Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 284-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Corredor Industrial del Norte”, con el propósito de concentrar en la figura del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la responsabilidad de implantar los objetivos trazados en la misma; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Negociado de Energía de Puerto Rico y a toda agencia, entidad y corporación pública a cesar, hasta una fecha no antes del 15 de enero de 2022, toda gestión relacionada con la implementación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y Luma Energy, LLC., y Luma Energy Servco, LLC.; con el propósito de evaluar y establecer enmiendas necesarias al contrato dirigidas a proteger la continuidad del presente y futuro servicio de energía eléctrica en Puerto Rico bajo los parámetros de: (1) costos accesibles a los consumidores, (2) una supervisión apropiada a dicho contrato, y (3) un trato adecuado en acuerdo con la ley vigente a los miles de empleados públicos afectados por esta transacción para evitar litigios y procesos legales que resulten en costos adicionales al estado; para que el Negociado de Energía de Puerto Rico realice únicamente estudios, investigaciones, evaluaciones y procesos en acuerdo a lo establecido en esta Resolución, y para ordenar la elaboración e intercambio de información entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas de Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico, Luma Energy, LLC., y Luma Energy Servco, LLC., y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigación abarcadora en torno al proceso seguido para la obtención de los permisos para la construcción y uso de una torre de telecomunicaciones en el Km. 5.1 de la Carretera Estatal PR-941, Barrio Jaguas en el municipio de Gurabo, donde se propone la instalación de estaciones de transmisión de frecuencia radial (antenas); y los efectos que esta construcción podría causar en los residentes de la comunidad, así como en las propiedades adyacentes; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación sobre el costo para generar energía en Puerto Rico; las tarifas a los consumidores, a nivel residencial y comercial; los aumentos programados según los acuerdos estipulados entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas respecto al pago de la deuda; el impacto en nuestra economía y en la calidad de vida de los puertorriqueños de los referidos cambios en la factura; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 5, inciso (u) de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para disponer que la creación o contratación de la Autoridad de Energía Eléctrica con compañías, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas para determinados fines, deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente y para otros fines.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, con el propósito de examinar el cumplimiento de sus objetivos, la cantidad de empleos creados en Puerto Rico, la inversión realizada por el Estado, los beneficios producidos al fisco, además de determinar si esta ley debe continuar vigente o debe derogarse; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11,8.1, 8.4A, 8.16, 9.6 y 15.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los fines de establecer nuevas responsabilidades al Secretario Auxiliar en cuanto al trámite de permisos; introducir cambios en la facultad para evaluar, conceder o denegar determinaciones finales y permisos; reforzar los acuerdos interagenciales y cambios en el Sistema Unificado de Información; ampliar las responsabilidades del Profesional Autorizado y reforzar la fiscalización a estos; establecer la vigencia del Permiso Único y procesos para su solicitud y expedición; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 8.2 y 8.15 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la reforma del proceso de permisos”, a los fines de añadir en el Artículo 8.2 que en cualquier caso en que se identifique en la pre-consulta que la solicitud es para un establecimiento público que tiene un permiso vigente, se procederá a conceder automáticamente al solicitante un permiso temporero hasta la fecha de vigencia del permiso vigente, cuando su negocio sea compatible con la calificación que ostenta el predio y cuando no se afecte la salud y la seguridad; y enmendar el Articulo 8.15 para extender el término de vigencia del permiso de uso condicional a veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de dicho permiso; para ampliar el requisito de cualificación a cualquier establecimiento público, según el termino está definido en la Ley; para añadir que tal permiso de uso será otorgado en un término de un (1) día laborable, automáticamente; para añadir que solo se podrá autorizar el cierre de negocios, luego de un proceso de notificación, orientación, y asistencia al comerciante para ayudarlo a cumplir con la Ley o en aquellos casos donde exista una situación que afecte la salud o la seguridad y como medida de último recurso, y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Noreste de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio exhaustivo en torno a la situación actual y el desarrollo socioeconómico urbano y rural de los municipios que componen dicha región; investigar sobre todo asunto relacionado con los programas gubernamentales y las recomendaciones de legislación que sean necesarias para alcanzar soluciones, logrando el desarrollo integrado y armonioso de la región en conjunto con los servicios que prestan los gobiernos municipales, incluyendo pero sin limitarse al desarrollo ambiental y recursos naturales, desempleo, vivienda, recreación, educación, transportación e infraestructura, salud, seguridad pública, servicios para las personas con discapacidades y otros de naturaleza similar; fiscalizar el uso y manejo de los fondos públicos, estatales y federales, asignados a los municipios, agencias y corporaciones públicas que componen la Región Noreste de Puerto Rico que afectan el desarrollo de los municipios de dicha región; identificar recursos y alternativas a corto y largo plazo para la infraestructura, el turismo, programas de bienestar social e iniciativas comunitarias; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las gestiones llevadas a cabo por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para atender de manera permanente el deterioro en las carreteras primarias, secundarias y terciarias en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba; y para determinar si su actual deterioro incide en el desarrollo económico de la región.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación continua sobre todo asunto relacionado con las prioridades económicas, cónsonas con el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico; analizar la planificación y el monopolio en sus diversas manifestaciones; estudiar el progreso de la tecnología y biotecnología, la economía del conocimiento y los proyectos estratégicos de infraestructura que propendan al desarrollo económico en cualquiera de sus etapas de planificación o construcción; asimismo fiscalizar los asuntos de índole federal sobre el desarrollo económico, la interacción de propósitos, recursos y esfuerzos de las agencias gubernamentales o entre el sector público y privado relacionados al desarrollo económico, y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación de todos los muelles de la zona portuaria de San Juan, y los proyectos y negocios a realizarse en los mismos, incluyendo, pero sin limitarse a, la implantación del Acuerdo Cooperativo entre las empresas Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals, FMC Agreement No. 201292, en la zona portuaria de Puerto Nuevo, particularmente sus efectos operacionales y competitivos sobre los procesos en los muelles; el desarrollo de la alianza pública privada que se contempla para los muelles de cruceros en la Bahía de San Juan; los proyectos sobre desarrollo comercial, residencial y/o turístico que se proponen para el muelle denominado Navy Frontier; las deficiencias en abasto y presión de agua potable en la zona portuaria de Puerto Nuevo, y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley 211-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 55, 59, 69, 76, 84, 85 y 89 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 del Capítulo I, enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 11 del Capítulo II, enmendar los Artículos 7 y 10 del Capítulo III, enmendar el Artículo 1 del Capítulo IV de la Ley 213-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”; enmendar los Artículos 1.3, 4.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.18, 6.20, 6.23, 6.28, 6.30, 6.37, 6.40, 6.41, 6.42 y 6.43 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico”; enmendar el inciso (d) de la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como, “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los fines de devolverle a las instrumentalidades consolidadas bajo la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico en virtud de la Ley 211-2018, las respectivas estructuras y poderes administrativos que estas poseían antes de la vigencia de dicha Ley; traspaso de propiedades; separabilidad; vigencia y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros; y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en el Municipio Autónomo de Juana Díaz, a los fines de auscultar alternativas reales para corregir el problema de interrupción constante del servicio de energía eléctrica; cuantificar las pérdidas económicas de los comercios y empresas de manufactura en dicho municipio; auscultar las gestiones afirmativas por parte de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor sobre este problema recurrente; así como, el efecto de estas interrupciones en la planificación de los servicios esenciales a ser brindados por el Municipio Autónomo de Juana Díaz; y para otros fines relacionados.

Para; enmendar el Artículo 2 de la Ley 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico” a los fines de aumentar el salario mínimo; establecer un aumento automático del salario mínimo cada tres años conforme al “Consumer Price Index” publicado por la Junta de Planificación y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico la cancelación del aumento a la factura de energía eléctrica de $0.81 centavos por kilovatio/hora solicitado por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y aprobado por el Negociado de Energía el 31 de diciembre de 2020 y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley 80 – 2017, conocida como Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico, a los fines de eliminar la prohibición a las entidades gubernamentales y sus subsidiarias de participar en el mercado de ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones en el Gobierno de Puerto Rico.

Para ordenar a las comisiones de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación sobre las causas de la desigualdad económica y social, las limitaciones económicas existentes y la pobreza en Puerto Rico, para identificar alternativas dirigidas a la creación de alianzas entre el sector público, privado y comunitario, determinar las medidas y acciones afirmativas de la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 6 y 8 de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, a los fines de incluir las empresas o microempresas creadas por residentes de vivienda pública en Puerto Rico, como elegibles para un porcentaje de preferencia en la adquisición de bienes y servicios por parte de los Departamentos, Agencias e Instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponer que el caso de servicios sea de hasta un cinco por ciento (5%) mientras que en la adquisición de artículos producidos, envasados, ensamblados o que constituyan productos de Puerto Rico de una empresa de residentes de vivienda pública sea de hasta un cuatro por ciento (4%).

Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 77 de 25 de julio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Monopolios y Restricción de Comercio” para que el Gobierno de Puerto Rico pueda demandar a nombre suyo y en Parens Patriae a favor de compradores indirectos de productos que han sufridos daños por actos prohibidos o declarados ilegales por dicha ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11,8.1, 8.4A, 8.16, 9.6 y 15.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los fines de establecer nuevas responsabilidades al Secretario Auxiliar en cuanto al trámite de permisos; introducir cambios en la facultad para evaluar, conceder o denegar determinaciones finales y permisos; reforzar los acuerdos interagenciales y cambios en el Sistema Unificado de Información; ampliar las responsabilidades del Profesional Autorizado y reforzar la fiscalización a estos; establecer la vigencia del Permiso Único y procesos para su solicitud y expedición; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Inciso (h) del Artículo 4.1 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico”, a los fines de ordenar a las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva y las dependencias de la Rama Judicial, en colaboración con la Oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), a publicar en sus respectivos portales cibernéticos actualizaciones mensuales de su facturación y consumo energético, así como, copia de sus planes de reducción de consumo energético anual y la correspondiente evaluación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo III-8, de la Ley 213-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, a los fines de facultar a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico a actuar por iniciativa propia, al evaluar precios o cargos o cualquier otro asunto bajo su jurisdicción.

Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, a los fines de permitir que el salario mínimo estatal en Puerto Rico prevalezca sobre el federal mientras sea mayor; crear la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, disponer sus facultades y composición; proveer protección para los trabajadores y las trabajadoras de empresas locales no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; establecer un nuevo salario mínimo estatal base de diez dólares con cincuenta centavos la hora ($10.50/hr), de manera escalonada sujeto a lo establecido en esta Ley; facultar al Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos a implantar esta Ley; enmendar el Artículo 1; derogar los Artículos 2 y 3; enmendar el actual Artículo 4 y renumerarlo como nuevo Artículo 2; derogar el inciso (d) del Artículo 5; reenumerar los actuales Artículos 5, 6 y 7 como los nuevos Artículos 3, 4 y 5; enmendar el actual Artículo 8 y renumerarlo como el nuevo Artículo 6; renumerar los actuales Artículos 9, 10, 11 y 12 como los nuevos Artículo 7, 8, 9 y 10; enmendar el actual Artículo 13 y renumerarlo como el nuevo Artículo 11; renumerar los actuales Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 como los nuevos Artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 180-1998, según enmendada, a los fines de eliminar toda disposición relacionada a salario mínimo de dicha ley; y para otros fines relacionados.

Para establecer la jurisdicción primaria del Negociado de Telecomunicaciones sobre las reclamaciones de los consumidores ante las compañías de telecomunicaciones proveedoras de servicio de internet, particularmente las relacionadas a controversias sobre la velocidad del servicio; y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de facultar a los Alcaldes de Municipios Autónomos que tienen Oficina de Permisos a hacer uso de los remedios ordinarios y extraordinarios en ley para gestionar la revocación de los permisos concedidos cuando estos son utilizados incumpliendo con los parámetros y condiciones bajo los cuales estos fueron concedidos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5, de la Ley 89-2000, según enmendada, conocida como “Ley sobre la Construcción, Instalación y ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, a los fines de añadir un inciso (h) que estipule que será requisito el obtener el endoso de la Oficina de Planificación del Municipio donde se proponga una torre de telecomunicaciones en el proceso de obtención del permiso de construcción de la misma.

Para ordenar a las comisiones Para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste; y de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigación sobre las condiciones de infraestructura, el mantenimiento de la misma y la calidad del servicio que brinda la Autoridad de Energía Eléctrica en los municipios de Isabela, San Sebastián y Las Marías; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva entorno al contrato otorgado entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de dicha corporación pública por un periodo de 15 años; y para otros fines relacionados.

Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, mediante esfuerzos multiagenciales concertados, disminuir la desigualdad de posibilidades para acceder a la información, al conocimiento y a la educación a través de las nuevas tecnologías de la información, así como promover el aprovechamiento de las transformaciones tecnológicas como instrumentos de desarrollo y cambio social; enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico”, a los fines de proveer para la realización de obras de modernización de la planta física de los residenciales públicos, los cuales incluirán, entre otros, brindar acceso a la información, al conocimiento y a la educación a todos sus residentes, a través del uso de Internet, particularmente, mediante el mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, mejor conocido como WIFI; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 7 y 15, derogar el Artículo 23, y renumerar los actuales Artículos 24, 25 y 26, como los nuevos Artículos 23, 24 y 25 de la Ley 195-2016, conocida como “Ley para el Uso de la Marca Delpaís”, con el propósito de facultar al Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA), corporación subsidiaria de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, a desarrollar la referida marca, promocionarla y mercadearla local, nacional e internacionalmente; simplificar el proceso de evaluación de las Solicitudes de Licencias y Autorizaciones de Uso de la Marca “Delpaís”; proveer para el diseño y elaboración de un plan estratégico para la promoción y mercadeo de la marca, con metas, indicadores y estrategias a corto, mediano y largo plazo; realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 y 14, añadir unos nuevos artículos 15, 16 y 17, reenumerar los actuales artículos 15, 16, 17 y 18, como los artículos 18, 19, 20 y 21, respectivamente, reenumerar el actual Artículo 19, como el Artículo 22, y a su vez enmendarlo, y reenumerar los actuales artículos 20, 21 y 22, como los artículos 23, 24 y 25, respectivamente, en la Ley 173-2014, conocida como “Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico”, con el propósito de reconfigurar la composición del Consejo Asesor de las Industrias Creativas, creado al amparo de la antes mencionada Ley; proveer para que estas industrias creativas sean atendidas con prioridad en la concesión de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales, según son requeridas para comenzar sus operaciones; facilitar que puedan arrendar ciertas propiedades gubernamentales a un canon anual accesible; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Capítulo 2 al Subtítulo D de la Ley 60-2019, según enmendada, conocido como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de agrupar y consolidar en el mencionado Código de Incentivos, los subsidios salariales establecidos para repoblar, fortalecer y revitalizar a los centros urbanos, según dispuestos en la “Ley de Empleo Directo al Centro Urbano”; derogar la Ley 54-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Empleo Directo al Centro Urbano”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (i) de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que la factura de energía eléctrica se les remita a los clientes de la Autoridad a través del correo postal, a la dirección que obre registrada en los archivos de la corporación, al finalizar cada ciclo de facturación, salvo que los abonados renuncien, voluntariamente, a recibirla por este medio y opten por utilizar la plataforma disponible a través de su página web; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de la Juventud; y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y resultados de los incentivos establecidos en la pasada Ley 135-2014, conocida como “Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios”, según enmendada, y lo dispuesto en la Sección 2100.01 de la Ley 60-2019, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” con el fin de atemperar los incentivos a las nefastas circunstancias económicas actuales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2 y 9 de la Ley Núm. 41 de 3 junio de 1982, según enmendada, conocida como “Ley de Metales de Puerto Rico”, a los fines de establecer que, para ciertas ventas de cables, el vendedor deberá obtener una autorización previa del proveedor de servicios de telecomunicaciones o de la Autoridad de Energía Eléctrica para realizar tal transacción; y para otros fines.

Para enmendar la Sección 2081.01, y añadir un nueva Sección 2082.06, a la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los efectos de fomentar el establecimiento y crecimiento de empresas orientadas en la biotecnología agrícola; derogar la Ley 62-2009, conocida como “Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (r) al Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico” a los fines de proveer espacios con una reducción no menor al cincuenta por ciento (50%) del canon de arrendamiento establecido para las instalaciones y edificaciones disponibles de PRIDCO para uso y desarrollo de proyectos, patentes e investigaciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”; derogar la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

Para crear la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”; establecer el alcance y la duración de la moratoria; y para decretar otras disposiciones complementarias.