Para enmendar los incisos (n) y (q) del Artículo 2 y el inciso (d) del Artículo 6 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley 296-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Conservación de la Salud de Niños y Adolescentes de Puerto Rico”, a los fines de que la definición del término “Psicólogo” o “Sicólogo” que establecen la Ley 194, supra, y la Ley 296, supra, sean uniformes con la definición que sobre dicho término establece la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y enmendar el inciso (m) del Artículo 3, el inciso (a) del Artículo 4, y el inciso (d) del Artículo 6 de la Ley 220-2012, conocida como “Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo”; el Artículo 2 de la Ley 239-2012, conocida como “Ley para requerir a todas las compañías aseguradoras que incluyan, como parte de sus cubiertas, servicios provistos por profesionales de la psicología capacitados por educación a nivel de maestría o doctorado”; y el sub-inciso (d) del Artículo 1.12 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para conformarlos al estado de derecho establecido por la ley que regula la profesión de la Psicología en Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico a realizar investigaciones continuas sobre los diversos problemas y amenazas que afectan la sostenibilidad y desarrollo de las comunidades, en su definición más amplia, en todo Puerto Rico; así como realizar investigaciones continuas sobre los programas de prevención, servicios y política pública relacionadas al sinhogarismo, la salud mental y el uso problemático de sustancias en Puerto Rico.

Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico e Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los problemas que enfrentan las personas declaradas no procesables conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal; auscultar posibles soluciones a la dilación en la admisión de esta población en los hospitales del Estado; indagar sobre las gestiones realizadas o por realizar de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), así como del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Para ordenar a la Junta de Planificación que lleve a cabo una investigación para determinar cuál ha sido en los últimos diez años el costo para el erario y el efecto en la economía del país de las políticas de interdicción y castigo para enfrentar el problema de la adicción a sustancias controladas, y para que establezca una comparación con los costos que representaría la adopción de un acercamiento salubrista al problema basado en la descriminalización de los drogodependientes, la reducción de daños, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con uso problemático de sustancias en Puerto Rico.

Para decretar en Puerto Rico, la última semana del mes de enero de cada año como la “Semana de la Prevención del Consumo de Sustancias Controladas en Menores de Edad”, con el propósito de orientar, educar, crear conciencia y afianzar en la población la importancia de la prevención del consumo de sustancias controladas en los menores de edad.

Para enmendar los artículos 4, 8 y 12 de la Ley 130-2007, conocida como “Ley para crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar”, a los fines de otorgarle al antes referido Concilio, la responsabilidad de revisar y aprobar los Protocolos de Servicios para las Personas sin Hogar que se supone que las dependencias gubernamentales tengan elaborados, y junto al Departamento de Salud, revisar y aprobar los Protocolos de Servicios para las Personas sin Hogar que se supone que las facilidades de salud tengan elaborados; derogar la Ley 27-2007, conocida como “Ley Para la Prestación de Servicios de Salud a Personas sin Hogar en las Facilidades de Salud”, y la Ley 199-2007, conocida como “Ley Para la Prestación de Servicios a Personas sin Hogar”, y consolidar las disposiciones de ambas leyes, en la presente; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 24 y renumerar los actuales artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 39 como los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 42-2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, con el fin de establecer protecciones de empleo para pacientes registrados(as) y autorizados(as) de cannabis medicinal; y para otros fines relacionados.

Para crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adscrito a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA), a los fines de recopilar la información generada por el componente gubernamental relativa a la situación de las drogas legales e ilegales en Puerto Rico, y para fomentar la toma de decisiones de manera informada, así como el diseño de políticas públicas basadas en evidencia; establecer sus funciones y facultades; crear el Comité Científico Asesor; disponer para la imposición de penalidades y la creación del Fondo Especial del Observatorio; y para otros fines.

Para crear la “Ley para el Catálogo de Organizaciones sin Fines de Lucro”, a los fines de disponer la creación de un catálogo que permita a la ciudadanía conocer las organizaciones sin fines de lucro activas en Puerto Rico, su información contacto y los servicios que ofrecen; promover el intercambio de información, recursos y conocimiento, así como para fomentar las alianzas, esfuerzos y donaciones; disponer la responsabilidad de crear, mantener y actualizar el catálogo a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; disponer la transferencia de información entre el Departamento de Estado y la ODSEC; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico” a los fines de establecer ciertas protecciones para personas sufriendo una sobredosis que pidan asistencia médica de emergencia; establecer ciertas protecciones para personas pidiendo asistencia médica de emergencia para una persona sufriendo una sobredosis; establecer ciertas protecciones para el uso de naloxona por parte de personas que no sean profesionales de la salud; viabilizar y establecer requisitos para crear un Programa para la Prevención de Sobredosis de Opioides; establecer ciertas protecciones para recetarios y dispensarios de naloxona; establecer la autorización y despacho de la naloxona dentro de la jurisdicción de Puerto Rico sin necesidad de receta y establecer penalidades por incumplimiento de una organización de seguros de salud, o asegurador o intermediario o tercero administrador o administrador de beneficios de farmacia que no proceda con las reclamaciones fidedignas sometidas por la farmacia respecto al pago o reembolso de la naloxona que haya sido dispensada o despachada, en cualesquiera de las modalidades autorizadas al amparo de esta Ley, por el hecho de haber dispensado naloxona sin mediar una receta o por medio de un "Standing Order"; y para otros fines.

Para declarar el mes de septiembre de cada año como el “Mes de la Concienciación de la Enfermedad de Alzheimer” y el 21 de septiembre de cada año como el “Día de la Concienciación de la Enfermedad de Alzheimer”, con el propósito de educar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad; y para otros fines relacionados.

Para adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación del modelo de rehabilitación concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; atender a los confinados con problemas de abuso y adicción de sustancias controladas y otros problemas de conducta; y para otros fines relacionados.

Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la erradicación del hambre y fomentar e incentivar el manejo eficaz de excedentes de alimentos, a fin de promover una mayor y mejor distribución y suplido de alimentos; asegurar la integración y consideración de los aspectos legales en los esfuerzos gubernamentales por atender las necesidades sociales y alimentarias de nuestra población, entre otras; promover la evaluación de otras políticas, programas y gestiones gubernamentales que puedan estar confligiendo o impidiendo el logro de los objetivos de esta Ley; crear el Programa de Organizaciones No Gubernamentales adscrito al Departamento de Estado, la Comisión para la Planificación de Distribución de Excedentes de Alimentos adscrita a dicho programa; y establecer sus deberes y responsabilidades.