Para adoptar una nueva Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico y derogar la Ley Núm. 88 de 4 de mayo de 1939, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo apartado (4) a la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de clarificar el proceso a seguir para efectuar un nuevo nombramiento en los casos en que se determine que en el proceso de reclutamiento y selección de un puesto de carrera no se observó el principio de mérito; y, para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 3-2014, conocida como “Ley para Establecer el Requisito de Cumplir con la Ley 168-2000 en Contratos y Nombramientos”, a los fines de extender su alcance a los municipios; y, para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio de Arecibo, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela segunda unidad Rosa L. Rivera Serrano, ubicados en la Carretera PR-123, kilómetro 70, hectómetro 1, en el Barrio Río Arriba del Municipio de Arecibo.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arecibo, del terreno e instalaciones que albergan la antigua Escuela Superior Dra. María Cadilla de Martínez, ubicados en la carretera PR-6608, específicamente en las coordenadas 18.467192, -66.721054, del Barrio Pueblo del Municipio de Arecibo.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arecibo, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Félix Rosario Ríos, ubicados en la Carretera PR-639, en el Barrio Sabana Hoyos del Municipio de Arecibo; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la venta, transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arecibo, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela intermedia José Gualberto Padilla, ubicados en la carretera PR-6608, Avenida Constitución, específicamente en las coordenadas 18.401239, -66.603087, del barrio Cotto del Municipio de Arecibo; para fijar un término improrrogable de sesenta (60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio de Ciales, del terreno e instalaciones que albergan el antiguo centro preescolar, ahora extensión de la escuela elemental Hato Viejo Cumbre, ubicados en la Carretera PR-632, en el sector la Cumbre, barrio Hato Viejo, del Municipio de Ciales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Las Ochentas localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Guillermo González localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Ana Hernández Usera localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Pedro Soto Rivera localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para crear la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de la Movilidad de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, con el fin de evaluar y revisar la movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica; determinar si procede revocar o confirmar la acción de movilidad determinada por la Oficina de Administración y Recursos Humanos; eximir a la Comisión Apelativa del Servicio Público de la revisión de toda acción de movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica; y otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Arroyo de las instalaciones de la Escuela Beatriz Rodríguez localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Esparra Cartagena localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Arroyo de las instalaciones de la Escuela Cayetano Sánchez localizada en dicho municipio; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia al Municipio de Guayama de las instalaciones de la Escuela Amalia Marín localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Guayama las instalaciones de la Escuela Elemental Carlos Martínez Benítez localizada en dicho municipio; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como ‘Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, de las facilidades de la antigua Escuela Elemental Secundino Díaz, ubicada en la carretera PR-804, km. 0.4, en el barrio Galateo del pueblo de Toa Alta, al Gobierno Municipal de Toa Alta, con el fin de que allí se instituyan, diversos programas de servicios comunitarios y actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos, talleres de capacitación o adiestramientos en distintas áreas, entre otras; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador”, a los fines de establecer que todos los Secretarios o Secretarias en el orden de sucesión deberán cumplir con los requisitos dispuestos en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo el haber sido ratificado su nombramiento; añadir un nuevo Artículo 4 y reenumerar el actual Artículo 4 como Artículo 5; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, transferir libre de costo al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la estructura de la antigua Escuela Emilia Castillo Vda. de Abreu, localizada en la Carr. PR 472 Km. 0.5 Ave. Lulio Saavedra Blasco del Barrio Bejucos de dicho Municipio; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de establecer términos para la adjudicación de controversias pendientes ante la agencia.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de dicha ley y el reglamento; el listado de escuelas en desuso como consecuencia del cierre de escuelas, con el fin de transferir libre de costo a los Municipios la titularidad de las facilidades; ordenar al Departamento de la Vivienda separar fondos CDBG- DR para crear nuevos desarrollos de vivienda con usos comerciales, centros comunales resilientes, salones de reunión comunitaria y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 38 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer un tope de diez por ciento (10%) sobre el monto original del contrato en las ordenes de cambio al mismo, incluyendo a las agencias exentas de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para eliminar la Sección 3.19 y añadir una nueva Sección 3.19 a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 31 del Capítulo IV inciso (b) de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que los métodos de licitación regulados incluyen la solicitud de propuesta; establecer un término de diez (10) días para que la Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, así como la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales, resuelvan las mociones y las Resoluciones de Reconsideración presentadas referentes a adjudicaciones de subasta o propuestas; aclarar cuándo comienza a correr el término para que la parte adversamente perjudicada eleve su reclamo judicial; disponer sobre el uso del método de licitación a ser utilizado en la Administración de Servicios Generales cuando se adquieran bienes, obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda quince mil (15,000) dólares, pero no exceda la cantidad de cien mil (100,000) dólares; y establecer que el método de licitación podrá adoptar el mecanismo de mercado abierto, según autorice el Oficial de Licitación con el aval del Administrador; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.2 y 5.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de Servidor Público a los Delegados según dispuesto en la Ley 167-2020, conocida como “Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”; y para incluir a los Delegados como funcionarios obligados a someter informes financieros en la Oficina de Ética Gubernamental.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la “Comunidad Organizada de San Salvador, Inc. (COSS)”, la antigua Escuela SU Mercedes Palma, localizada en la Carretera PR- 765, Km. 8.2, del Barrio San Salvador, Sector La Plaza, en Caguas, Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para designar el día 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia”, como parte de los esfuerzos para eliminar cualquier manifestación de discrimen racial y/o étnico de nuestra sociedad; para que se designe la semana durante el mes de marzo en la que se conmemore el Día de la Abolición de la Esclavitud como la Semana para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia; derogar la Ley 138-1996; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Control de Fianzas en el Suministro de Servicios Esenciales”, a los fines de disponer que los reglamentos de suministro de servicios esenciales que contengan una fianza de pago o depósito deberán permitir el pago prorrateado del monto requerido.

Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”, con el fin de eliminar el requisito a los arquitectos en entrenamiento de presentar evidencia de haber tomado dos (2) exámenes de reválida para la renovación de su certificado; y para otros fines relacionados.

Para adicionar un cuarto párrafo al Artículo 59 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, a los fines de incluir en dicha disposición lo relativo al sueldo de los Procuradores Generales Auxiliares y equipararlo al sueldo dispuesto para los Fiscales Auxiliares I; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Regulación de las Compañías de Subastas”, con el fin de establecer los requisitos mínimos para las compañías, entidad o individuos que son contratados para la celebración de subastas en Puerto Rico, crear un Registro de Compañías de Subastas, establecer multas y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio Autónomo de Cayey, de los terrenos e instalaciones que albergan la antigua Escuela Luis Muñoz Rivera ubicada en el Barrio Matón en Cayey; para fines comunitarios, educativos o cualquier otro fin público que determine el Municipio de Cayey; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 6.4. del Articulo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos” y el Artículo 2.050 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de autorizar el destaque de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica sujetos al Plan de Movilidad a acogerse al mecanismo de destaque dispuesto por la Ley 8-2017, para trabajar para cualquier municipio que así lo solicite, donde pueda desempeñar tareas acorde con su peritaje y capacidades; conservando todas las protecciones dispuestas por el proceso movilización, sin sujeción al mecanismo de restitución de salarios por parte del municipio que le recibe, y para otros fines.

Para añadir un nuevo Artículo 35(A), a la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de crear el Comité Visor de Desembolsos de Fondos Públicos con el propósito de brindarle mayor transparencia a las transacciones realizadas por el Gobierno de Puerto Rico durante periodos en que se ha decretado un estado de emergencia por el Presidente(a) de los Estados Unidos o el Gobernador(a) de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el Programa para la Atención de Casos de Violencia Doméstica, adscrito a la Directoría de Programas Judiciales de la Rama Judicial de Puerto Rico, con el fin de analizar las necesidades fiscales y de recursos humanos de los Proyectos iniciados por el mismo que son: el Proyecto de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, el Proyecto de Especialización de Servicios en Casos de Violencia Doméstica y el Proyecto Piloto de Sala Especializada en Casos de Violencia de Género; conocer los problemas encontrados en la implementación de los mismos para auscultar, si es necesario realizar cualquier ajuste o enmienda mediante legislación para llevar a cabo su finalidad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el propósito de supeditar la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales, al cumplimiento con la política de preferencia establecida, mediante el Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, en adición a las ya dispuestas en virtud de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley 253-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Contratos de Selección Múltiple en los Procesos de Compras”, y la Ley 42-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, entre otras; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso Ñ del Artículo 5, añadir un nuevo Artículo 6 y reenumerar el actual Artículo 6 como 7, a la Ley 237- 2004, según enmendada, conocida como la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” , para prohibir el beneficio económico de la contratación gubernamental a favor de personas que hayan declarado bajo juramento que han cometido delitos contra la integridad pública o delitos sujetos al Registro creado mediante el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” independientemente de su fueron procesados por las conductas delictivas, para ampliar las consecuencias por violar las disposiciones de dicha ley y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice un estudio exhaustivo sobre el impacto de la Pandemia del COVID-19 en los diferentes sectores económicos de Puerto Rico, en aras de aunar esfuerzos para recuperar nuestra economía; el referido estudio será encomendado a la Junta de Planificación (JP), en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), al Departamento de Hacienda (DH) y el CFO, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), el Departamento de Salud (DS) y el Departamento de Educación (DE); el estudio deberá contar, además, con la participación y colaboración de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM); y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 9 de la Ley 40 de 1945, según enmendada, conocida como la “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico” a los fines de facultar a esta corporación pública para expropiar aquellos predios de terrenos donde ubica un sistema de acueducto NON-PRASA (conocidos como acueductos comunitarios) y ceder la titularidad de éstos libre de costo a aquellas entidades debidamente registradas que administren, manejen u operen dichos sistemas de acueductos; y para otros fines relacionados.