Para enmendar el Artículo 7.001 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, a los fines de establecer el salario anual de los Jueces del Tribunal General de Justicia; establecer claramente la facultad de la Rama Judicial para poner en vigor un plan de clasificación y retribución para revisar la compensación de los empleados de dicha Rama; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los incisos (g) y (aa) del Artículo 2.3; los Artículos 2.5; 2.6; los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) del Artículo 2.7 y el Artículo 8.4A de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los fines de introducir enmiendas técnicas; añadir entidades autorizadas para emitir determinaciones finales; disponer e incluir la participación activa de entidades gubernamentales concernidas y municipios en la firma de acuerdos interagenciales; aclarar disposiciones sobre la solicitud y renovación de permisos de uso, licencias, certificaciones y autorizaciones en el Sistema Unificado de Información; aclarar los requisitos para la solicitud o renovación del Permiso Único; establecer el término mínimo de vigencia de dicho Permiso Único a cinco (5) años, excepto que el solicitante peticione y fundamente un término de vigencia menor; y para otros fines relacionados.

Para añadir el inciso (x) al Artículo 41.050 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines incluir a los fines de hacer referencia expresa a la extensión para el Hospital San Fernando de la Carolina, independientemente sea operado o administrado por una institución privada, de los límites de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria que está sujeto el Gobierno de Puerto Rico, así como el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico a revisar el Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera del Gobierno Central a los fines de eliminar la clase de “Transcriptor de Investigación Legal” y crear la nueva clase de “Transcriptor (a) de Investigaciones Criminales”; conciliar la estructura salarial de estos profesionales con la complejidad de las funciones que realizan; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el artículo 3 de la Ley 99-2009, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica”, con el propósito de establecer de manera clara e inequívoca la obligación de los tribunales de imponer la supervisión electrónica en todos los casos de violencia doméstica; para incluir la supervisión electrónica en todo caso donde se configure conducta criminal constitutiva de violencia doméstica, aunque no surja de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las secciones 1020.07, 2071.01, 2072.01, 2072.02, 2072.03, 2072.04, 2072.05, 2072.06, 2073.01 y 2074.03 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que, cualquier negocio que se dedique a la construcción, instalación, operación o venta de energía a través de puntos de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, podrá solicitar la concesión de los incentivos contenidos en el antes mencionado Código; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley 171-2014, conocida como la “Ley para Establecer el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, el Programa de Desarrollo de la Juventud, y el Programa de Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio”, para añadir el inciso (h) en su Artículo 2 a los fines de incluir la definición de subtítulos cerrados o “closed captions”y el inciso (AA) en su Artículo 4 para facultar al DDEC con el poder de añadir el requisito de que toda de producción cinematográfica local tenga subtítulos cerrados o “closed captions” para poder beneficiarse de los créditos contributivos ofrecidos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Articulo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de aumentar la edad de retiro obligatorio de los miembros de la Policía de Puerto Rico a sesenta y cuatro (64) años de edad y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 7 de 19 de julio de 1985, según enmendada; y para enmendar los Artículos 2.3, 8.4, 9.9 y 11.10 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de establecer un proceso más certero y preciso respecto a los términos que tienen las agencias y municipios para emitir sus recomendaciones; disponer la alternativa que profesionales cualificados puedan emitir recomendaciones en áreas particulares; establecer la responsabilidad de la Junta de Planificación, en colaboración con las Entidades Gubernamentales Concernidas, de preparar y adoptar guías para cualificar a dichos profesionales tomando en consideración su experiencia y peritaje sobre los asuntos o temas en relación con los cuales emitirán sus recomendaciones; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Natalia Nicole Ayala Rivera”; enmendar el Artículo 4.02 y 5.07 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico; enmendar el Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; enmendar las Reglas 6.1 y 218 de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas; y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, a los fines de revisar la clasificación y condiciones relacionadas a la modalidad de irse a la fuga tras ocurrido un accidente que provoque grave daño corporal o la muerte de una persona; establecer como mandatorio la imposición de supervisión electrónica; eliminar la fianza diferida, así como excluir de toda convicción por dicho delito la posibilidad de obtener una sentencia suspendida o libertad a prueba; disponer para el cumplimiento consecutivo de su pena; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 7.001 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, enmendar los Artículos 58 y 82 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”; y enmendar los Artículos 277 y 283 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de ajustar el sueldo anual de los Jueces y Juezas del Tribunal General de Justicia y utilizar esta estructura para uniformar las escalas de compensación aplicables a los fiscales de distrito, fiscales auxiliares, el procurador general, los procuradores de menores, los procuradores de familia, el director administrativo del Registro de la Propiedad y los registradores de la propiedad del Departamento de Justicia, con el propósito de establecer una compensación adecuada para atraer y retener candidatos calificados; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1538 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la indemnización adicional estatuida que el tribunal discrecionalmente pudiera imponer, conocida como “daños punitivos”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1; el inciso (b) y añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 2; los Artículos 3, 5, 6, 7 y 8; derogar el Artículo 9 y enmendar los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16; añadir un nuevo Artículo 16A; enmendar los Artículos 17 y 18 de la Ley 158-2013, según enmendada; enmendar los Artículos 1 y 3 y derogar el Artículo 2 de la Ley 112-2017; y enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada; a los fines de transformar los “Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual” (CIMVAS) por una nueva entidad jurídica liderada por peritos en violencia sexual de menores, denominada como “Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención” (“Centros PITI”); instituir una Junta Reguladora adscrita al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para liderar su operación y funcionamiento; transferir a esta nueva estructura la autoridad para uniformar y ampliar las normas y protocolos existentes ante la sospecha por la posible comisión de un delito contra la indemnidad sexual de un menor; incluir a la población con diversidad funcional cognitiva bajo sospecha de abuso sexual entre la población bajo la jurisdicción de los “Centros PITI”; designar a un director ejecutivo para supervisar la operación de los Centros PITI y el cumplimiento estricto con esta reformulación de política pública; establecer las bases legales para fortalecer el financiamiento de estos centros de servicios y ampliar las localidades existentes; transferir a la Junta Reguladora la autoridad para coordinar los adiestramientos a los empleados docentes y no docentes del sistema de educación pública; reconocer al “Centro Salud Justicia de Puerto Rico”, adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista, como un “Centro PITI”; viabilizar el establecimiento de salas especializadas en abuso sexual de menores de edad dentro del Poder Judicial; establecer una cláusula transitoria; reconocer excepciones; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (gg.1) al Artículo 14 y enmendar los Artículos 124, 130, 131, 133, 146, 147, 148 y 160 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y para enmendar el Artículo 8 de la Ley 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, a los fines de instituir una nueva pena en el ordenamiento jurídico local denominada como “libertad supervisada mandatoria” para los delitos contra la indemnidad sexual consumados contra una persona menor de dieciocho (18) años, con el propósito de extender la supervisión del Gobierno, en la modalidad de libertad supervisada, como estrategia para monitorear el proceso de adaptación y rehabilitación de la persona convicta por los delitos de agresión sexual, incesto, actos lascivos, trata humana con fines de explotación sexual, pornografía infantil y la seducción, persuasión, atracción y coacción de menores a través de la Internet y medios electrónicos o sus tentativas, luego de cumplir la pena original dispuesta en cárcel; transformar la forma de computar las penas aplicables por los delitos contra la indemnidad sexual; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (ee) del Artículo 2.3, y los Artículos 14.1 y 14.3, de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico”, con el fin de facultar a los municipios a emitir ordenes temporera de cese y desista administrativa y/u órdenes temporeras de cierre mediante el uso del Procedimiento Aplicable en Casos de Peligro Grave Inminente e Inmediato a la Salud o Seguridad Pública; acortar los términos procesales en los tribunales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 2062.01, 6011.04, 6011.07, 6020.01, 6020.10, y 6070.66 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de sustituir el requisito de obtener un Certificado de Cumplimiento por parte de Negocios Exentos bajo dicha ley para el reconocimiento de las exenciones contenidas en sus decretos de exención contributiva por un Informe de Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures); y para otros fines relacionados.

Para añadir nuevas Secciones 2062.01A, 3060.01 y 3060.02, y enmendar las Secciones 1020.01, 3000.02, 6020.01A de la Ley Núm. 60 del 1 de julio de 2019, según enmendada, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 30.050 y 30.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de flexibilizar el término que tienen los proveedores de salud para responder a una notificación de reclamaciones no procesables para pago por parte de una aseguradora; y para aclarar las facultades y deberes del Comisionado de Salud; para otros fines.

Para enmendar el subinciso (9), del inciso (a) de la Sección 1020.02 de la Ley Núm. 60 de 1 de julio de 2019, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de ampliar la edad límite en la definición de “Joven Empresario”, cuando dicho joven es un médico debidamente admitido a su profesión; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que, toda persona que se negare, objetare, resistiere o evadiere someterse al procedimiento de las pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas, incurrirá en delito menos grave y será sancionada, por su primera convicción, con pena de multa fija de tres mil (3,000) dólares; y para convicciones subsiguientes, la pena de multa será no menor de tres mil (3,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o ambas penas a discreción del Tribunal; y para otros fines relacionados.

Para autorizar hasta el 31 de diciembre de 2026, la concesión de certificados provisiona-les a Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento, para rendir servicios especializados en el Sistema Cardiovascular y Periferovascular, su-jeto al cumplimiento de los parámetros y requisitos establecidos en esta Resolución Conjunta, a fin de establecer un remedio extraordinario ante la escasez apremiante y de alto riesgo de profesionales en estos campos de la salud; y para otros fines rela-cionados.

Para enmendar el inciso 11, de la Sección B, del Artículo 6 de la Ley Núm. 102 de 15 de mayo de 2018, conocida como “Ley de la Guía Uniforme para Casos de Relocalización del Padre Custodio”, a los fines de especificar que el estudio social realizado al amparo de dicho inciso sea realizado por un trabajador social con autorización para ejercer su práctica en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar el subinciso i. del inciso b. del Artículo 1 del Capítulo II de la Ley 154-2008, según enmendada, mejor conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a fin de aumentar el rango de la multa aplicable al delito del abandono animal de mil dólares ($1,000) a cinco mil dólares ($5,000), de cinco mil dólares ($5,000) a diez mil dólares ($10,000); derogar los Artículos 22, 23 y 24 del Capítulo II de la misma ley y establecer un nuevo Capítulo III a fin de crear un reglamento para el control y manejo de equinos realengos, un Registro de Ofensores, y establecer talleres de educación continua para los policías; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Carta de Derechos de la persona inmigrante en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el fin de declarar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como establecer sus obligaciones y responsabilidades con respecto a las personas extranjeras residentes en Puerto Rico y que conforman la comunidad inmigrante; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a que, en un término de treinta (30) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, habilite su plataforma digital de gestión de permisos de modo que la entrada digital de cada asunto ante la consideración de la agencia y los Profesionales Autorizados contenga una lista de los documentos que figuran en el expediente administrativo de dicho trámite.

Para enmendar los Artículos 61.010 y 61.260, y añadir un nuevo Artículo 61.035 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los efectos de aclarar el propósito y alcance de la Ley de Aseguradores y Reaseguradores Internacionales de Seguros de Puerto Rico, aclarar los términos bajo los cuales un asegurador o reasegurador internacional podrá suscribir o reasegurar riesgos residentes, localizados o a ejecutarse en Estados Unidos; establecer la obligación de la Oficina del Comisionado de Seguros de desarrollar el Centro Internacional de Seguros; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5 y 10 de la Ley 164-2011, según enmendada, conocida como “Ley de Protección al Consumidor de Hipotecas Inversas”, a los fines de incluir mecanismos adicionales de información y estadísticas a radicarse ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) con el propósito de una efectiva fiscalización, entre estas: requisitos para posible comparecencia por petición, incluyendo funcionarios de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, en los procesos de orientación dispuestos; certificación de programas de mitigación de pérdidas (“Loss mitigation”) que se hayan hecho disponibles como alternativas a estas hipotecas una vez los préstamos han sido declarados en delincuencia o “default”; certificación de celebración de los procesos de orientación, así como la certificación y notificación a los inversionistas del cumplimiento de pago de contribuciones o plan de deudas con el Centro de Recaudaciones Municipales (C.R.I.M.) y los seguros requeridos, como parte de los requisitos mínimos para los procesos de otorgación y ejecución de estas hipotecas inversas o “reverse mortgages”; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso K al Artículo 6.030 y un nuevo Artículo 6.120 al “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, Ley 194-2011, según enmendada, a los fines de establecer un procedimiento expedito para finiquitar las controversias sobre pago a los proveedores de servicios de salud ya prestados por parte de las aseguradoras que se encuentren en procesos contables activos de reconciliación de facturas mediante plazos específicos de resolución entre las partes, así como disponer que de no llegar a los correspondientes acuerdos sobre el pago facturado, otorgar la facultad expresa al Comisionado de Seguros para adjudicar de manera sumaria la controversia y establecer la deuda líquida y exigible a pagarse, con los intereses aplicables, así como el proceso de revisión judicial de dicha determinación; y para otros fines relacionados.

Para añadir un Artículo 28-A a la Ley Número 88 de 9 de Julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para establecer un sistema de bonificaciones por estudio y servicios para la población de menores que cumplan medidas dispositivas en nuestro sistema de justicia juvenil.

Para establecer las “Guías para la Protección de la Libertad Religiosa”, a los fines de clarificar ciertos principios de libertad religiosa, fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales, aplicables a Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las secciones 1020.02; 2021.03; 2022.04; 2023.02; y 2024.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de modificar criterios específicos para la otorgación de los incentivos, enfocándose en las especialidades médicas necesarias con el propósito fundamental de impulsar la práctica médica, asegurar la permanencia de médicos altamente capacitados en nuestra Isla, al igual que atraer médicos adicionales a Puerto Rico; establecer un periodo de exención de quince (15) años para los médicos cualificados que posean un decreto bajo el Código, durante el cual estarán sujetos a una tasa fija preferencial de contribución sobre ingresos del doce por ciento (12%) y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 182 de la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” de 2012, a los fines de aumentar el valor mínimo que debe tener un bien apropiado ilegalmente para que se configure la modalidad agravada del delito de apropiación ilegal de 500 dólares a 1,000 dólares.

Para crear la “Ley de Protección y Reparación en favor de las Hijas e Hijos de las Víctimas de Feminicidio”; declarar la política pública para la atención, protección, y reparación integral de las víctimas de feminicidio; establecer un Fondo Especial de Becas para las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio; añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 3 y reenumerar los subsiguientes y añadir un nuevo Artículo 10 a la Ley 183 de 29 de Julio de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito”, con el fin de ofrecer una pensión mensual en beneficio de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio; y para otros fines relacionados.

Para requerir a los alguaciles adscritos a la Oficina de la Administración de Tribunales de Puerto Rico a cumplir con un requisito de tres (3) horas anuales de educación continua dirigidas, pero no limitadas, a la defensa personal, uso y manejo de armas de fuego en situaciones de emergencia, protección de testigos y víctimas de delitos, manejo de vehículos de motor de forma defensiva; entre otros asuntos.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre las gestiones de cobro de cuentas morosas del Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Para enmendar el Artículo 3, en sus incisos (b), (aa), (bb) y (gg), añadir un nuevo inciso (w) y reordenar alfabéticamente los subsiguientes, y enmendar los artículos 5(i), 44, y 53 de la Ley 57-2023, conocida como “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de incluir el “grooming” dentro de la definición de abuso sexual y como una de las causales tanto de maltrato como de negligencia institucional; para correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 82 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, a los fines de reestructurar los criterios uniformes prevalecientes para establecer el salario base de los fiscales de distrito, fiscales auxiliares I al IV, procuradores de menores, procuradores de familia, registradores de la propiedad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-104 y el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual crea el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico; para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio, para extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 23.0 (c) de la Ley 239-2004, según enmendada, mejor conocida como Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004 a los fines de realizar una enmienda técnica para incluir en la exención contributiva allí dispuesta a las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas, el pago de derechos, sellos o aranceles requeridos por el Poder Judicial, el pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos al otorgamiento de toda clase de documentos públicos y privados, y el pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos a la inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad o cualquier otro registro público u oficina gubernamental; y para otros fines.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 8, 11, 20, 23, 24 y añadir los nuevos Artículos 6.1 y 8.1 a la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; a los fines de ampliar la política pública, añadir nuevas definiciones, establecer mecanismos para la implementación de la política pública de bienestar y envejecimiento saludable para la población adulta mayor, identificar las agencias y entidades gubernamentales responsables y enumerar sus deberes correspondientes; y para otros fines relacionados.