BPPR carecía de legitimación activa en el caso original por haber vendido el pagaré hipotecario mediante "securitization" antes de demandar. Alegaron que esto viciaba la jurisdicción del tribunal. BPPR solicitó la desestimación basándose en cosa juzgada y falta de causa de acción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, resolviendo que el proceso de securitización no destruye el pagaré ni priva al acreedor de legitimación para ejecutar la hipoteca. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre Maccaferri, Inc. y el Municipio de Yabucoa. Maccaferri apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia debido a inactividad procesal. El foro primario desestimó el caso al amparo de la Regla 39.2(b) tras no recibir respuesta oportuna a una orden de mostrar causa. Maccaferri presentó una moción de reconsideración, la cual fue considerada académica por el tribunal de instancia. Al revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones analizó la moción de reconsideración. Concluyó que esta no cumplió con los requisitos de especificidad y fundamentación exigidos por la Regla 47 de Procedimiento Civil. El incumplimiento de la Regla 47 implica que la moción de reconsideración no interrumpió el término para apelar la sentencia de desestimación. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerar el recurso. La apelación es desestimada por falta de jurisdicción.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Néstor Riera Colón contra el Municipio de Caguas. El apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero y daños y perjuicios. Tras la Sentencia del TPI, el apelante presentó una moción solicitando determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil. El TPI denegó dicha moción mediante Resolución. El recurso de apelación fue presentado luego de la notificación de esta Resolución denegatoria. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones examina el efecto de la presentación de una moción bajo la Regla 43.1 en el término para apelar. Se explica que la Regla 43.2 establece que dicha moción interrumpe el término para apelar hasta que el tribunal resuelva la solicitud. Se destaca que la moción debe cumplir con requisitos de particularidad y especificidad para tener este efecto interruptor. El Tribunal Supremo ha confirmado que una moción bajo la Regla 43.1, si cumple los requisitos, interrumpe el término apelativo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso presentado por David Carrasquillo Pérez y las sucesiones de Victorina Vegerano Herrera y Nydia Luz Carrasquillo Vegerano. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la causa de acción incoada por los apelantes contra el notario Francisco González Nieto. Asimismo, desestimó la reconvención instada por el notario contra los demandantes-apelantes. El caso original comenzó con una demanda sobre sentencia declaratoria y daños y perjuicios relacionada con una escritura de compraventa de una finca en Vieques. Los demandantes originales alegaron que la compradora, Martineau Hills, LLC, se negó a entregar parte del precio de la compraventa. Posteriormente, los demandantes enmendaron la demanda para incluir al notario, alegando negligencia en su actuación. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario en cuanto a las reclamaciones contra el notario. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo modifica la sentencia parcial apelada. Una vez modificada, la sentencia parcial es confirmada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación presentado por Carlos González Soliván. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Coamo en un caso de incumplimiento de contrato. El litigio surge de un acuerdo para establecer un negocio de venta de carne de cordero entre los apelados (Cruz-Maldonado) y los apelantes (González-Rolón). Los apelados demandaron alegando que el señor González incumplió el contrato al abandonar el negocio. El foro primario acogió la demanda, ordenando al señor González pagar $36,000.00 por daños. También concedió parcialmente una reconvención del señor González, imponiendo a los apelados el pago de $1,000.00 por restringirle el paso. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la sentencia recurrida tras revisar los alegatos y la prueba.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por P.R. Retail Stores Inc. (Pitusa). Pitusa apeló la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la moción de Sentencia Sumaria de Ismael Román Carrasquillo. El caso se originó por una reclamación de despido injustificado bajo la Ley 80 presentada por el señor Román Carrasquillo, quien trabajó para Pitusa desde 1992 hasta 2015. Fue cesanteado por supuestos motivos de reestructuración operacional y cierre de unidades de negocio. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Pitusa el pago de compensación e indemnización por $\$47,431.44$ más honorarios de abogado. Pitusa argumentó en su apelación que el despido fue justificado debido a la difícil situación económica, cierres de tiendas y reducción de fuerza laboral. El apelado se opuso y solicitó sentencia sumaria a su favor, alegando que Pitusa no presentó evidencia para rebatir la presunción de despido injustificado. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por John Grazel Inc. y otros. El recurso impugnaba una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de Oriental Bank, Inc. La acción legal se basó en el incumplimiento de un préstamo comercial. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia sumaria a favor de Oriental Bank, estableciendo la responsabilidad de los demandados como deudores y garantizadores. Sus determinaciones de hechos detallaron el contrato de préstamo, las garantías personales y las hipotecas constituidas. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, confirmó la Sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda presentada por William Contractor, Inc. contra Banco Popular de Puerto Rico y Multiplazas de Puerto Rico. La desestimación del foro primario se basó en la aplicación de la doctrina del doble desistimiento, argumentando que la parte demandante había retirado reclamaciones similares en dos ocasiones previas. William Contractor apeló, alegando que el tribunal de instancia erró al aplicar dicha regla procesal. El Banco Popular, por su parte, solicitó la desestimación de la apelación misma. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. Determinó que la desestimación con perjuicio por doble desistimiento fue incorrecta en este caso. En consecuencia, ordenó la devolución del expediente al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos. Asimismo, declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de la apelación presentada por el Banco Popular.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de apelación presentado por Ganadería Santiago, Inc. contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden dispuso el archivo administrativo de un pleito de cobro de dinero iniciado por la peticionaria contra varias entidades gubernamentales. La demanda reclamaba una deuda de \$200,142.50 por la venta de carne de cerdo. El foro primario ordenó el archivo tras un aviso de paralización de procedimientos. Este aviso se fundamentó en la declaración de insolvencia del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. Las entidades demandadas, como departamentos o adscritas al gobierno, están afectadas por dicha paralización. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari discrecional. Sin embargo, denegó expedir el auto solicitado, confirmando la decisión de archivar el caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero iniciado por Oriental Bank. El banco apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia contra varios individuos y sucesiones. El caso se relaciona con un pagaré de $200,000 otorgado en 2001 a nombre de "Millenium Development Corporation", una entidad que nunca se incorporó formalmente. Los apelados otorgaron garantías personales para dicho préstamo y extensiones de crédito posteriores. En un pleito anterior, se determinó que "Millenium" carecía de personalidad jurídica. A pesar de la falta de incorporación, los apelados continuaron operando y obteniendo crédito bajo ese nombre. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos, incluyendo las garantías personales y la historia de la entidad. Considerando los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada que había desestimado la demanda contra los garantes personales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación presentado por Cataluña 712 Development Corp. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que resolvió un contrato entre Cataluña 712 y el Municipio de San Juan. El caso se originó por una demanda del Municipio alegando incumplimiento contractual por parte de Cataluña 712 en un proyecto de construcción de viviendas sociales financiado con fondos federales HOME. El Municipio argumentó que Cataluña 712 no cumplió con obligaciones clave como proveer informes, obtener fianzas y seguros, y completar la obra según lo acordado. Cataluña 712 se opuso, alegando incumplimiento del Municipio y motivación política. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al Municipio, declarando resuelto el contrato por incumplimiento de Cataluña 712. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación de salarios. Los peticionarios demandaron a Suiza Dairy, Inc., alegando ser empleados con derecho a bonificaciones, horas extras, bono de navidad, vacaciones y licencia por enfermedad. Suiza Dairy sostuvo que los peticionarios eran agentes de leche o contratistas independientes, no empleados, y por tanto no adeudaba los beneficios reclamados. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Los peticionarios solicitaron la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 2019. Dicha orden señalaba que la relación entre las partes no había sido resuelta por el Tribunal de Apelaciones y convocaba a una vista para esos efectos. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari para revisar este dictamen. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Resolución y Orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Caribbean Retail Ventures, Inc. apeló la determinación del foro primario que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue presentado por Marybeth Ruiz Ramos, alegando despido constructivo, represalia y discrimen por impedimentos físicos. La Sentencia parcial apelada desestimó las causas de acción por difamación y represalia con perjuicio. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que existían controversias de hechos que impedían la sentencia sumaria en cuanto a las reclamaciones de despido injustificado (modalidad de despido constructivo) y discrimen por impedimento (modalidad de acomodo razonable). Estas controversias, según el foro de instancia, debían dilucidarse en un juicio plenario. La apelante, Caribbean Retail Ventures, Inc., busca que el Tribunal de Apelaciones revise esta conclusión. La apelada, Marybeth Ruiz Ramos, se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en la instancia original, argumentando la existencia de dichas controversias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de apelación acogido como certiorari relacionado con un boleto de tránsito. La peticionaria, Ileana A. Calderón Cestero, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su recurso de revisión de infracciones de tránsito. El Departamento de Transportación y Obras Públicas es la parte recurrida en este procedimiento. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción sobre el recurso presentado. La Resolución discute la importancia de la jurisdicción y la distinción entre recursos tardíos y prematuros. El tribunal concluyó que el recurso de apelación/certiorari fue presentado de forma prematura. La presentación prematura de un recurso priva al tribunal de jurisdicción para considerarlo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que emita correctamente la notificación del dictamen original en un plazo de cinco días.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Madeline Morales Rivera, impugna la denegatoria de su solicitud de relevo de sentencia. La sentencia en rebeldía fue dictada en un pleito de desahucio y cobro de dinero iniciado por su hermano, Vladimir Morales Rivera. Vladimir alegó que Madeline ocupaba un local comercial de su propiedad bajo un contrato verbal de arrendamiento y le adeudaba más de \$90,000 en cánones. Ante la falta de contestación de Madeline a la demanda, el foro primario dictó sentencia en rebeldía a favor de Vladimir. La sentencia ordenó el desahucio y el pago de la deuda reclamada más costas. Madeline solicitó el relevo de la sentencia argumentando que no fue emplazada correctamente y que la notificación de la sentencia fue defectuosa. También cuestionó la existencia del contrato de arrendamiento y la titularidad del inmueble. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de relevo. La apelación busca revocar esa determinación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por el Consejo de Uniones de Trabajadores de Muelles y Ramas Anexas (UTM). Los peticionarios solicitan la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado con lugar una demanda de Randall Rosado Pagán, dictando una sentencia parcial de injunction preliminar. Dicha sentencia ordenó a UTM proveer acomodo razonable y un plan de asignación de trabajo al señor Rosado Pagán. UTM no compareció a la vista inicial y luego presentó mociones de desestimación y relevo de sentencia, alegando falta de emplazamiento y jurisdicción. El TPI declaró No Ha Lugar estas mociones. Inconformes, los peticionarios apelaron dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal deniega la expedición del auto solicitado por UTM.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden requería al peticionario, Fulano de Tal, enmendar su demanda para incluir los nombres legales completos de las partes, so pena de desestimación. El peticionario había instado la demanda contra su exesposa y la abogada de esta, alegando la obtención y retención ilegal de material íntimo captado por cámaras de seguridad en su domicilio. Utilizó seudónimos en la demanda para proteger su derecho a la intimidad. El peticionario también solicitó remedios provisionales para la entrega y destrucción del material. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición y la oposición. Concluyó que procedía expedir el auto de certiorari. Por tanto, revocó la determinación del foro primario y devolvió el caso para que continúe los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Paulino Carrasquillo Dávila, demandó a Ralph's Food Warehouse y su aseguradora MAPFRE tras sufrir una caída frente al supermercado. Alegó negligencia por losas mojadas y resbaladizas sin aditamentos antideslizantes ni letreros de advertencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al conceder una moción de sentencia sumaria a favor de los apelados. El foro primario determinó que el demandante no presentó prueba suficiente para demostrar la alegada condición peligrosa o que esta fuera la causa de la caída. El señor Carrasquillo Dávila apeló esta decisión, buscando su revocación. Los apelados argumentaron la falta de evidencia del apelante durante el proceso de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó los méritos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve varias apelaciones y un auto de certiorari. Los recursos provienen de un caso de daños y perjuicios iniciado tras un accidente en 2011, donde Héctor Rivera Otero fue impactado por un camión de Elinés Construction. Rivera Otero, su familia y su padre demandaron a la constructora, el conductor y Universal Insurance Company, entre otros, reclamando compensación por lesiones y sufrimientos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los demandantes, concediendo indemnizaciones y ordenando un embargo contra la aseguradora. Los demandados apelaron las cuantías concedidas, mientras que algunos demandantes apelaron solicitando mayores indemnizaciones por sufrimientos mentales. Los apelantes también presentaron un certiorari contra la resolución de embargo. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y, así modificada, la confirmó. Además, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre el embargo.

Resumen:

Comparece el Sr. Carmelo Rodríguez Kuilán apelando la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia lo encontró culpable de asesinato en primer grado y portación y uso de arma blanca, imponiéndole una pena global de 105 años de cárcel. El apelante alegó varios errores cometidos por el tribunal inferior, incluyendo la juramentación prematura del jurado, la insuficiencia de prueba para demostrar culpabilidad más allá de duda razonable, la admisión tardía de prueba de ADN y menciones indebidas sobre su silencio. Tras examinar los autos, la transcripción de la prueba y los alegatos de las partes, el panel de jueces procedió a resolver la apelación. Por los fundamentos expuestos, se determina revocar la Sentencia apelada. La decisión implica la anulación de la condena y la pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia.

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