Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Administración de Desarrollo Agropecuario (ADEA) evaluar conforme a las disposiciones de leyes y reglamentos estatales y federales, ceder, el arrendamiento, venta, la transferencia de la titularidad y/o cualquier otro negocio jurídico viable, del Antiguo Centro de Maquinaria de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuarias, conocida como ASDA, localizadas en la Carretera Núm. 135 Km 7.9, al Municipio de Adjuntas; y para otros fines relacionados

Para ordenar a la Administración de Terrenos de Puerto Rico traspasar a título gratuito al Municipio Autónomo de San Juan propiedades inmuebles localizadas en la urbanización de Santa Rita en Río Piedras con el fin de que se desarrolle en ellas un centro que ofrezca servicios educativos y de capacitación junto a programas de impacto social, empresarismo y empoderamiento comunitario, así como la utilización de tales estructuras para atender a sobrevivientes de violencia de género; ordenar al Municipio Autónomo de San Juan, a realizar acuerdos colaborativos sobre dichas propiedades con la Fundación Sila M. Calderón, Inc. (d/b/a Centro para Puerto Rico) para que cumplan con los propósitos aquí establecidos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.02 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de disponer expresamente que el Sistema de Rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico estará exento y no le aplicarán las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, en lo referente a movilidad, reclutamiento, evaluaciones, traslados y ascensos; disponer que tales asuntos estarán regidos por la reglamentación interna que a esos efectos adopte Comisionado, con el consentimiento del Secretario; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los subincisos (6) y (7) del inciso (C) del Articulo 8 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de los Peritos Electricistas de Puerto Rico”, a los fines de establecer el requisito mínimo de estudios para la licencia de perito electricista cuando el aspirante tenga un Grado Asociado en Electricidad de una institución educativa licenciada por la Junta de Instituciones Postsecundarias y para otros fines relacionados.

Para añadir un inciso (g) al Artículo 5 la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico” a los fines de establecer el requisito mínimo de estudios para la licencia de técnico automotriz cuando el aspirante tenga un Grado Asociado en Tecnología Automotriz de una institución educativa licenciada por la Junta de Instituciones Postsecundarias y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) a enmendar el contrato PUERTO RICO TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT otorgado por la AAPP, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, LLC, a los fines de facultar a la AEE ser parte del ente supervisor y fiscalizador del mismo; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Administración de Terrenos de Puerto Rico traspasar a título gratuito al Municipio Autónomo de San Juan dos (2) propiedades localizadas en la Avenida Ponce de León 1002 y Calle González 1005 del Desarrollo Santa Rita en el sector de Río Piedras con número de catastro 087-002-467-06 y 087-002-467-24 (las “Propiedades”) para que el Municipio Autónomo de San Juan, a su vez, arriende dichas Propiedades por el canon de un dólar a la Fundación Sila M. Calderón, Inc. (d/b/a Centro para Puerto Rico) para construir un centro que ofrezca servicios educativos y de capacitación junto a programas de acción social, empresarismo y empoderamiento comunitario.

Para enmendar el Artículo 48 del Código Político de Puerto Rico para añadir un nuevo inciso (16) para prohibir al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante orden ejecutiva u cualquier otro mecanismo extralegislativo, crear oficinas gubernamentales para asignarle las funciones de restructuración y reconstrucción tras una declaración de emergencia por eventos catastróficos y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 81 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” a los fines de establecer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico efectuará las auditorías fiscales y operacionales con la frecuencia que su discreción y planes de auditoría así lo determinen

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico”, con el propósito de modificar el término que tiene la Oficina del Contralor de Puerto Rico para llevar a cabo una auditoría a la Administración; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 113-2005, según enmendada, conocida como ‘’Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico’’ con el fin de disponer que la Oficina del Contralor establezca a su discreción la frecuencia de las auditorías de las cuentas y registros del Colegio de Productores de Espectáculos de Puerto Rico.

Para enmendar el inciso (E) del Artículo 39 de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” a los fines de establecer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico determinará, basada en su discreción y planes estratégicos de auditoría, la frecuencia con la cual examinará a dicha Junta.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a fin de disponer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico determine la frecuencia con que se realizan las auditorías a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como ‘’Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico’’ con el fin de disponer que la Oficina del Contralor establezca a su discreción la frecuencia de las auditorías de las cuentas y operación del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 13 de la Ley Núm. 28 de 26 de marzo de 1979, según enmendada, conocida como “Ley del Plan de Operaciones de Puerto Rico para el Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente” a los fines de establecer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico establecerá a su discreción y de acuerdo con sus planes anuales de auditoría, la frecuencia con la que efectúa las auditorías de operaciones y cuentas del Programa.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como ‘’Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico’’ con el fin de disponer que la Oficina del Contralor establezca a su discreción la frecuencia de las auditorías de las cuentas y operación del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Para enmendar las secciones 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta 60-2023 a los fines de ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas; al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles; y cualquier otra agencia de gobierno con intereses en los terrenos o estructuras de la antigua Escuela Angela Calvani evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento aplicable, tanto local como federal, el traspaso o transferencia por el precio nominal de $1.00 a la Fundación Casa de Salud Ven-Rose Inc., de la antigua Escuela Angela Calvani, que ubica en el Bo. Jayuya Abajo Sector Santa Clara en la Calle Apolo 11 en el Municipio de Jayuya para desarrollar proyectos e iniciativas de salud en beneficio de la comunidad; y para otros fines relacionados.

Para designar la Carretera Estatal PR-863 ubicada en el Municipio de Toa Baja con el nombre de “José ‘Manrique’ Rivera Torres”, en testimonio y reconocimiento de su vida y obra social, comunitaria y educativa en el Barrio Pájaros-Candelaria de Toa Baja, Puerto Rico.

Para enmendar los Artículos 2, 5(a)(3), 13, y 15 de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Edificios Públicos”; y añadir un nuevo Artículo 7-A a la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.

Para enmendar el Artículo 2, Artículo 4, incisos (f) y (g) y el Artículo 11, inciso (g) y (h) de la Ley 73-2019, según enmendada conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” a los fines de establecer que las funciones relacionadas a las compras se considerará un servicio esencial; en particular, durante la declaración de emergencia a nivel estatal o federal; disponer que todo empleado o funcionario que realice o intervenga en procesos de compras y de aquellos que lleven a cabo funciones administrativas necesarias para la redacción de documentos contractuales, desembolsos o pagos, serán considerados primeros respondedores; y para otros fines relacionados.

Para decretar una amnistía general de ciento ochenta (180) días para que cualquier persona que ejerza la profesión de barberos, o estilista en barbería, que todavía no haya obtenido una licencia para ejercer como tal, pueda hacerlo mediante unos requisitos especiales sin tener que cumplir con el examen que dispone la Ley Núm. 146 de 27 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería”; que dichas personas que cumplan con los requisitos aquí dispuestos, puedan registrarse ante el Departamento de Estado de Puerto Rico sin penalidad alguna por el tiempo que ejercieron la profesión sin la licencia requerida por ley; para cumplir el mandato legislativo de la Resolución Conjunta 33 de 13 de abril de 2018; y para otros fines.

Para añadir un nuevo inciso 47 y renumerar los antiguos incisos 47 a 114 como los nuevos incisos 48 a 115 del Artículo 2.3 del Capítulo II, añadir un nuevo inciso 18 al Artículo 5.1 del Capítulo V y enmendar el Artículo 12.7 y añadir un nuevo Artículo 12.27 al Capítulo XII de la Ley 58-2020, según enmendada, mejor conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”; a los fines de incluir como derecho del elector conocer si cualquier propaganda, anuncio o comunicado fue generado parcial o completamente mediante la utilización o por medio de Inteligencia Artificial; y añadir la definición de “Inteligencia Artificial”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 209-2016, conocida como “Ley para la transparencia en el recibo de compra”, con el propósito de aclarar sus disposiciones, incorporar nuevas definiciones y establecer las instancias en que procederá el cobro de cargos por servicio; añadir unos nuevos Artículos 5 y 6 para permitir el uso de un rótulo que certifique el cumplimiento con las leyes y reglamentos de Puerto Rico; reenumerar los Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 como Artículos 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente; y para otros fines relacionados.

Para designar el edificio e instalaciones donde ubica el “Complejo de Seguridad Pública”, sito en la PR-846 en el Municipio de Trujillo Alto, con el nombre de Pedro A. Padilla Ayala; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la implementación y el cumplimiento con la Ley 75-2019, la Orden Ejecutiva 2021-007, la Orden Administrativa 2021-001, la Orden Administrativa 2023-001 y de la Carta Circular 2021-004 en las agencias del Estado Libre Asociado, normativa que requieren entre otras cosas, que toda transacción electrónica o formulario disponible en línea deben estar accesible a través del portal de Internet de gobierno “pr.gov” y que prohíben publicar en portales externos transacciones que no hayan sido incluidas previamente en el portal de gobierno.

Para establecer la “Ley Especial de Salario Base para el Cuerpo de Vigilantes” a los fines de disponer que el salario base de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales comenzará a partir de los dos mil seiscientos (2,600) dólares mensuales, con el propósito de promover su retención en el empleo y hacerle justicia salarial ante los sacrificios personales y sus funciones; otorgar un aumento salarial de trescientos (300) dólares mensuales; establecer una estructura legal para salvaguardar los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales obtenidos por los vigilantes con anterioridad a la aprobación de este estatuto; establecer las responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Especial de Retiro Incentivado de Empleados Esenciales”, a los fines de reconocer este derecho conforme a los procesos realizados bajo la Ley 80-2020, conocida como "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos" especificando que los criterios para definir lo que se consideren servicios públicos esenciales por las agencias bajo dicha ley, que permitía la retención de empleados en sus puestos para la continuidad de sus operaciones o culminar alguna labor, encomienda, función o adiestramiento, no pueden constituirse en obstáculo para denegar indefinidamente esta ventana de retiro para empleados que hubiere sido cualificado como esenciales más allá de la edad de sesenta y cuatro (64) años de edad del empleado; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar el inciso (40) del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” a los Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, para disponer que los antes mencionados funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, con el fin de establecer que sus beneficios aplicarán a los empleados y/o sus beneficiarios en caso de incapacidad o muerte sobrevenida en el ejercicio de sus funciones, independientemente del programa de los Sistemas de Retiro a los que pertenezcan o hayan participado; establecer que la efectividad de esta Ley es retroactiva al 1 de enero de 2020 y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 37-2004, según enmendada, conocida como “Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, a los fines de incluir como delito grave el retraso, inacción o incumplimiento de las recomendaciones y el Plan de Acción Correctivo, también conocido como PAC, sometidas por la Oficina del Contralor en los Informes de Auditoría tras una investigación ser concluida y publicada; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el examen práctico para la admisión a ser perito electricista; la administración, tiempo provisto para realizar el examen; los lugares en que se ofrece el examen, las notificaciones a los aspirantes en cuanto a los materiales necesarios para realizar el examen, la evaluación y puntuación que otorgan los examinadores a los distintos aspirantes y notificación de los resultados del examen; las acciones que ha tomado la Junta Examinadora de Peritos Electricistas para ofrecer un examen práctico en cumplimiento con la reglamentación vigente; investigar las determinaciones de la Junta Examinadora, con especial atención a las minutas de las reuniones de los pasados cinco (5) años, y cualquier otra información que durante la investigación surja pertinente investigar.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 9-2021 a los fines de eliminar la paralización de la radicación y celebración de elecciones sindicales de representación o la descalificación de un representante exclusivo de negociación.

Para crear la “Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos”; enmendar los incisos (30) (b), (31) (b) y (41) del Art. 1-104 y el Artículo 2-101 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, emitir un mandato al Comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos para revisar y enmendar el reglamentos de Facturación y Cobro del Negociado de Bomberos para que se comience con el cobro de nuevos recaudos por concepto de la emisión de la certificación de prevención de incendios a los alquileres a corto plazo y la creación del fidecomiso de bomberos para garantizar el manejo ordenado en miras de garantizar un retiro de cincuenta por ciento (50%) de su salario promedio de los últimos tres (3) años previo a la fecha de retiro a los miembros del Cuerpo de Bomberos y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 3 de la Ley 83-2023, conocida como “Ley Especial de Salario Base para los Bomberos”, a los fines de facultar al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, a reglamentar la clasificación de puestos, asignación de las escalas de puestos y el plan retributivo del Personal del Sistema de Rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico; derogar la Ley 287-2002, conocida como “Ley de Aumento de Sueldo a los Miembros del Personal del Sistema de Rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”; Asegurar el Poder Adquisitivo de las Pensiones en los Años Venideros; y su Fuente de Financiamiento.

Para declarar una moratoria de tres (3) años a los fines de que los miembros del Sistema de Rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico que no deseen acogerse al retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo se les autorice a continuar prestando servicios hasta la edad máxima de sesenta y cinco (65) años; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” a los Vigilantes del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, los miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales; para disponer que los antes mencionados funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio; para extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad, siempre y cuando estos cumplan los requisitos esbozados en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley 176-2019; enmendar el inciso (1) de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; y enmendar el inciso 1 del Artículo 2.04 del Capítulo 2 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de establecer un nuevo mecanismo para computar la acumulación de licencia de vacaciones a las empleadas y empleados públicos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Articulo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de aumentar la edad de retiro obligatorio de los miembros de la Policía de Puerto Rico a sesenta y cuatro (64) años de edad y para otros fines.