Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el proceso de instalación y permisos de una torre de telecomunicaciones en el Sector Goyito del Barrio Cruces del pueblo de Aguada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 5 y 6 de la Ley 516-2004, conocida como “Ley de Incentivos para el Desarrollo Integral de la Industria del Libro en Puerto Rico”, a los fines de aumentar de un 50% a un 90% la exención contributiva de los editores al ingreso neto proveniente de las ventas o publicación, según sea el caso, de libros, y a las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, siempre que las mismas sean utilizadas para la edición de libros; para establecer que para tener derecho a la mencionada exención, los editores deban certificar que al menos el noventa por ciento (90%) de sus ediciones son impresas en empresas locales puertorriqueñas; para aumentar la exención contributiva a los impresores de libros impresos en Puerto Rico a un noventa por ciento (90%); para enmendar el Artículo 6 de la Ley 17-2008, conocida como “Ley de impresión de documentos y publicaciones de las agencias del Gobierno, corporaciones públicas y municipios deberán llevarse a cabo en las imprentas de las agencias y corporaciones públicas”, a los fines de que, tanto las agencias como aquellos editores o agentes contratados por éstas, de ser necesaria la contratación externa, contraten imprentas nativas y sólo de ser necesario contraten imprentas que no lo sean, pero certifiquen las razones para ello ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Banco de Desarrollo Empresarial” (en adelante, el “Banco”) como una corporación e instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sucesora en interés del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (en adelante, el “BDEPR”); para expandir sus propósitos, manteniendo atención principal hacia las “Pequeñas y Medianas Empresas” (PYMES); ampliar sus facultades y crear mecanismos para sustentarse, allegarse fondos y fortalecer sus finanzas; ofrecer financiamiento, inversiones, garantías, asesoramiento y seguros; organizar la ley orgánica del Banco conforme a dichos objetivos y facilitar su comprensión; vincular la gestión del Banco al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante, el “DDEC”), manteniendo la independencia financiera y administrativa del Banco; uniformar los medios para conceder financiamientos, garantías e inversión de capital de riesgo de las agencias e instrumentalidades públicas y facultar al Banco a establecer acuerdos colaborativos para dichos propósitos; ordenar a las entidades gubernamentales expedidoras de permisos, licencias y certificaciones de cumplimiento (good standing), la implantación de procesos que prioricen las peticiones del Banco; crear la “Certificación de Cumplimiento con el Banco de Desarrollo Empresarial” y ordenar a las entidades gubernamentales obtener dicha certificación como requisito o condición a la otorgación de créditos, incentivos, exenciones, donaciones, auspicios y cualquier clase de beneficio gubernamental; derogar la Ley Núm. 22 del 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto”, así como toda ley o parte de ella inconsistente con lo dispuesto en esta Ley; y para otros fines relacionados.