Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 81-2020, conocida como “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como Paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias”, a los fines de evaluar su cumplimiento y efectividad.

Para denominar con el nombre de “Antolín Santos Negrón”, la Nueva Escuela Técnica Vocacional, localizada en la calle Georgetti número 20 en el municipio de Comerío, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Salinas la Escuela Francisco Mariano Quiñones del Barrio Playa, con el fin de desarrollar un proyecto social, turístico y económico en la propiedad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 15 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley para Disponer las Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones”; y añadir un nuevo Artículo 3, y renumerar los Artículos 3, 4 y 5 como Artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 187 de 2 de mayo de 1952, conocida como “Ley para Disponer la Suspensión del Pago de Anualidades o Pensiones a los Empleados públicos Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos retribuidos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados mediante programas de retiro incentivado, y empleados que renunciaron de manera incentivada como parte del Programa de Transición Voluntaria para que puedan desempeñarse a partir del 1 de julio de 2022, en un empleo regular parcial que en tiempo y en retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba retribución no mayor de la mitad de la que correspondería al mismo empleo si fuera de jornada completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las condiciones de trabajo de los servidores públicos de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (“ADSEF”), sus beneficios como empleados, los salarios que devengan, las clasificaciones de puestos y la aplicación de las escalas salariales pertinentes según el Plan de Clasificación para el Servicio de Carrera del Departamento de la Familia efectivo el 1 de julio de 2017, la aplicación de dichas escalas salariales en comparación con las aplicadas en la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, en la Administración de Familias y Niños, en la Administración para el Sustento de Menores, y en el Secretariado de la Familia, la disponibilidad de materiales y equipos adecuados para realizar su labor en los seis programas que componen ADSEF, las condiciones de sus instalaciones, la cantidad de empleados regulares y por contrato que laboran para sus programas y el impacto de la labor realizada por esta Administración y sus servidores públicos durante las emergencias recientes provocadas por los huracanes Irma y María en el 2017, los movimientos telúricos del sur de Puerto Rico en el 2020 y la emergencia económica actual causada por la pandemia del Covid-19 en las familias puertorriqueñas.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento aplicable, la transferencia libre de costo al Municipio de Guánica de los terrenos y las instalaciones que comprenden las facilidades de la Escuela Fraternidad en Guánica, localizados en el Bo. Ciénaga sector Fraternidad, que actualmente pertenecen al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia libre de costo al Municipio de Maricao la administración y el mantenimiento del Centro Vacacional Monte del Estado en Maricao, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen al Programa de Parques Nacionales del Departamento de Recreación y Deportes a los fines de que el Municipio realice todas las acciones que estime necesarias y convenientes para lograr su máximo potencial de uso en beneficio del desarrollo económico de la región y su municipio.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Dorado, de los terrenos e instalaciones que albergan las antiguas escuelas Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Avenida Dr. Pedro Albizu Campos del Barrio Mameyal de Dorado, la Jacinto López Martínez, ubicada en la Calle Norte #200, en el casco urbano de Dorado; para fijar un término improrrogable de sesenta (60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; para reconocer la facultad del Comité de fijar condiciones restrictivas para asegurar que las propiedades transferidas sean utilizadas para fines comunitarios, educativos o cualquier otro fin público que determine el Municipio de Dorado; y para otros fines relacionados

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la venta, transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a CCK Medical, CSP, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela Dr. Francisco Vázquez Colón, ubicados en la carretera 2, km. 55.5 del sector Magueyes, barrio Florida Afuera, del Municipio de Barceloneta; para fijar un término improrrogable de sesenta (60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de Puerto Rico que, al amparo de la Ley 26-2017, ausculte la viabilidad y conveniencia para el interés público de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de las agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas pertinentes, ceda al Municipio de Aguadilla las instalaciones públicas y el derecho de usufructo de los terrenos que comprenden el balneario de la “Playa Crash Boat” de Aguadilla, los terrenos pertenecientes al campo de golf de Punta Borinquen que se encuentran en la antigua Base Ramey de Aguadilla, y las facilidades deportivas adscritas al Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa de la antigua Base Ramey de Aguadilla (CECADER), sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en la cesión o licencia de uso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines.

Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, a los fines de permitir que el salario mínimo estatal en Puerto Rico prevalezca sobre el federal mientras sea mayor; crear la Junta Evaluadora del Salario Mínimo adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, disponer sus facultades y composición; proveer protección para los trabajadores de empresas locales no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; facultar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a implantar esta Ley; enmendar el Artículo 1; derogar los Artículos 2 y 3; enmendar el actual Artículo 4 y re enumerarlo como nuevo Artículo 2; derogar el inciso (d) del Artículo 5; re enumeran los actuales Artículos 5, 6 y 7 como los nuevos Artículo 3, 4 y 5; enmendar el actual Artículo 8 y re enumerarlo como el nuevo Artículo 6; re enumerar los actuales Artículos 9, 10, 11 y 12 como los nuevos Artículo 7, 8, 9 y 10; enmendar el actual Artículo 13 y re enumerarlo como el nuevo Artículo 11; y re enumerar los actuales Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 como los nuevos Artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 180-1998, según enmendada, a los fines de eliminar toda disposición relacionada a salario mínimo de dicha ley; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia”; establecer los términos de un estado de emergencia; prohibir la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión; establecer el deber del Gobernador o Gobernadora de someter informes cada quince (15) días a la Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se extiende por más de treinta (30) días; establecer el deber de divulgación de acciones de la Rama Ejecutiva realizadas al amparo de una declaración de estado de emergencia; establecer el deber del Gobernador o Gobernadora o su representante de comparecer a una vista pública ante la Cámara de Representantes si un estado de emergencia se extiende por más de treinta (30) días; establecer las obligaciones del Gobernador o Gobernadora cuando un estado de emergencia se extienda por más de sesenta (60) días; establecer los requisitos para extender un estado de emergencia por más de seis (6) meses; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (40) del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de incluir a los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias, en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley Especial de Salario Base para los Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el salario base de los agentes pertenecientes a la Uniformada comenzará a partir de los dos mil novecientos (2,900) dólares mensuales con el propósito de promover su retención en el empleo y hacerle justicia salarial ante los sacrificios personales y peligros inherentes a sus funciones; establecer las responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento del Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo las acciones necesarias para transferir por el valor nominal de un ($.100) dólar al Municipio de Barranquitas, el título de la totalidad de las estructuras edificadas en el predio y el terreno que forman parte de la antigua organización Job Corps ubicada en el Municipio de Barraquitas y que en la actualidad están en desuso y el municipio interesa ocupar y manejar para programas y proyectos de desarrollo económico.

Para enmendar el Artículo 5.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de limitar las circunstancias en las cuales podrá eximirse a un servidor público de cumplir con la obligación de someter informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental, y para otros fines.

Para establecer la nueva “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, a los fines de permitir que el salario mínimo estatal en Puerto Rico prevalezca sobre el federal mientras sea mayor; crear la Junta Evaluadora del Salario Mínimo adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, disponer sus facultades y composición; proveer protección para los trabajadores de empresas locales no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; establecer todo lo relacionado a las licencias por vacaciones y enfermedad; facultar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a implantar esta Ley; derogar la Ley 180-1998, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 y enmendar los Artículos 34 y 35 de la Ley 73-2019, según enmendada conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la Oficina del Contralor Electoral, a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente; realizar enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-140 y el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual crea el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos a la Rema Judicial de Puerto Rico; para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio, para extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad; y para otros fines relacionados.

Para establecer el “Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré”, adscrito a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico; constituir el cargo de Director del Programa de Internado Ejecutivo y Jóvenes Voluntarios de la Oficina del Gobernador que tendrá la responsabilidad de la organización y funcionamiento del Programa; y para otros fines relacionados.

Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Dislexia en Puerto Rico” y designar el día 8 de noviembre como el “Día de la Concienciación sobre la Dislexia”, así como derogar la Ley 176-2015.

Para establecer la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”; crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico” como una entidad adscrita a la “Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa en el desempeño de las responsabilidades y prerrogativas delimitadas en esta Ley; disponer sobre su funcionamiento; determinar su composición, deberes, facultades y responsabilidades; derogar la Ley 136-1996; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre la organización y funcionamiento adecuado de las agencias, departamentos, oficinas y entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que estén bajo su jurisdicción, a fin de determinar si las mismas están cumpliendo con las leyes, reglamentos y programas que le corresponden conforme a su propósito y mandato.

Para designar la Calle Marginal de la Comunidad La Dolores, en la Carretera #3 Kilómetro 22.0, Río Grande, Puerto Rico, con el nombre del reverendo David Figueroa Andino; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines relacionados.

Para prohibir a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), así como al Presidente de la corporación, realizar cualquier acción, gestión, participación en procesos o propuestas cuyo propósito sea la privatización de la misma, y para otros fines relacionados.

Para enmendar las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 del Artículo III; las secciones 4, 5 y 9 del Artículo IV; la sección 8 del Artículo V; la sección 17 del Artículo VI; las secciones 1 y 2 del Artículo VII; la sección 1 del Artículo VIII; y se deroga la sección 2 del Artículo VIII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los fines de establecer que el Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa unicameral; para determinar su tamaño y composición; para establecer que las enmiendas propuestas sean sometidas a aprobación o rechazo por los electores cualificados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en referéndum especial; y para disponer su vigencia y efectividad.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos y las estructuras que comprenden la, Escuela Urbana de Salinas, conocida como Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago, al Municipio de Salinas; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Arroyo de las instalaciones de la Escuela Enrique Huyke localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Animales Dedicados” con el propósito de fortalecer los derechos de personas con diversidad funcional y personas que por otras condiciones de salud ameriten recurrir al uso de animales dedicados para asistirles y mejorar su calidad de vida, y asignar a las Agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las responsabilidades contenidas en dicha ley; derogar la Ley 51-1970, según enmendada y mejor conocida como “Animales de Asistencia para Impedidos”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 107-1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Descuentos Especiales para Personas con Impedimentos”; enmendar el Artículo 2 de la Ley 154-2008, según enmendada y mejor conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” con el propósito de incluir las definiciones de alquiler, animal dedicado; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 13 de la Ley Núm. 216, de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para Crear la Nueva Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, para definir la responsabilidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en caso de declaración de emergencia, y para otros fines relacionados.

Para establecer que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones públicas, no podrá otorgar contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoría ni cualquier otro tipo de contratación a entidades jurídicas creadas dentro del término de cinco (5) años previos a la otorgación del contrato.

Para enmendar el Art. 3.4 del “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, Ley Núm. 2-2018, según enmendada, y eliminar la Sección 6.8 de la Ley Para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, Ley Núm. 8-2017, según enmendada, con el fin de extender la prohibiciones de dicho artículo a todas las ramas de gobierno y eliminar la disposición que establece que una persona que haya sido convicta por delitos en el ejercicio de un cargo público o contra los fondos públicos pueda contratar o licitar con el Gobierno de Puerto Rico luego de cierto término tras cumplir su sentencia, y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y Reglamento, tanto estatal como federal, el traspaso, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado al Municipio Autónomo de Vega Alta, la titularidad o el manejo, administración y mantenimiento de los terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, incluyendo las instalaciones, equipos existentes, facilidades y las edificaciones ubicadas en el mismo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 6 y 8 de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, a los fines de incluir las empresas o microempresas creadas por residentes de vivienda pública en Puerto Rico, como elegibles para un porcentaje de preferencia en la adquisición de bienes y servicios por parte de los Departamentos, Agencias e Instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponer que el caso de servicios sea de hasta un cinco por ciento (5%) mientras que en la adquisición de artículos producidos, envasados, ensamblados o que constituyan productos de Puerto Rico de una empresa de residentes de vivienda pública sea de hasta un cuatro por ciento (4%).

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Movimiento Al Rescate de Mi Escuela Inc., de la titularidad de las facilidades de la antigua Escuela Lorencita Ramírez de Arellano en Toa Baja por el valor nominal de un ($1.00) dólar, con el propósito de establecer en dichas facilidades un proyecto de desarrollo holístico e integral que propenda el pleno desarrollo de niños, niñas y jóvenes de la comunidad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Centro de Apoyo Mutuo y Resiliencia Comunitaria Las Carolinas, Inc. de la titularidad de las facilidades de la antigua Escuela María Montañez Gómez en el barrio Las Carolinas en Caguas, por el valor nominal de un ($1.00) dólar, con el propósito de establecer en dichas facilidades un Centro de Apoyo Mutuo que responda a las necesidades inmediatas de alimentos y salud de su comunidad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 1 y 2, suprimir los artículos 3 y 4, reenumerar los artículos 5 y 6, como los artículos 3 y 4, y a su vez enmendarlos, suprimir los artículos 7 y 8, reenumerar el Artículo 9, como Artículo 5, y a su vez enmendarlo, suprimir los artículos 10, 11 y 12, reenumerar el Artículo 13, como Artículo 6, y a su vez enmendarlo, añadir unos nuevos artículos 7, 8 y 9, suprimir los artículos 14, 15, 16 y 17, y reenumerar el Artículo 18, como Artículo 10, en la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, mediante la cual se autorizó al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a vender, permutar o gravar los terrenos propiedad del Gobierno de Puerto Rico, así como los edificios gubernamentales que dejaron de ser de utilidad pública, a los fines de consolidar en la figura del antes mencionado funcionario, toda gestión encaminada a disponer de la propiedad perteneciente al Estado; flexibilizar los procesos establecidos para disponer de la propiedad pública o el arrendamiento de esta, si dichas transacciones tienen el efecto de reactivar el mercado de bienes raíces en Puerto Rico; crear un denominado “Inventario Digital de Propiedades Públicas”, que contendrá información detallada sobre los terrenos y las estructuras e inmuebles custodiados o pertenecientes y administrados por el Gobierno de Puerto Rico, que permita manejar la información y el acceso rápido a los datos, el cual servirá como herramienta de trabajo para la toma de decisiones relacionadas con la administración y disposición de los bienes públicos; y proveer los recursos económicos necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; derogar la Ley 235-2014, mediante la cual se creó la “Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, por ser esta Ley una inoficiosa; suprimir el Capítulo 5, y reenumerar los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, como los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, y reenumerar los artículos del 6.01 al 10.06, como los artículos del 5.01 al 9.06, respectivamente, en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, con el propósito de atemperar la misma, con las disposiciones de la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Para derogar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de Julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Certificado de Antecedentes Penales” e insertar dos nuevos Artículos 3 y 4, a los fines de establecer que una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un récord de antecedentes penales negativo con excepción a los que hayan delinquido en los siguientes casos: asesinato en todas sus modalidades, agresión sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y/o crímenes de lesa humanidad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transacción propuesta para que se transfiera, venda, arriende, conceda el usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, el predio de terreno en desuso de la antigua Escuela William Rivera Ponce, ubicada en la Urb. Jardines de Caparra, Ave. Ruiz Soler, Sector La Colectora, en el Municipio de Bayamón, a la organización sin fines de lucro National Talent Academy, Inc.; y para otros fines relacionados.

Para establecer y crear la “Ley del Programa Campus Puerto Rico” adscrito al Departamento de Estado; establecer la política pública de promover a Puerto Rico como un destino de estudios académicos postsecundarios, definir los deberes del Secretario de Estado bajo este programa, definir los pilares estratégicos del programa; disponer sobre la presentación de informes a la Rama Ejecutiva y a la Rama Legislativa; asignar fondos, autorizar la creación de reglamentación para los fines de la Ley; y para otros fines relacionados.